CLARIDAD
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Una manera más efectiva de utilizar el recurso sol y los terrenos agrícolas, una propuesta de $500 millones anuales menos que el costo del sistema actual, una reducción de hasta un 70% de emisiones de dióxido de carbono (CO2) son tan solo parte de los beneficios que resultarían de la aplicación de la propuesta del movimiento Queremos Sol de un sistema solar distribuido en techos de casas y estacionamientos.
La propuesta de Queremos Sol está contenida en el Estudio de Integración de Recurso Solar Distribuido Puerto Rico, en el cual participaron la ingeniera Ingrid Vila Biaggi de la organización Cambio, Cathy Kunkel, del Instituto para el Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA, siglas en inglés), el profesor de electricidad, doctor Agustín Irizarry, Telos Energy, EEPlus y Energy Futures Group.
En una presentación a la prensa (vía zoom) Vila Biaggi explicó que el análisis provee información nueva y útil que muestra como transformar de manera radical el sistema eléctrico utilizando el sol y los techos como base. Los resultados -afirmó- evidencian que es posible, beneficioso y costo-efectivo que en 15 años el 100% de los hogares en Puerto Rico cuenten con sistemas fotovoltaicos para atender las cargas críticas y generar el 75% de nuestra energía de recursos renovables distribuidos. “El estudio muestra que no hay necesidad de usar el dinero público en nuevas plantas de combustibles fósiles o en conversiones a gas natural de plantas existentes. Por el contrario, la AEE debe comenzar ya a invertir esos $9,650 millones de fondos federales disponibles para instalar placas solares en techos y sistemas de almacenamiento”, indicó.
En tanto el profesor de electricidad y ex representante de los consumidores en la Junta de Directores de la AEE, Dr. Agustín Irizarry, describió que el estudio desarrolló un modelo del sistema eléctrico para evaluar de forma detallada, técnica y económica una cartera de generación sostenible que es dramáticamente diferente a la actual. Según explicó, el estudio ilustra el comportamiento de una red eléctrica que integra gran cantidad de recursos energéticos distribuidos, con prioridad en hogares que capten energía solar fotovoltaica en techos y su almacenamiento. Esto permitió entender las oportunidades y los cambios operacionales y medidas de mitigación que pueden implementarse para facilitar esta integración.
“La AEE nunca ha realizado un modelado así del sistema de distribución eléctrica de toda la isla”, observó. Además explicó que el trabajo recreó el 89% del sistema de distribución, incluyendo Vieques y Culebra, lo que permitió modelar cómo funcionaría un sistema que genera la mayor parte de su electricidad con fotovoltaicos en techos de residencias y comercios.
Por parte de la analista de finanzas de IEEFA, sostuvo que la transformación hacia la autosuficiencia energética permitiría tener precios estables y razonables con menos inversión en los sistemas de transmisión y distribución que la propuesta de la AEE. “Si la AEE usa desde ahora los fondos federales para establecer este plan, el costo del sistema podría reducirse por debajo de 15 centavos/kWh en 15 años. Estas inversiones en renovables estabilizarían la tarifa ya que se reduce la dependencia de los mercados fluctuantes de combustibles fósiles. En los últimos años, la AEE ha gastado más de $1,400 millones al año en combustibles importados y este escenario reduciría esa factura de combustible a $430 millones. El gobierno federal permite que los fondos se inviertan en la construcción de una red de energía limpia y renovable como la propuesta con este modelo”, acentuó Kunkel.
A preguntas de la Prensa, Vila Biaggi aclaró la diferencia entre los proyectos de energía renovable de la AEE y la propuesta de Queremos Sol. En el caso de la AEE sus solicitudes de propuestas de energía renovable son para proyectos a gran escala, los cuales tienen un impacto en la red de transmisión y conllevan reforzar los sistemas de transmisión para que la AEE pueda absorber esa generación. La propuesta de Queremos Sol es de manera distribuida cerca del punto de consumo -es decir encima de los techos. Dado que gran parte de esta generación ni entra a la red, porque se consume en el mismo lugar, la consecuencia es que requiere menos dependencia del sistema de transmisión y distribución y por ende la AEE no tiene que invertir o añadir capacidad. Incluso reveló que en la presentación que le hicieron al equipo de planificación de la AEE los técnicos lo vieron con buenos ojos y reconocieron que la propuesta validaba estudios que había hecho el departamento que indicaban que esta modalidad distribuida en hogares era la que menos impacto tenía sobre la red de la AEE y era la forma más efectiva de integrar las energías renovables.
El doctor Irizarry resaltó que el mejor recurso que tenemos es el sol para no afectar los terrenos agrícolas y que la propuesta se podría utilizar en todo el Caribe y en toda la franja tropical del planeta. También recalcó que los sistemas son realmente resilientes y están capacitados para atender la demanda básica de un hogar aun ante una semana de lo que podría ser un evento raro de mucha nubosidad. Otro aspecto que trajo a la atención fue que el plan de la AEE a FEMA (siglas en inglés de Administración Federal para el Manejo de Emergencias), al igual que el contrato de LUMA es sacar un poste y sustituirlo por otro poste, lo que no añade ni moderniza el sistema.
Sobre la disponibilidad de fondos Vila Biaggi apuntó que los fondos federales CDBR-G cuentan con una partida entre $500 a $600 millones para la instalación de estos sistemas fotovoltaicos para personas de menos ingresos y proyectos comunitarios, al igual que para proyectos de resiliencia para el recurso agua. Sin embargo se descubre en el estudio que la AEE no asignó presupuesto para energía renovable en su plan de diez años de fondos federales.
Entre los hallazgos principales del estudio están:
– Se puede proveer 100% de resiliencia a los hogares asegurando sistemas fotovoltaicos de 2.7 kW en techos con baterías de 12.6 kWh, así como en comercios, lo que reduciría la vulnerabilidad a nivel de hogares y comunidades.
– Es costo-efectivo utilizar $9,600 millones en fondos federales para viabilizar este plan y reducir los costos del sistema eléctrico por debajo de 15 centavos/kWh al 2035 (versus 21 centavos/kWh al 2019).
– Se puede alcanzar que Puerto Rico produzca el 75% de energía renovable en 15 años y reducir costos de combustible a $430 millones al 2035 (actualmente se gasta sobre $1,400 millones/año).
– Este modelo permite reducir hasta 70% de emisiones de CO2, lo que ubicaría a Puerto Rico a la vanguardia con países que proponen atender con responsabilidad el cambio climático.
– No hay necesidad de invertir en nuevas plantas de combustibles fósiles o en conversiones de plantas existentes para uso de gas natural, por lo que es posible retirar esta generación, primero de AES, luego Palo Seco y Aguirre. Las unidades restantes se utilizarían muy pocas horas del año, si algo, en el escenario de 75% de energía renovable.
