Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
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El martes, 25 de junio, cerró la sesión legislativa. La noticia en la que se denunció que las enmiendas a Ley 22 eran un intento del Gobierno para controlar los donativos hechos por las corporaciones acogidas a dicha ley a entidades sin fines de lucro básicamente pasó inadvertida por la discusión pública. El tema de la corrupción lo opacó todo.
El asunto per se y las denuncias hechas por Rob Rill, fundador de la Sociedad 20-22, y el senador José Nadal Power se dieron a conocer el último día de la sesión. Rill destacó que la legislación propuesta irá en perjuicio de cientos de organizaciones sin fines de lucro en la isla. El senador Power sostuvo que lo legislado en la Cámara Baja es discriminatorio.
El Código de Incentivos que enmendaría la Ley 22, para que los donativos que son requeridos a los inversionistas queden en manos del Gobierno, se aprobó a viva voz en la Cámara de Representantes.
El Código de Incentivos que enmendaría la Ley 22, para que los donativos que son requeridos a los inversionistas queden en manos del Gobierno, fue aprobado en por la Cámara de Representantes y el Senado. Solo falta la firma del Gobernador.
Las enmiendas que interesan a este artículo se insertaron horas antes de que la Cámara aprobara el Código el pasado viernes, 21 de junio. El proyecto de la Cámara aplicaría igualmente a la Ley 20. Ambas leyes seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre. Luego de esa fecha no se darán más exenciones bajo Ley 20-22, sino bajo la nueva ley de incentivos.
En 2012, cuando se aprobó la Ley 22 bajo la administración de Luis G. Fortuño, se determinó que las compañías que llegaran a la isla —resguardadas por dicha ley— estarían obligadas a escoger una entidad sin fines de lucro para hacer un donativo de $5 mil.
Actualmente, las entidades sin fines de lucro son reconocidas como tal mediante la sección 501(c)(3) de la ley federal. Bajo esta ley esas entidades están exentas del pago de contribuciones. Aunque las iglesias también están libres de la carga contributiva y pueden definirse como “organizaciones sin ánimo de lucro”, la certificación federal no les aplica.
Una de las enmiendas propuestas eliminaría el requisito de la sección 501, por lo que no se necesitaría / necesitará esa certificación federal para ser una entidad sin fines de lucro. Otro de los cambios a la ley sugiere que la compañía ya no estaría haciendo el donativo directamente a la entidad que escoja, sino que deberá enviar el donativo al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Sin embargo, no será esa entidad gubernamental la que identificará a qué entidad sin fines de lucro hacer el donativo, de eso se encargará la Legislatura a través de la Comisión Especial de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario. Además, el donativo de $5 mil se duplica.
Un premio de consolación
La licenciada María Dolores Fernós opinó que las enmiendas a la Ley 22 van dirigidas a favorecer los sectores religiosos y las organizaciones fantasmas que puedan surgir en un año electoral y afectar las elecciones; que el Gobierno está buscando contentar a los sectores que están molestos por no haberse aprobado los proyectos de libertad religiosa, terapias de conversión y aborto. “Están haciendo lo indecible con este diseño para ganárselos nuevamente y comprarles el voto”, agregó.
La organización Proyecto Matria también se posicionó en contra de las enmiendas a la Ley 22. Su cofundadora y directora ejecutiva Amarilis Pagán criticó que el proceso de distribución de donativos por parte del Gobierno siempre ha sido un proceso con cierto nivel de corrupción.
“Actualmente, Matria no recibe fondos gubernamentales. Lo decidimos hace varios años porque nos encontramos con que había agencias del Gobierno que presumían de que por darnos un donativo nosotras no podíamos denunciarlos ni discernir. De hacerlo así, nos cortaban fondos o nos amenazaban con quitárnoslos. Los fondos que recibimos son privados o del Gobierno Federal”, dijo Pagán.
Criticó que los donativos legislativos son más limitantes y peligrosos porque hay que cabildear con los legisladores para que se aprueben los fondos y reconozcan la organización. Al ser esta la dinámica, con los cambios a la Ley 22, la independencia de criterios que deben tener las organizaciones sin fines de lucro para cumplir con su misión se vería afectada.
También, mencionó que los donativos administrados por la Legislatura son aún más subjetivos que los que dan otras agencias como el Departamento de la Familia y el Departamento de Justicia.
Para otorgar un fondo gubernamental se debe contar con un personal asignado para hacer el registro del donativo; otro personal que reciba las solicitudes, las evalúe y otorgue los donativos; también un encargado de otorgar los contratos y un equipo de monitoría y auditoría. Todo fondo que se distribuye a través de una agencia de gobierno está sujeto a una auditoría, tanto por la Oficina del Contralor como por la propia agencia.
Cuando los donativos son privados, esos pasos son mucho más cortos. El proceso es mucho más sencillo, económico y los requisitos para la monitoría son mucho más simples que los que implican una monitoría de fondos públicos. Pagán señaló que con las enmiendas a la Ley 22, el costo de manejar el dinero de los donativos aumentaría, dejando menos dinero disponible para las organizaciones sin fines de lucro.
“Lo que se destina a la comunidad debe llegar a la comunidad. Además, en la tradición filantrópica se estila respetar el aspecto privado del donativo y el sector privado filantrópico ha demostrado ser más ágil, transparente y eficiente en lograr que estos recursos lleguen a la comunidad”, declaró por escrito el Doctor Nelson I. Colón Tarrats, presidente de Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR).
Por otra parte, la abogada y cofundadora del Proyecto Matria coincidió con el planteamiento también hecho por la licenciada Fernós de que las enmiendas a la Ley 22 van dirigidas a favorecer los sectores religiosos “para pasarles la mano”.
“Yo veo el proyecto y lo que me viene a la mente es que se trata de un premio de consolación”, manifestó Pagán.
En este sentido, y en resumen, las organizaciones que actualmente reciben fondos de Ley 22 pudieran perder el acceso a los mismos.
