CLARIDAD
Como una “bomba de tiempo”, describió la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) licenciada Ariadna Michelle Godreau Aubert, la posibilidad de ejecuciones de hipotecas acogidas a una moratoria en el país. Al presente se informó 106,586 residencias en la isla se encuentran acogidas a una moratoria.
En conferencia presentada en días recientes de manera virtual, el equipo de ALPR, Camilo Guadalupe Torres, David Ramírez Andino, junto a Godreau Aubert, presentaron datos de la situación en la isla y la creación de una herramienta tecnológica que permite a una persona identificar el nivel de riesgo de una ejecución hipotecaria, en la puede encontrarse.
Godreau Aubert puntualizó que al igual que otras entidades y economistas Ayuda Legal insiste en que en Puerto Rico hay una crisis hipotecaria, que no conoce pausa y que afecta de manera desmedida a a las mujeres, y a personas adultas mayores. Casi el 43% de las personas que tienen hipoteca invierten mas del 30% de su ingreso en el pago por lo que cualquier impacto económico pone a las familias en vulnerabilidad. Trajo a la luz que mientras durante estos últimos cuatro años el país lleva aguantando y atendiendo desastres, algunas personas han perdido su casa más de una vez, ha perdido su empleo, se ha quedado sin posibilidad de cuido para los hijos por la pandemia, las instituciones financieras entre el 2017 al 2020 no han detenido su curso y han ejecutado 12 mil 800 viviendas.
Prosiguió que un estudio realizado por ALPR encontró que entre el 28 de diciembre del 2019 y el inicio de la cuarentena, se estaban presentado 11 demandas de hipotecas diarias incluyendo sábados y domingos, y ahora mismo una tercera parte de la cartera hipotecaria está acogida a moratoria. Además de que un 78.2% de las ejecuciones de hipotecas identificadas incluía una mujer como parte demandada. Aún más impactante es que en un 27.3% de este 78.2% estos casos, la parte demandada consistía únicamente de mujeres. “En un país donde el nivel de pobreza en hogares con mujeres jefas de familias asciende a 58.2%, resulta un atropello que aproximadamente una de cada cuatro demandas hipotecarias se presente exclusivamente contra mujeres”, señaló.
La amenaza de ejecuciones es latente ya que la moratoria que ha concedido la banca hipotecaria responde una legislación federal debido a la emergencia por la pandemia y termina este próximo 30 de junio.
“Esa bomba de tiempo nos va a dar en la cara qué vamos hacer en un país donde las ejecutorias se mueven tan rápido a un mes y diez días de una nueva temporada de huracanes con personas que todavía no se han recuperado de los huracanes, terremotos y olvidasen del Covid qué vamos hacer con esas personas, cómo las vamos a rehabilitar para evitar que la crisis de hipotecas crezca y crezca y siga afectando a todas las familias pero de manera desmedida a las mujeres”.
Comparó que solo en un 15% de los casos en que se demanda son hombre “y seguimos insistiendo la crisis no afecta a todas las personas por igual”.
Godreau Aubert denunció que Ayuda Legal lleva tres años abogando por mejores prácticas en términos de hipotecas, que se establezcan parámetros claros de qué pasa cuando una persona se acogen a una moratoria. Incluso dijo que la banca se opone a prácticas tan sencillas como el que cuando una persona vaya a una oficina de mitigación de deuda del banco le entreguen una hoja con información de donde puede buscar servicios legales.
Al presente Ayuda Legal ha logrado que se presenten dos proyectos -el PS 199 y el PC 488- dirigidos a obligar a que cuando haya una declaración de emergencia, o desastre la gente no pueda ser sacada de sus casas. Godreau Aubert expresó que Ayuda Legal sabe que después de los terremotos a los dos y tres días hubo bancos que presentaron demandas de ejecución de hipotecas a familias en Guayama y otros pueblos del sur y que a días de los huracanes las filas de carros que se veían en los expresos de gente buscando señal era para comunicarse con sus bancos sobre que iba a pasar con su hipoteca de no poder pagar.
En tanto el licenciado Guadalupe Torres censuró que la banca todavía no quiera reconocer la crisis hipotecaria y planteó que existe un doble discurso, de “el apetito que tiene la industria financiera versus el hambre real del estomago, el riesgo real de perder ese techo y tenemos titulares que por un lado dicen que el 2020 la banca terminó en un repunte de propiedades, hipotecas”. Mientras por otro lado denunció que se enfatiza y se le hace sentir vergüenza y culpable a la persona que ya ha hecho los ajustes para no perder su casa, a los cuales la banca define como “delincuencia”. Precisó que al cierre del 2020 el 23% de las personas se encontraban en riesgo, en una posibilidad real de perder su residencia por falta de pago.
Donde orientarse
La herramienta de ALPR diseñada por Rodríguez Andino -explicó- consiste de una encuesta sencilla que permite a la usuaria o usuario medir condiciones de riesgo de perder el hogar como el tipo de préstamo hipotecario, status como sobreviviente de violencia de género, si tiene 60 años o más, si está pasando por un proceso de divorcio, muerte de cónyuge, pérdida de empleo o enfermedad catastrófica, si la casa ha sufrido daños por un desastre, tiempo en atrasos en el pago de la hipoteca o la etapa en que se encuentra la acción de recobro por parte del banco.
Las personas interesadas en utilizarla pueden acceder de manera anónima a la herramienta desde una computadora, un teléfono celular u otro dispositivo conectado a internet. “Una vez se identifique el nivel de riesgo, que va de leve a alto, las personas recibirán información sobre próximos pasos e información de referido a entidades sin fines de lucro consejeras, proveedoras de servicios legales o de otro tipo de apoyo integral’, abundó.
La creación y divulgación de la nueva herramienta tecnológica es parte de la antesala para la celebración del encuentro virtual; El techo es un derecho: poder común contra las ejecuciones y los desahucios, organizado por ALPR que tendrá lugar del 29 al 30 de abril y que reunirá expertas en el tema de Brasil, Argentina, Sudáfrica, España, Estados Unidos y Puerto Rico.
La oradora principal del encuentro será Leilani Farha, directora global de ‘The Shift’ y ex relatora especial de la Organización de Naciones Unidas que ha ayudado a desarrollar estándares globales de derechos humanos sobre el derecho a la vivienda, destacó Godreau Aubert.
