Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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Aun cuando la publicación del Informe de Gastos Tributarios (IGT) es un gran avance y confirma el reclamo que la organización Espacios Abiertos (EA) ha estado haciendo en los tribunales de que la información de las exenciones, créditos e incentivos, incluyendo las concesiones tributarias discrecionales, es y debe ser pública, esto no significa que la acción legal radicada por la organización contra el Gobierno de Puerto Rico haya finalizado.
A consulta de CLARIDAD la directora ejecutiva de EA Cecille Blondet-Passalacqua, explicó que todavía está pendiente ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) la solicitud que hizo la organización de tener acceso al Informe sobre Concesiones Contributivas Discrecionales (Tax Abatements), que no es lo mismo que el IGT. Como requerimiento de la Ley Promesa el Departamento de Hacienda (DH) tuvo que preparar el informe de Tax Abatements para entregarlo a a Junta de Control Fiscal (JCF) pero se niega a entregar o hacer público el informe.
La publicación del IGT –indicó Blondet-Passalacqua– valida el reclamo de EA de que la informaciónpublicada es útil, pero no sustituye la del otro Informe. Reparó que el tema es complejo y se puede prestar a confusión pero que esperan que Tribunal Supremo acceda a ver el caso para tener la oportunidad de explicarlo y que se logre establecer un precedente judicial o que el gobierno de forma pro activa y de manera voluntaria decida publicar el Informe de Tax Abatements.
“Nos preocupa que la publicación del Informe esté sujeta a la discreción del gobierno o al reclamo público o al requerimiento de la Junta de Control Fiscal. Pues conocemos de primera mano las dificultades de acceso a información ante la falta de transparencia y la cultura de opacidad que ha existido por décadas en el gobierno”, indicó.
Por otra parte, en mayo de 2017 EA publicó el estudio, El Presupuesto Oculto de autoría del economista, Daniel Santamaría Ots, a raíz del cual han recomendado que se apruebe legislación en Puerto Rico para la publicación del IGT.
“Luego de estudiar informes y mejores prácticas en Estados Unidos tomamos el informe que se prepara en Oregon como el mejor modelo, y utilizando la legislación de Oregon se preparó un borrador de proyecto de ley que se ha compartido con varios legisladores, sin éxito hasta el momento. A nuestro entender, el caso de Espacios Abiertos y la negativa del gobierno a publicar la información de los gastos fiscales, así como la presión de algunos sectores, representó un freno para que el proyecto se pudiera considerar”, declaró Blondet-Passalacqua. Agregó que ahora que se ha superado el tema de la supuesta confidencialidad con la publicación del IGT espera que se pueda aprobar una ley que utilice como modelo las mejores prácticas de los EEUU.
Por otra parte a preguntas de CLARIDAD la doctora en Economía Empresariales, Martha Quiñones Domínguez, también reconoció que la publicación del IGT por el DH es un paso adelante en la transparencia gubernamental al conocer los gastos fiscales.
Aun cuando el IGT no entra en el análisis de la planificación del Presupuesto y cuáles son esos casos que le aplican los gatos fiscales, describió que el documento es uno de mucho valor, en especial cuando la JCF solicita recortes en los gastos públicos que aparecen en el presupuesto y no en estos que están ocultos (llamados gastos fiscales) y que hay que evaluar. “Con la misma podemos establecer la falta de criterios en la asignación de estos privilegios, cómo se han torcido los mismos (dando pie a crear muchos que no tienen sentido), la falta de evaluación de estas y como no cumplen los objetivos”, observó.
Explicó que en términos teóricos los privilegios contributivos su razón es propiciar cierta actividad económica o por razones sociales. “La pregunta que tenemos que realizar ¿cuáles de estas cumplen y cuáles no? Eso no queda claro pues no proveen los datos que permitan evaluar”, señaló respecto al IGT.
La profesora del recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico, observó que las concesiones contributivas son una herramienta de atraer inversiones y ahora podemos conocer cuál ha sido la práctica de otorgar incentivos y sus efectos en la cantidad recaudada o dejada de recaudar y si ha tenido efecto en la actividad económica, que podemos deducir de la historia económica de Puerto Rico. Además de estimar las concesiones contributivas existentes, pero entendiendo que la misma puede cambiar según la situación económica y las decisiones de las empresas. “Este documento es una herramienta para evaluar la legislación contributiva que se ha realizado sus aciertos y desaciertos, además de confeccionar el presupuesto de forma real”.
No obstante llamó la atención a que es preocupante lo que se desprende del documento de que el proceso de planificar el Presupuesto no se cumple y no se lleva por objetivos, al desconectar de la evaluación las concesiones. Señala que no se incluye en la evaluación para no tener que explicar cuáles eran los objetivos económicos y sociales, el costo y los beneficios.
“Así que lo pasaban como gasto fiscal sin explicar, sin estimar el costo para el gobierno y el pueblo de cada concesión contributiva existente. Así que ahora podemos identificar cuánto nos cuesta a nosotros los contribuyentes estos beneficios contributivos. Si como pueblo tomamos la responsabilidad de evaluarlo y conocer su utilidad podemos definir cuáles impuestos debemos re evaluar para conseguir dinero y evitar los recortes al Sistema de Retiro, a la educación, a la salud y a la UPR. Además de permitir evaluar la diferencia en los ingresos individuales y los de las empresas”.
A su juicio entiende que deberían ser menos los ingresos excluidos versus los ingresos exentos, se debe aclarar qué se consideran como ingresos para propósitos contributivos o ingresos excluidos el dinero de seguro de vida, las donaciones y herencias, las compensaciones por daños físicos y el Seguro Social.
