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El empacho del banquete total

 

CLARIDAD

El partido político que gane las elecciones de 2024, controlando la gobernación y la Legislatura, podría disfrutar de otro “banquete total” muy simular al que el PNP saboreó en 2009. Igual que en aquel año, los manjares del nuevo banquete pudieran incluir el control del Tribunal Supremo y la Oficina del Contralor, pero mientras tanto, las consecuencias del primer banquete seguirán manifestándose.

La frase “banquete total” ya es parte de lo más infame de nuestra historia política. Fue creada por el ahora expresidiario Jorge de Castro Font cuando, junto a su colega Keneth MacClintock, controlaban el Senado, mientras el popular Aníbal Acevedo Vilá fungía como gobernador. Las dos palabras destilan arrogancia y desfachatez, pero no hay duda de que resultaron altamente provechosas para el partido político de quien las pronunció, su ideología anexionista y el conservadorismo social.

Durante el cuatrienio de Acevedo Vilá (2005 a 2 de enero de 2009) se produjeron tres vacantes en el Tribunal Supremo, que entonces era de siete miembros. Dos de estas -las de Baltasar Corrada del Río (2005) y Francisco Rebollo (2008)- fueron producto de la cláusula constitucional que obliga a la jubilación tras cumplir 70 años. La tercera vacante llegó con la repentina muerte de Jaime Fuster Berlingeri el 3 de diciembre de 2007. El alto foro se quedó con solo 4 miembros (3 nombrados por el PPD y uno por el PNP) y quien hiciera esos tres nombramientos lo controlaría por muchos años. Ante ese panorama y salivando su arrogancia, De Castro anunció que el Senado no consideraría ningún nombramiento para llenar las vacantes. Esos cargos, junto al de Contralor, que también quedó disponible en 2007, y otros en el Tribunal de Apelaciones, se quedarían vacantes a la espera del resultado de las elecciones de noviembre de 2008. Los nombramientos permitirían que el partido anexionista, de ganar en 2008, pudiera controlar la Rama Judicial por primera vez desde la constitución de 1952, además de seguir controlando la Oficina del Contralor, muy necesaria para mantener la inmunidad frente a la corrupción. Ese sería un “banquete total”, dijo el senador.

Como sabemos, el triunfo electoral se produjo. Ayudado por la acusación criminal que la fiscalía federal de Rosa Emilia Rodríguez presentó contra Acevedo Vilá, el PNP colocó a Luis Fortuño en la Fortaleza y a Thomas Rivera Schatz y compañía en la Legislatura. El “banquete total” quedó servido a partir del 2 de enero de 2009.

De inmediato Fortuño hizo los nombramientos de Mildred Pabón, Rafael Martínez y Erick Kolthoff, que además de la profesión de abogados compartían entre sí haber sido empleados de la Legislatura cuando era controlada por el PNP. Tan pronto adquirieron la mayoría (4 de 7, junto al juez Rivera Pérez) solicitaron que el Tribunal se aumentara a 9 miembros, cimentando el control 6 a 3.

Para hablar de las consecuencias que ese cambio en el Tribunal Supremo ha representado, se necesitarían varios artículos. Basta ahora decir que, en lo administrativo, la nueva mayoría se movió hacia el control de la Rama Judicial, despojando a la Oficina de la Jueza Presidente de poderes que tenía desde 1952. En el aspecto jurisprudencial, la lista de cambios es más larga, incluyendo el despojo de derechos, como la reciente decisión que requiere unanimidad para veredictos de inocencia. La actual mayoría también ratificó el uso de fondos públicos para pagar cabilderos por la estadidad, aunque a todas luces es una operación partidista.

Ahora mismo el Supremo está en medio de una nueva controversia que, en última instancia, es un corolario de aquel “banquete total”. En su afán por mantener el control sobre el sistema electoral, y previendo un posible cambio en las elecciones de 2020 en cuanto a control de la gobernación y la Legislatura, a Rivera Schatz se le ocurrió delegar en el Tribunal Supremo el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. De esa manera evitaban, según Rivera Schatz, que el control de esa agencia del Ejecutivo escapara del control del PNP independientemente del resultado de las elecciones de noviembre pasado.

La burda medida es a todas luces inconstitucional porque coloca a la Rama Judicial incursionando en el Ejecutivo, pero eso lo decidirá el propio Tribunal. Obviamente estamos ante un extremo inaudito que golpearía la estabilidad institucional, por lo que quisiera pensar que esa mayoría del Supremo no se atreverá a tanto. Las voces que denuncian la clara inconstitucionalidad de la medida han sido muchas, pero falta por ver si son escuchadas.

Volviendo a lo que decía al principio, la posibilidad de otro “banquete total” está a la vista luego de las elecciones de 2024. En el cuatrienio que comienza en 2025 vencen los términos de Edgardo Rivera (2025) y Mildred Pabón (2027). Si la actual vacante creada por el retiro de Anabelle Rodríguez no se llena, como hizo el PNP antes de su banquete, quien gane en las próximas elecciones terminaría haciendo tres nombramientos al Supremo, pudiendo alterar la composición de la mayoría. También permitirían que, en lugar de un nuevo banquete, se intente reducir la influencia de la política partidista en el Tribunal Supremo, nombrando juristas desvinculados de ese ambiente.

Estamos, sin embargo, a una gran distancia de ese posible escenario y muchas cosas pueden ocurrir. Mientras tanto, las consecuencias del “banquete total” seguirán manifestándose y en las próximas semanas, con la sentencia sobre la CEE, estaremos ante una de ellas.

 

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