EL COVID-19 en Puerto Rico y sus efectos económicos de corto y largo plazo

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Por Alicia Rodríguez Castro

Especial para CLARIDAD

La pandemia del COVID-19 ha vuelto a socavar los frágiles cimientos de la economía de Puerto Rico.  La crisis, trae a relucir, al igual que luego del Huracán María en el 2017 y los sismos en la Zona Sur a principios del 2020, la pobreza existente en las poblaciones más vulnerables incluyendo a los ancianos, deambulantes, narcodependientes e inmigrantes; entre otros.  Ha salido a la discusión pública nuevamente la ineficiencia operacional y alta corrupción que permea nuestras instituciones gubernamentales.  En la actual coyuntura también se evidencia, sin disfraz alguno, que nuestro Sistema Público de Salud es uno frágil y altamente dependiente de fondos externos.  El choque exógeno del COVID-19 ha acrecentado la condición de depresión económica en la Isla existente desde el 2006.

El gobierno de Puerto Rico implantó una estrategia correcta al decretar un toque de queda, distanciamiento social y cierre de las actividades educativas y gran parte de la actividad económica de la Isla a mitad de marzo.  El distanciamiento social, aunque muy difícil para todos, ha virtualmente paralizado la actividad económica, pero a su vez ha contribuido a controlar parcialmente el contagio masivo del virus y ha salvado vidas.

Países soberanos pueden utilizar su política monetaria y fiscal de aumentos en el gasto público o cambios contributivos para delinear estrategias que combatan los efectos económicos de la pandemia. En el caso de Puerto Rico sólo se dispone de una política fiscal trunca debido a la quiebra económica y el Plan Promesa. Por tanto, la única opción con que cuenta el Estado es la de administrar las ayudas y programas federales a los ciudadanos y empresas.  No obstante, el Estado ha fracasado en articular una estrategia eficiente y transparente para la administración de las pruebas para detectar el virus y rastrear los contagios.  Como resultado, no se ha podido tener unas estadísticas precisas del número de personas contagiadas en la Isla.  El Estado también ha mostrado total ineptitud en entregar los subsidios federales a los contribuyentes y los pagos por desempleo a las personas que han perdido sus trabajos durante la crisis.  Dicha incapacidad operacional ha puesto nuevamente en evidencia que hay sectores de nuestra sociedad que están pasando hambre y otras carencias esenciales. Ya desde el 2016, el Primer Informe sobre el Índice de Desarrollo Humano de Puerto Rico, había estimado empíricamente que Puerto Rico ocupaba el quinto lugar en los países con menor Desarrollo Humano.

El cierre de las actividades productivas tiene efectos de corto y largo plazo.  Debido a la globalización de los mercados, la identificación de los impactos a nuestra economía debe hacerse en conjunto con un análisis de los efectos económicos adversos de la pandemia en la economía de los Estados Unidos y otros mercados internacionales.  Ya se ha estimado una disminución de la economía de los EE. UU. de 4.8% en el primer trimestre económico, con una disminución promedio de 12.4% en el segundo trimestre.  Se espera que la contracción económica en los EE. UU. sea la mayor desde la Gran Depresión de los años treinta.  Por otro lado, el 18% del Producto Interno Bruto mundial depende de la economía China y al presente se estima que las pérdidas en China por el coronavirus exceden los 600 mil millones de dólares.

Ante la presión ejercida por el sector privado de la economía para comenzar paulatinamente la reapertura parcial de la actividad económica, la gobernadora Wanda Vázquez decretó que el toque de queda actual permanecerá hasta el 25 de mayo, sujeto a revisión.  También informó que el lunes 4 de mayo se permitirá la reapertura de los servicios financieros, hipotecarios, seguros, bienes raíces, notaría, de ingeniería y contabilidad; entre otros servicios profesionales.  A su vez se liberaron servicios de salud tales como: serviciosdentales, optómetras, salud mental, servicios de salud primarios y cirugías ambulatorias, así como las operaciones de las ferreterías, mantenimiento de automóviles, lavandería, laboratorios universitarios, servicios de reparación de aire acondicionado, taxistas y otros servicios de transportación. Posteriormente podrán comenzar operaciones la industria de la construcción y manufactura, incluyéndose los proveedores de materias primas para la construcción. Sin embargo, en el mensaje de la gobernadora estuvo ausente el análisis indispensable de la situación actual con respecto al número de pruebas realizadas y el rastreo de las personas que pueden haber sido contagiadas o ser la fuente de contagio.

22 de abril de 2020. Puerto Rico: Un nuevo piquete servicarro por parte de un grupo de ciudadanos ocurrió esta mañana a las afueras de las instalaciones del Departamento de Salud para reclamar que se utilicen las pruebas de COVID-19  de manera estratégica en la isla y además que se trace un plan adecuado ante el golpe económico de la pandemia.

Coincido con la Asociación de Economistas de Puerto Rico en que debe mantenerse la cuarentena y aislamiento social hasta que se reduzcan de forma definitiva los contagios y las muertes por causa del virus. Dicha disminución no ha sido evidenciada por el Secretario de Salud.  Por tanto, insistimos en que la salud y el bienestar de los individuos y las familias debe prevalecer antes que el fortalecimiento de la actividad empresarial y del aparato productivo en general.  No obstante, ante la inminente reapertura parcial determinada por la gobernadora y para evitar que dicha acción provoque un repunte en los contagios y tener que volver al cierre total de la economía por un tiempo más extenso como ya ha sucedido en China, Singapur y Corea del Sur; entre otros países, dicha reapertura deberá cumplir con las siguientes características:

  • La administración de un mayor volumen de pruebas a toda la ciudadanía
  • Rastreo efectivo de las personas con quienes las personas contagiadas han tenido contacto y de las que ingresan al País con resultados positivo al virus.
  • Proveer a los trabajadores de la salud de primera línea los suplidos médicos y equipos protectores necesarios para garantizar que no se contagien.
  • Garantizar la seguridad física y condiciones materiales para los trabajadores que se reintegren a su sitio de trabajo. Toda vez que, de acuerdo con la gobernadora, será responsabilidad de los patronos proveer tales garantías a sus trabajadores, hará falta un mecanismo institucional para validar el cumplimiento con dichos protocolos.
  • Lograr la distribución de los pagos por desempleo y las ayudas federales de $1,200 por contribuyente y $500 por cada dependiente.
  • Mayor efectividad y transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a fortalecer el Sistema Público de Salud.
  • Acelerar la aprobación de los beneficios del PAN a nuevos solicitantes.

Por otro lado, la Administración de Pequeños Negocios (SBA por sus siglas en ingles), deberá viabilizar la otorgación de préstamos comerciales, particularmente a las PYMES, para ayudarles a mantenerse en el mercado durante el período crítico de la pandemia. De no canalizarse dichas ayudas, es de esperarse impactos de corto plazo tales como: cierre de establecimientos, aumento en las deudas y quiebras y despidos masivos de personal.  Consecuentemente, antes de la reapertura, el Estado debe facilitar viabilizar las siguientes acciones:

  • Proveer liquidez a las empresas y particularmente a las PYMES, que tienen mayores limitaciones de financiamiento, vis-a-vis las grandes cadenas multinacionales; por vía de la otorgación de préstamos provistos por el SBA.
  • Condonación y/o posposición de deudas de corto plazo.

En el corto plazo se evidenciará una disminución en el Producto Nacional Bruto (PNB) Real de Puerto Rico (al igual que en los EE. UU. y en el contexto internacional), lo cual implica una drástica desaceleración económica debido a:

  • Pérdida de actividad económica en todos los sectores económicos; en particular en los sectores del comercio y de la salud; tanto del sector público como en el sector privado de la salud (el cual ya está colapsando).
  • Disminución en el gasto de consumo de bienes y servicios, el cual compone el 88% del PNB e incluye gastos del turismo, servicios profesionales y personales y actividades culturales y la gastronomía; entre otros.
  • Disminución en la inversión privada y pública (infraestructura social).
  • Trastornos en la cadena de suministros de bienes finales e intermedios, así como de materia prima procedente de los EE. UU. y otros mercados internacionales (incluyendo China), con una eventual alza de precios en bienes y servicios (con excepción de los precios del petróleo y otras materias prima).
  • Desestabilización de los mercados financieros y de valores debido a la incertidumbre, con una alta probabilidad de que los inversionistas cambien la diversificación de su cartera alejándose de las acciones (más volátiles, mayor riesgo y rendimiento) hacia bonos del gobierno (menor riesgo y rendimiento).

 

También es de esperarse un deterioro en las condiciones socioeconómicas, incluyendo:

  • Aumento en la pobreza y la desigualdad económica.
  • Mayor dependencia de transferencias federales.
  • Deterioro de las condiciones de salud física y mental de los individuos ante el sufrimiento y ansiedad causados por el distanciamiento social y el miedo que tienen las personas a acudir a sus médicos de cabecera y facilidades hospitalarias para atender sus condiciones de salud y emergencias médicas. Esto creará mayor presión en los sistemas de salud y aumentos en el costo de proveer servicios de salud.
  • Aumento en la inmigración de puertorriqueños que consideran que tienen mejores posibilidades de sobrevivir a la pandemia del COVID-19 en la Isla.
  • Aumentos en el desempleo (actualmente ya hay más de 300,000 desempleados).
  • Pérdida de beneficios adquiridos por los trabajadores una vez se reintegren a sus puestos de trabajo
  • Disminución en la participación laboral, la cual previo a esta crisis es de 40.6%.
  • Deterioro en las condiciones económicas de los trabajadores mayores de 55 años, debido a que una vez se reabra la economía, los reclutamientos en muchos casos serán selectivos y la gente joven prevalecerá sobre los trabajadores mayores.
  • Disminución significativa y en algunos casos, desaparición total de los limitados ahorros de gran parte de la población envejeciente, empeorando sus condiciones de desamparo y mayor presión sobre las instituciones sociales para asistirles en sus años de improductividad económica.

 

Finalmente, en el largo plazo se vislumbra un impulso a la desglobalización de los mercados por medio de las interrupciones actuales de los suministros globales, la administración de los inventarios y la falta de liquidez de las empresas.  Debido a su naturaleza de economía pequeña y dependiente, dichos efectos a nivel internacional también se sentirán en la economía insular. Para atemperar los impactos económicos del COVID-19, hacen falta medidas de corto plazo que vayan acompañadas de medidas estructurales que permitan una recuperación eventual de nuestra economía y el restablecimiento de la confianza en las instituciones sociales. Dentro de nuestra realidad colonial y la ausencia de poderes políticos para mercadear libremente, reglamentar y proteger nuestra economía, algunas alternativas a implantarse son:

  • Reorientar la economía de una altamente consumista a una enfocada en la producción.
  • Desarrollar estrategias para aumentar la inversión del capital local en actividades económicas que no dependan exclusivamente de la inversión extranjera.
  • Establecer un Plan de Salud Universal.
  • El 80% de los productos agrícolas en el País son importados, por lo cual es importante estimular y proveer los recursos económicos para el desarrollo de la agricultura local. De esta manera se podría lograr que, en el largo plazo, nuestra economía sea más autosuficiente en su producción alimentaria y menos vulnerable a los disloques en la cadena de productos agrícolas procedente de los EE. UU. y otros países.
  • Canalizar los recursos reservados para el pago de la deuda fiscal hacia la inversión y recuperación económica.
  • Fortalecer las finanzas y estabilidad institucional de la Universidad de Puerto Rico para que pueda mantenerse como el primer centro de creación de inteligencia y capital humano en Puerto Rico.
  • Penalizar, hasta las últimas consecuencias, a todo empleado público, persona o empresa que cometa cualquier acto de corrupción en el manejo de los fondos públicos. Sólo de esta manera se podrá lograr restaurar la confianza en las instituciones públicas y recobrar la gobernabilidad.

La autora es economista

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