Puerto Rico no puede convertirse en el nuevo país al que nuestro pueblo aspira con la Policía que tenemos. Eso quedó claramente demostrado durante las pasadas semanas de un levantamiento ciudadano que culminó con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló y toda su camarilla. El contraste entre los manifestantes y la Policía no pudo ser más marcado. Mientras los primeros abarrotaban día tras día el Viejo San Juan con protestas novedosas y creativas, la Policía utilizó su viejo manual de provocaciones, infiltración de agentes encubiertos, diseminación de rumores, falsas alarmas y miedo, y una brutal e indiscriminada represión con gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y macanazos. Según información publicada en los medios de prensa, decenas de personas resultaron heridas en dichas refriegas. La mesura demostrada por los manifestantes ante las acciones policíacas impidió que ocurriera una tragedia mayor.
Resulta increíble que a estas alturas, cuando la comunicación es inmediata, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, pretendiera hacernos creer que la violencia venía de los manifestantes. Las imágenes difundidas comprobaron quiénes fueron los verdaderos agresores. Gracias a un impresionante informe y vídeo circulado en los medios por la organización contra el abuso policíaco, Kilómetro 0, millones de personas en Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo vieron y escucharon lo que verdaderamente ocurrió.
La Policía también pecó por omisión. En contraste con el despliegue de fuerza exhibida en el Viejo San Juan, la uniformada brilló por su ausencia el día de la multitudinaria Marcha del Pueblo. Mostró un total desapego por la protección de vidas y la seguridad de los cientos de miles de manifestantes que colmaron el Expreso Las Américas. El alto nivel de civismo del pueblo, y la oportuna intervención de los mediadores del Colegio de Abogados y Abogadas, impidieron incidentes lamentables en la enorme concentración.
La administración de Ricardo Rosselló se sometió voluntariamente al proceso de Reforma de la Policía, pero luego lo ha saboteado. Ahora mismo, dicho proceso está maniatado en el Tribunal Federal en San Juan, y en medio de una controversia entre el juez encargado, Gustavo Gelpí, y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), por el giro que ha tomado la supervisión de la Reforma bajo su nuevo Comisionado Especial nombrado por el Juez Gelpí.
Ahora que el pueblo puertorriqueño ya conoce su capacidad para lograr cambios, es necesario fortalecer el reclamo para que se implante con vigor, compromiso y sin más dilación el acuerdo de Reforma de la Policía. Puerto Rico necesita un cuerpo policíaco profesional que pueda garantizar la protección de la ciudadanía sin violar sus derechos. Nuestra sociedad no podrá renovarse sin una Policía nueva y libre del lastre de décadas de corrupción, represión y violaciones a los derechos civiles y humanos.
