Por María de Lourdes Guzmán/Especial para CLARIDAD
Cada vez con mas frecuencia, nos levantamos con la noticia de otro arresto, otra renuncia, otra investigación u otro escándalo en las ramas legislativa y ejecutiva de la presente administración pública. Estas noticias se han convertido en distintivas del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), que nos gobierna desde el mes de enero de 2017. A pesar de que ya estamos acostumbrados las artimañas con las que, históricamente, ha gobernado el PNP, fueron cientos de miles los puertorriqueños y puertorriqueñas que le creyeron a Ricardo Rosselló el cuento de que tenía un plan de gobierno con el cual resolvería los innumerables problemas que aquejan a la sociedad puertorriqueña. Mas, pronto comenzaríamos a ver sus promesas desvanecerse con la aprobación de proyectos como las mal llamadas reformas de salud, educativa y laboral, cuyas consecuencias está sufriendo el país, luego de su aprobación y puesta en vigor, las que solo favorecerían intereses privados en perjuicio de los del pueblo a quien prometió beneficiar. Por otro lado, bajo el pretexto de que era necesario achicar el gobierno para allegar ahorros al fisco, el gobierno de Rosselló institucionalizó la práctica de otorgar contratos, tanto en las agencias de gobierno como en la legislatura, a personas con estrechos vínculos al PNP, quienes llevarían a cabo labores con una compensación excesiva y un dudoso fin público. Así comenzó a materializarse el esquema de crear e inscribir corporaciones con el propósito de obtener contratos con el gobierno, que estarían reservados para colaboradores y donantes de campañas y para políticos derrotados, así como para los “hijos talentosos” de políticos incumbentes.
Uno de esos “hijos talentosos”, frase que acuñó la representante Maria Milagros Charbonier, fue Raúl Maldonado Nieves, hijo del ex secretario de Hacienda, ex principal oficial financiero y ex secretario de la Gobernación a quien, a principios del 2019, se descubrió era contratado por diversas corporaciones con contratos en el gobierno, entre ellas, Virtus Consulting e Integrity Technology. Recientemente se advirtió, además, que una de las hijas de la actual gobernadora Wanda Vásquez, mantenía contratos con el Departamento de Corrección y Rehabilitación a razón de $5,000 mensuales, mientras otra de sus hijas era empleada del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). Su esposo laboraba como oficial de prensa del Departamento de Justicia, mientras la ahora gobernadora, ocupaba la posición de Secretaria de dicha agencia. La actual Secretaria de la Gobernación, la ex senadora Zoé Laboy, cuenta con otro hijo talentoso quien, en lo que va de cuatrienio, ha devengado cerca de $120,000 en contratos con la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). Fresca está en nuestra memoria la noticia de que la ex Secretaria de Educación, Julia Keleher, al mismo tiempo que cerró cientos de escuelas del sistema público, otorgó cerca de un billón de dólares en contratos. En la Administración de Servicios de Salud (ASES), que administra los fondos del plan de salud del gobierno, se otorgaron, al menos, 2.5 millones en contratos a la firma de contabilidad BDO. Mientras, se amenaza con el recorte de pensiones y miles de servidores públicos, entre ellos, maestros, policías, celadores, enfermeros(as), patólogos, reclaman una remuneración justa que les permita vivir dignamente para evitar tener que abandonar el país.
Entre los privilegiados del esquema de saqueo de fondos públicos, resultaron muy beneficiados, entre otros, Elías Sánchez, ex director de campaña de Ricardo Rosselló, quien fue nombrado representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal y quien renunciara a los 6 meses de haber sido nombrado, por considerar que “…había cumplido con lo que era la encomienda de encaminar el proceso contando ya con un plan, un presupuesto certificado y el proceso ordenado de reestructuración en curso”. El Vocero, 20 de julio de 2017. Subsiguientemente, sus ejecutorias como cabildero de la empresa World Professional Group, se dieron a conocer, habiéndosele vinculado a empresas como Puma Energy y Triple S, que procuraban obtener negocios con el gobierno. Otro de los agraciados resultó ser Edwin Miranda, dueño de las empresas KOI, publicista y donante de las campañas del PNP quien se agenció, entre los años 2017 al 2018, la friolera de 29.6 millones de dólares en contratos con la administración Rosselló y $57.7 millones durante el cuatrienio de Fortuño.
El gobierno del PNP no solo nos regala hijos talentosos y contratistas privilegiados. También nos regala empleados y contratistas fantasmas. En solo el primer año de incumbencia, la legislatura PNP otorgó 50.3 millones en contratos, duplicando lo gastado por la administración anterior para el mismo periodo. Entre los contratos que se reparten a diestra y siniestra en la legislatura de Puerto Rico, se destacan los de Isoel Sánchez y Chrystal Robles, quienes mantenían contratos en el Senado de Puerto Rico por servicios no prestados, contratos que fueron autorizados por Angel Figueroa, empleado de confianza del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Sánchez, Robles y Figueroa se declararon culpables del esquema de fraude en el tribunal federal. El Sr. Sánchez mantenía contratos también con el exrepresentante Samuel Pagán, quien tuvo que renunciar ante denuncias de corrupción. Igual suerte corrió el exrepresentante Ramon Rodríguez Ruiz. Mas recientemente, renunció el representante Guillermo Miranda quien despidió a una empleada, por negarse a vender taquillas para recaudar fondos para su campaña a la reelección. El senador Abel Nazario y ex alcalde de Yauco fue arrestado hace varios días por mantener un esquema de empleados fantasmas en ese municipio.
La renuncia/despido de la ex secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Tania Vázquez, se suma a otras 40 del gabinete del gobierno del PNP, producidas en medio de denuncias de actos de corrupción o ineficiencia en el desempeño de sus funciones. La salida de Vázquez Rivera se da ante imputaciones de concesión de contratos al superintendente del capitolio, excandidato a alcalde de Quebradillas y protegido de Rivera Schatz, José Jeron Muñiz Lasalle, a quien se le señala como el encargado de designar contratistas y elaborar el presupuesto de la agencia. Durante este cuatrienio una de las corporaciones de Muñiz Lasalle, FLL Construction, ha obtenido 1.3 millones de dólares en contratos. Por su parte Rivera Schatz ha otorgado decenas de contratos a amigos y familiares de legisladores, disponiendo del presupuesto de la rama legislativa a su arbitrio. El erario ha sido objeto de un interminable y descarado atraco de parte de los personeros del PNP que gobiernan el país. El presidente del Senado se ha convertido en el niño símbolo del despilfarro y el saqueo de fondos públicos. No conforme con liderar la agenda de latrocinio, ahora procura robarse las elecciones con la aprobación atropellada de una supuesta reforma electoral. Su destacado desempeño en esta faena lo ha llevado, además, a presidir el PNP que bien pudiera llamarse el Partido Nutrido de Pillos.
