Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
gvazquezlopez@claridadpuertorico.com
Ante el anuncio hecho por la secretaria del Departamento de Educación sobre la posibilidad de que para este semestre 30 escuelas se transformen en escuelas de conversion (chárter) padres, maestros y estudiantes han mostrado resistencia representación de sus respectivas comunidades escolares.
Al momento 14 escuelas han retirado sus propuestas para hacer el cambio, entre estas: la escuela Helida Meléndez (Orocovis); la Miguel Meléndez Muñoz y la Salvador Brau (Cayey); la Agapito López, Petra Mercado y Luz A. Cruz de Santana (Humacao); la Miguel Such y Juan Ponce de León (San Juan); y la Nueva Urbana (Guaynabo). También se unieron otras cinco escuelas del municipios de San Sebastián.
Aunque las razones para presentar esta resistencia son diversas, la resistencia por parte de padres y madres se fundamenta principalmente en que una gran mayoría de los estudiantes de esas 30 escuelas pertenece al programa de educación especial. Ante eso la pregunta sobre qué pasaría con esta población ya que sería segregada debido a que las escuelas chárter –según la Ley– serían escuelas especializadas en ciencias, matemáticas y deportes.
“De acuerdo con estas categorías ¿qué harían con los niños de educación especial que no puedan competir en esas disciplinas?” cuestionó Eva Ayala, presidenta y portavoz de Educamos.
Por otra parte, el DE ha reducido considerablemente el presupuesto al programa de Educación Especial.
Lo que han planteado los padres en la discusión es que un niño de educación especial no cuesta los mismo que un estudiante regular por los servicios que requiere, lo que redunda en un costo mayor.
“Aquí en PR quieren encajonar a estos estudiante de educación especial dentro de los mismos parámetros del resto de los estudiantes, lo que es discriminar contra esa población”, sostuvo Ayala.
Además, sugirió que ante estas circunstancias pudiera incoarse algún tipo de caso, sin embargo manifestó que esto sería un poco difícil porque la Ley 85 está hecha a la medida de las privatizadoras. Explicó que en esta etapa del proceso, antes de ir al tribunal se están identificando los fallos en esa ley, evaluando si debe ser eliminada o enmendada sustancialmente.
¿Aumento de sueldo o aumento de dinero para el DE?
Por otra parte, de cara a los cambios propuestos mediante la implemetación de la Ley 85, el personal docente ha planteado que se ponen en riesgo los derechos adquiridos del magisterio y la permanencia. Con estos cambios el maestro dejaría de ser contratado por un periodo estable perdiendo la seguridad de empleo
“El maestro que se vaya a esas escuelas alianzas tendría que pedir una licencia sin sueldo por un periodo de dos años. Lo que también le puede traer un problema porque cuando desee regresar a su puesto es muy probable que ya no exista”
Ayala, desmintió la propuesta que hizo la secretaria del Educación, Julia Keleher, para eliminar los descuentos indebidos de los maestros y los aumentos de salario.
Explicó que a los maestros se les está haciendo una auditoría de 10 años hacia atrás en términos de descuento. Se alega que en el proceso hubo unas irregularidades en términos del personal administrativo que no registraron esa asistencia o que la registraron incorrectamente. Cuando la Secretaria se tropieza con eso, los maestros tuvieron que evidenciar que ellos estuvieron presentes pero desde el 2007. Esto es imposible de evidenciar ya que algunas de estas escuelas en las que trabajaron los maestros están cerradas, escuelas que no existen y que los documentos desaparecieron.
“La Secretaria no nos está haciendo un favor, sino que se dio cuenta de que era una total injusticia y que no había manera de ellos demostrarle al maestro que los maestros estaban equivocados, los que estaban equivocados eran ellos y esos casos iban a llegar al tribunal y allí ella iba a quedar mal parada y por eso decide condonar la deuda”
En cuanto al aumento salarial, dejó claro que no es ningún aumento, sino un aumento en la jornada laboral. Por normativa del DE un maestro trabaja de 8:00 am a 3:00 pm. Keleher, está planteado que se le aumente hora y media de modo que el maestro empezaría a trabajar de 8:00 a 4:00 pm y a cambio de eso dice que al año el maestro va a recibir $2,900.
“Cuando nosotros hacemos la matemática y dividimos esa cifra y la distribuimos por horas trabajadas ella le está aumentado al calendario del maestro 30 horas mensuales; cuando uno saca el cálculo resulta que es una reducción en salario y no un aumento”.
Pero destacó que más allá de la matemática se debe considerar el principio de mérito de los maestros. Por lo que sostuvo que debe considerarse ese principio, los años de experiencia, la preparación del maestros, la preparación en especialidades adicionales y la nota de práctica (cuatro criterios principales que se utilizan para establecer los turnos en el DE).
En su impresión, Ayala manifestó que la secretaria del DE está utilizando la figura del maestro para que se le aumente a través de la JCF el presupuesto en el DE.
“Keleher está pidiendo que el actual presupuesto del DE sea duplicado. Esto bajo el pretexto de aumentarle el salario al maestro, pero en términos prácticos esa cantidad de dinero que exige la Secretaria es para poder crear la estructura de gerentes escolares y empleados de confianza a los que ella le está dando una millonada.
No hay explicación para que ella diga cerré tantas escuelas, me economicé 15 millones pero entonces gasto más millones en una compañía de valores o una compañía de cámara de seguridad. Entonces ¿se necesitaba el dinero o no?”.
Marcha en defensa de la educación pública
Este domingo 7 de abril, a las 11:00 am, se llevará a cabo una marcha desde la Plaza Colón hasta La Fortaleza, para rechazar la privatización de las escuelas mediante el modelo de alianza (Chárter), por la defensa de las pensiones de activos y jubilados, el apoyo a la Universidad de Puerto Rico (UPR), para exigir las permanencias a los maestros y maestras transitorios y la defensa de un sistema educativo público y de calidad.
La marcha es convocada por el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) compuesto por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Comité Timón de Madres, Padres y Encargados de Niños de Educación Especial, la Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA), EDUCAMOS, la Federación de Maestros de Puerto Rico, el Movimiento por la Niñez y UNETE.
“Reclamamos la derogación de la Ley 85 de falsa reforma educativa, diseñada para privatizar las escuelas y desmantelar el sistema educativo público. Exigimos cero recortes a la educación de nuestra niñez y juventud y al presupuesto de la UPR, que se garanticen las pensiones de los jubilados y un sistema de retiro para evitar que las empleadas y empleados activos queden sin ingresos después de servirle al país. Rechazamos la privatización de las escuelas que convierte a la niñez y juventud en mercancías limitando los servicios que reciben”. (FADEP)
