Por Milagros Rivera Watterson
Especial para CLARIDAD
El Secretario de la Administración de Corrección y Rehabilitación indicó en julio que había finalizado el proceso de evaluación de la institución penal La Palma, en el estado de Arizona, donde planifica trasladar unos 1,200.00 confinados. Se está negociando con esa institución abaratar los costos por servicios, hasta llegar a unos $55.00 diarios, en lugar de los $63.00, que hasta ahora han indicado que aceptarán los proponentes. Más tarde, señaló que habían preparado el contrato con la empresa que corre ese penal, por unos $10.5 millones, y que estaban negociando su aprobación. El 12 de agosto anunció que ya no trasladará los confinados a esa institución porque hay otra en Mississippi, que sale más barata, y que el martes 14 de agosto enviará un equipo a visitarla. Ante todos estos movimientos, tal parece que todo ha quedado mayormente reducido a una transacción económica. Los servicios, el proceso de rehabilitación, el seguimiento a los planes de salida y de reinserción a la comunidad cuando los confinados finalicen sus condenas, se ha quedado en un tercer plano.
Es difícil entender cómo si el costo por confinado es de unos $200 dólares en nuestro país, en Estados Unidos se consiga una institución penal por $63 y, luego de la negociación, quizás por menos, y que además se asegure que los confinados van a tener por esa cantidad buenos servicios y calidad de vida. Suponiendo que sea así, este plan sigue sin considerar el significado y el efecto emocional que sufrirán nuestros confinados al ser separados de sus familias y su cultura, enfrentados a otro contexto institucional con el consabido rechazo, discrimen por origen étnico y problemas de comunicación por falta de dominio del inglés, entre otros.
Este plan, tiene una sola vía y, a pesar de las recomendaciones específicas hechas por diversos sectores de hacer economías por otros medios, estas caen en el vacío porque solamente se ha considerado y se sigue insistiendo en impulsar y hacer realidad unos traslados que significan la expatriación de nuestros confinados.
Tampoco hacen claro que esta es únicamente una decisión de política pública del gobierno, ya que la Junta de Supervisión Fiscal, ha clarificado en una declaración oficial por medio de la Sra. Jaresko, que ellos no han recomendado esos traslados. Así que la determinación ha sido solo del poder ejecutivo.
Ante esta situación, hacemos un llamado a nuestra Legislatura a que proceda a hacer una investigación de esa Administración que incluye entre sus planes los traslados, dispuestos en resoluciones ya aprobadas, y a que evite la implantación de una política pública que viola el principio establecido en nuestra Constitución de rehabilitación de nuestros confinados y confinadas, al delegar su custodia a otra jurisdicción. El abaratamiento del servicio no es la clave porque no es la solución.
La autora es Portavoz del Comité de amigos y familiares del confinado
