Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
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En 2004 el Programa de Administración de Documentos Públicos recomendó a la entonces directora del Archivo General de Puerto Rico (AGPR) que se deshiciera de todos los documentos en el búnker de la Policía de Puerto Rico en Isla de Cabras. Material de alto valor histórico tirado al olvidado y, en consecuencia, estropeado por la humedad, el hongo y los ratones.
Siguiéndole la pista a esta historia y con motivos de la situación actual del Archivo (entiéndase, desde el deterioro de sus facilidades hasta los documentos hallados en unos vagones en el municipio de Maricao), CLARIDAD contactó a Karin Cardona. La ex Archivera General que estuvo a cargo del rescate de estos documentos.
La Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico (Ley Núm. 5 de 1955) establece el Programa de Administración de Documentos Públicos y a su vez crea el Archivo General de Puerto Rico. Según esta ley todos los documentos generados por las dependencias del gobierno (municipios, agencias y corporaciones públicas) deben ser evaluados primero por el personal de dicho programa y luego remitidos al archivero general. Cardona explicó:
“El trabajo del Programa se queda en llenar unos formularios y cumplir unos reglamentos. Ellos pueden hacer recomendaciones, como hicieron en el caso del búnker de la Policía, pero es el archivero general quien determina el traspaso de aquellos documentos que él entiende deben ser conservados permanentemente. Hacen el trabajo técnico de velar porque estas dependencias cumplan con unos reglamentos”.
Al abordar a Cardona sobre los documentos hallados en Maricao, señaló que el Archivo apenas tiene documentos sobre dicho municipio. Sobre la gestión que debe realizar la institución encargada de preservar el patrimonio histórico documental del país, sostuvo que no era algo complicado ni costoso y que se debió atender inmediatamente.
Dio como ejemplo que para el caso de los documentos en el búnker de la Policía “se fumigó contra el hongo y se limpió. Como el búnker es una cosa inmensa, no es un vagón ni dos, se contó con un grupo de confinados que ya había sido contratado para destruir los documentos. Al pedir que esos documentos fueran evaluados y transferidos, ellos nos ayudaron a sacarlos e inventariarlos. Entonces, los empleados del Archivo los guardaron en cajas y se enviaron al Archivo”.
En el video publicado por el bloguero Lorenzo Delgado Torres, mejor conocido en las redes como El León Fiscalizador, se puede observar documentación reciente relacionada a la actual administración municipal, pero también libros de récord, informes de cheques, registros de ingresos, traspasos de fincas que datan de finales del siglo 19.
Cardona mencionó que la Ley Núm. 5 establece que el archivero general tiene el poder de transferir los documentos de más de 50 años, sin necesidad de contar con Documentos Públicos. Según en el documento:“Los Administradores de Programas requerirán de cada uno de los jefes de dependencias bajo su jurisdicción lo siguiente: (1) Que realicen un inventario de todos los documentos existentes en sus respectivas dependencias, con excepción de los documentos existentes bajo la soberanía española y los que tengan más de cincuenta (50) años de existencia, sobre los cuales se dispone la acción pertinente en otra parte de esta ley”.
La otra parte:
“El Archivero, sujeto a la disponibilidad de espacio en el Archivo, estará autorizado para requerir el traslado de los siguientes documentos: (a) Toda documentación existente bajo la soberanía española. (b) Toda documentación que tenga más de cincuenta (50) años de existencia excluyendo la que se conserva en los Archivos de Protocolos Notariales y en los registros de la propiedad. (c) Toda documentación pública que haya pertenecido a una agencia extinta, a menos que tales papeles hayan sido trasladados por ley a otra dependencia del Gobierno. (d) Toda documentación pública, independiente de su antigüedad, que a juicio de los Administradores del Programa de Administración de Documentos Públicos se considere haya perdido su utilidad administrativa”
“No sé cual es el trámite que está haciendo el Instituto de Cultura Puertorriqueña, en estos momentos me imagino que nada por la emergencia que hay en el País. Si tú tienes fondos para hacer actividades culturales, que también son importantes, tienes que tener fondos para poder fumigar un vagón, limpiar y enviar empleados del archivo. Ningún empleado del archivo fue allí. Solamente fueron unas personas de documentos públicos que pueden tener un expertise en términos de la cuestión técnica, pero no en términos de lo que vale el documento para efectos de conservación permanente”, opinó Cardona quien lamentó que no se le esté dando atención a este asunto.
Hasta Maricao solamente fueron dos empleadas de Documentos Públicos, expertas en la parte técnica, pero no en términos de lo que vale el documento para efectos de conservación permanente.
“Ahí están los archiveros que han trabajado toda su vida con documentos históricos, conocen qué es lo que se debe investigar y qué guardar. Ellos conocen de historia, de documentos y de archivística. Esa es la diferencia. En la ley de documentos públicos está bien claro lo que es el Programa”.
Actualmente el Archivo General de Puerto Rico cuenta con una plantilla de 5 archiveros que se sigue reduciendo cada vez que se jubila uno y se cierra la plaza. En muchos países los archiveros son cientos. Cinco no dan abasto para poner al día los años de atraso en la organización de documentos del AGPR.
