Por Félix Córdova Iturregui
Especial para CLARIDAD
La situación de Puerto Rico en el momento presente es extremadamente compleja. La percepción de grandes sectores del país es que estamos en un punto decisivo de nuestra historia. Hay muchas razones que validan esta manera de pensar. Pero no se puede perder de vista la dimensión principal de la coyuntura actual. Es el resultado de una política que han impuesto los dos partidos de gobierno durante los últimos treinta años. El aspecto principal de dicha política lo expresó Pedro Rosselló en un enunciado muy preciso y concreto: que el mercado decida. Si hoy la Junta de Control Fiscal (JCF) es la coronación de esa política, llamada neoliberal, con su fundamentalismo de mercado, no es posible separar las propuestas de este cuerpo dictatorial de las propuestas del gobierno. Llevan la misma dirección y forman una misma comparsa.
Si la imposición de la JCF tiene todas las características de un golpe de Estado, no podemos disociar esa apariencia de dos leyes anteriores que tuvieron un carácter parecido: la Ley 7, de 2009, y la Ley 66, de 2014. Ambas crearon un estado de excepción y golpearon duramente a trabajadores y trabajadoras. La Ley 7 hizo algo nunca antes visto en la historia política de Puerto Rico: dejó en la calle a más de veinte mil trabajadores del sector público. Un gobierno estadista hizo añicos la vieja consigna anexionista: “estadidad es seguridad”. Si ayer Richard Carrión presidió el famoso comité (el CAREF) que dio forma a la Ley 7, hoy José Carrión III preside la JCF. Si ayer Carlos García fue el artífice de las terribles cartas de despido de 30,000 empleados públicos, cuando presidía el Banco Gubernamental de Fomento, hoy este banquero inescrupuloso, con su brillante carrera en el Banco de Santander, es uno los exponentes de la línea dura neoliberal en la JCF.
¿Entonces son falsas las contradicciones entre el gobierno de Ricardo Rosselló y la JCF? Aunque caminan en la misma dirección, no son falsos los conflictos. La diferencia principal tiene que ver con el carácter tiránico de la JCF. Mientras este cuerpo frío y calculador está dispuesto a hundir el cuchillo, sin delicadeza alguna, en el cuerpo social de la Isla para extirpar de allí lo que le molesta, el gobierno no puede hacer lo mismo. Hay una diferencia entre ambos que no debe subestimarse: la JCF no es electa, es una imposición del gobierno estadounidense, mientras el gobierno de Ricardo Rosselló fue electo. El núcleo del desacuerdo se encuentra en la reforma laboral y en la reducción de las pensiones. El gobierno ya aprobó el año anterior una reforma laboral que golpeó duramente al sector laboral. Nadie debe olvidar que esa reforma fue aprobada por la Cámara y el Senado? Thomas Rivera Schatz le dio el visto bueno, como también hizo en el pasado con la Ley 7. ¿Cómo es posible, entonces que el presidente del Senado se presente hoy como defensor de los trabajadores? Su nuevo disfraz surge de su reacción ante la JCF. Este cuerpo financiero, con su apetito voraz, quiere llevar el cuchillo hasta el fondo y extirpar lo que queda de las conquistas históricas de la clase trabajadora de la Isla.
Los políticos neoliberales como Rivera Schatz saben que la voracidad de la JCF los liquidaría políticamente. Carlos Romero Barceló lo dijo con vehemencia: la reforma laboral exigida, en combo con la reducción de las pensiones, tendría un impacto análogo al de la Ley 7. Se haría mucho más visible el efecto de la política neoliberal estadista: el empobrecimiento del pueblo trabajador. La vieja consigna, estadidad es seguridad, quedaría sustituida por otra destacando la inseguridad y la pobreza. Pero el temor de Romero Barceló se alimentó también de lo que sus ojos pudieron ver por todos lados: las protestas diarias de comunidades exigiendo el restablecimiento de la luz, padres y maestros luchando contra el cierre de 283 escuelas en diferentes pueblos, y por donde quiera el malestar ante la precariedad de los servicios. Los que no creen en las protestas deben estar con la boca abierta al considerar que el cierre de las escuelas se ha reducido ya a 266.
La celebración el 1 de mayo de este año se dio en un contexto de continuas movilizaciones por diferentes pueblos y comunidades de la Isla. Algo nuevo en nuestra historia moderna, solo comparable a la ola de protestas que precedió el 1 de mayo de 2009 como resultado de los despidos masivos de la Ley 7. Sin embargo, hay una enorme diferencia entre el 2009 y el 2018. Las protestas masivas de 2009 fueron laborales, mientras las protestas actuales tienen un predominio comunitario. Esa diferencia refleja un debilitamiento creciente del movimiento obrero organizado y de la clase trabajadora en conjunto. Desde 2006 han desaparecido más de 275,000 empleos. Decenas de miles de esos empleos han sido eliminados en el sector público. Desde la decisión de eliminar la Sección 936 en diciembre de 1995, casi 100,000 empleos, bastante más de la mitad, se han perdido en la manufactura. Mientras tanto, desde 2006, sobre 300,000 personas abandonaron la isla.
En un contexto en que ha fracasado la austeridad y se insiste en la austeridad, en que se propicia la eliminación del empleo público a favor del privado y no crece el empleo en el sector privado, ¿no deben los sindicatos aglutinar sus esfuerzos reforzando su independencia de los partidos que representan los intereses patronales? En la división sindical reciente en este pasado Primero de mayo es posible que se haya manifestado con mas eficacia que nunca la debilidad de los sindicatos. La mayor concentración, por significativa diferencia, fue la marcha que salió de la Universidad de Puerto Rico con más de 10,000 personas. No podemos olvidar que el año pasado se dio el 1 de mayo más concurrido en la historia de esta isla, convocado principalmente por los estudiantes en huelga.
Un importante signo de los tiempos que vivimos se ha podido notar en los últimos dos paros magisteriales: la contundencia del resultado exitoso ha dependido más de los padres que no han enviado sus hijos a la escuela que de los maestros convocados por el paro. El país se siente agredido por todas las esquinas, las comunidades más aisladas y abandonadas se levantan en protesta ante la ausencia de servicios necesarios para la vida, los padres airados se manifiestan en las comunidades por el cierre de las escuelas, los estudiantes universitarios se ven amenazados por el aumento de las matrículas, más de cien mil pensionados viven la amenaza de ver sus pensiones reducidas, y la escuela pública, así como los servicios de agua y luz se enfrentan a proyectos de privatización.
En un país agredido por todos las flancos no tiene sentido aferrarse a las sillas completamente apolilladas de envejecidas burocracias sindicales. Si el gran sacudimiento social que se vive hoy en Puerto Rico no levanta todas esas nalgas cómodas y encallecidas de sus asientos, serán barridos sin pena ni gloria porque pronto no quedarán ni migajas para repartir ni unión para certificar. Ante las fuerzas de la disolución no tiene sentido la prudencia de la oficina. Si el movimiento obrero no sale a la calle a organizar con nuevas formas de convergencia y solidaridad, sustituyendo la prepotencia con el análisis, el sectarismo con la acción amplia, y el miedo con la determinación, brillarán sus huesos ante la luz del sol.
