Por Cándida Cotto/CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
Ninguna de las dos medidas que se discuten en el Senado que tienen que ver con incentivos y créditos contributivos, contienen elementos fundamentales de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Así lo advirtió la organización Espacios Abiertos (EA), en vista pública ante la Comisión de Hacienda del Senado, respecto a los proyectos, PS 1013, Código de Incentivos de Puerto Rico y el PC 1880, Sistema de Créditos Contributivos Integrados.
En la ponencia presentada por el analista “senior” de Política Pública, de EA, Daniel Santamaría Ots, aun cuando dijo que Espacios Abiertos apoya el uso de incentivos contributivos como herramientas para el desarrollo económico, llamó la atención a que es necesario que el gobierno permita que se divulguen y discutan los gastos fiscales, o los incentivos contributivos, como también se conoce a estos beneficios económicos que otorga el gobierno.
Es indispensable la participación ciudadana en la elaboración de cualquier ley de incentivos que tenga un impacto en el fondo general, y que para que la gente se involucre en la discusión deben tener fácil acceso a todos los documentos que ambas leyes generen desde el inicio del debate.
Los incentivos o gastos fiscales incluyen las siguientes diez categorías: las Exclusiones; Exenciones; Deducciones; Tasas preferenciales; Diferimientos de obligaciones contributivas; Acuerdos finales; Decretos Contributivos; Estímulos Monetarios; Subsidios; y cualquier otro incentivo contributivo que represente una pérdida de ingresos fiscales para el gobierno de Puerto Rico. Santamaría Ots continuó señalando, que los incentivos contributivos o gastos fiscales son programas similares a los de gastos públicos gubernamentales, lo que quiere decir que son catalogados como un gasto del gobierno realizado a través de su código de impuestos, y a su vez representan una pérdida de ingresos para el fisco.
Frente a estos elementos trae a la atención que desde hace tiempo a nivel mundial los gobiernos divulgan y discuten cuáles son estos gastos fiscales y su discusión sirve como herramienta presupuestaria. En el caso de Estados Unidos, desde la década de los ‘70, 49 de los 50 estados y el Distrito de Colombia divulgan su informe público de gastos fiscales. La mayoría de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también lo divulgan. En el caso de Puerto Rico -señaló Santamaría OTS- todavía no existe esa herramienta y ninguno de los proyectos en discusión tampoco lo contemplan.
Debemos decir que EA mantiene un pleito judicial frente al gobierno por el acceso a esta información y aun cuando el Tribunal de Primera Instancia de San Juan (TPI) falló a favor de la organización, el gobierno acudió al Tribunal Apelativo en busca de una revocación.
Para atender esta falta en ambos proyectos (PS 1013 y PC 1880) EA formuló cuatro recomendaciones para que el pueblo pueda tener acceso y beneficiarse de toda la información sobre la cual se está legislando. La primera es que el Código de Incentivos debe divulgar el Informe Anual de Efectividad de Incentivos y el Reporte Presupuestario de Incentivos Económicos. Por parte del Sistema de Créditos Contributivos Integrados se debe presentar un informe público anual sobre cualquier venta de créditos contributivos.
La segunda recomendación es que ambas medidas legislativas deben evaluar en su totalidad las leyes de incentivos contributivos que existen en Puerto Rico. Tercero se debe justificar por qué se mantienen y se siguen incentivando leyes que arrojan un retorno negativo de la inversión. Y cuarto que ambas medidas deben divulgar anualmente la totalidad del gasto en incentivos que, según datos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), asciende a unos $7,462 millones al año lo que representa el 86% del presupuesto del Fondo General.
En relación al PC 1880 sobre la venta de créditos contributivos, Daniel Santamaría Ots, recalcó que la plataforma propuesta por el proyecto de ley solamente divulgaría $250 millones y mantendría oculto un presupuesto que según reveló el propio DDEC, asciende a unos $7,462 millones.
En tanto la ley sobre el Código de Incentivos solamente divulgaría entre $450 y $500 millones al año, dejando oculto también unos $7,462 millones. El código de Incentivos que está proponiendo el gobierno, omite el análisis de 18 leyes de un total de 76 leyes y programas, lo cual constituye una falta de transparencia.
A juicio de EA esto mantiene fuera del ojo de la gente a cuánto ascienden y qué costo y beneficio público, privado y social tienen estas leyes y programas para el pueblo de Puerto Rico.
Santamaría Ots recalcó que es indispensable la participación ciudadana en la elaboración de cualquier ley de incentivos que tenga un impacto en el fondo general, y que para que la gente se involucre en la discusión deben tener fácil acceso a todos los documentos que ambas leyes generen desde el inicio del debate.
El fin del análisis presentado por EA, incluyendo su pleito en los tribunales se desprende de su planteamiento de que el gobierno de Puerto Rico tiene más gastos fiscales mediante sus medidas de exenciones contributivas a diversas sectores como las compañías de transgénicos, manufactura, hoteles y otras que los que otorga a los individuos.
