El verano del 2019 ¿y ahora qué?

Por Denis Márquez Lebrón/Especial para CLARIDAD

El verano del 2019 marcó nuevos paradigmas en los procesos políticos y sociales de Puerto Rico con repercusiones en el gobierno y la legislatura. De los primeros eventos que exacerbaron la indignación y la opinión pública fueron los arrestos de las funcionarias de gran jerarquía en dos de los asuntos de mayor importancia para la sociedad: la salud y la educación pública.

El modelo de salud de Puerto Rico, basado en el lucro y en las ganancias de las grandes compañías de planes médicos, es dominado por este sector que maneja y controla a su antojo el derecho humano fundamental a la salud. Esto da pie para que diversos personajes promuevan, se lucren y den continuidad a este nefasto sistema. Por otro lado, en el área de la educación pública ya hace varios cuatrienios que el gobierno ha ido cerrando escuelas alrededor de toda la isla, privatizando la educación por medio de las escuelas “charter” y los vales educativos. Los estudiantes, las maestras, los maestros y sus familias han sufrido y sufren día tras día la precariedad y el abuso del sistema para, entonces, conocer este verano que la prepotente Julia Keleher, “empresaria de la educación”, dirigía y manejaba un esquema corrupto de contratos desde el propio Departamento de Educación.

Sale también a luz pública este Verano del 2019 el asqueante “chat” del gobernador Ricardo Roselló y su cercano grupo de asesores y colaboradores. Estas publicaciones recogieron las expresiones, posturas y políticas públicas discriminatorias, ilegales, misóginas, homófogas y las conspiraciones para cometer actos ilegales de corrupción pública. En resumen, la dirección del gobierno a cargo de unos patanes y, sobre todo, la develación de su amplio prejuicio y desprecio hacia diversos y amplios sectores de la sociedad puertorriqueña.

La indignación se convirtió en acción política. Todo un país en la calle con reclamos contundentes, exigiendo la renuncia del gobernador, presionando activamente para iniciar un proceso de residenciamiento en la legislatura en lo que aportamos con la radicación de un pliego acusatorio conteniendo 18 delitos que entendíamos cometidos por el gobernador en el chat. Y, finalmente, ante el reclamo y la indignación colectiva, la renuncia obligada. El proceso provocó una intensa discusión del modelo antidemócratico de sucesión que establece la Constitución del ELA para el cargo de gobernador con la consecuencia del nombramiento como gobernador del cabildero de los grandes intereses y abogado de la Junta de Control Fiscal, Pedro Pierluisi, quien además tuvo la desfachatez de juramentar ilegalmente a pesar del consenso general en contrario avalado eventualmente por la decisión unánime del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La conclusión de ese capítulo fue, primero, su brevedad y descubrir para nuestro pesar que desde la Fortaleza continuó con su labor de abogado de los grandes intereses al proteger, por ejemplo, a la carbonera AES en perjuicio de la salud y bienestar de nuestras comunidades. Y segundo, la llegada a la gobernación de la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que desde esa posición respaldó todas las nefastas políticas públicas del gobierno del renunciante Roselló.

¿Y ahora qué? A raíz del extraordinario logro alcanzado a través de esta unión de voluntades sin precedente del Pueblo de Puerto Rico, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) propone una nueva Constitución y una nueva relación con los Estados Unidos. La iniciativa consiste en que el pueblo, con anterioridad a las próximas elecciones, pueda aprobar unas “enmiendas de emergencia a la actual constitución para que entren en vigor para las elecciones del 2020”. Dichas enmiendas son: proveer para una elección especial abierta para elegir un nuevo Gobernador cuando ocurra una vacante permanente en el cargo; autorizar el referéndum revocatorio para que el pueblo pueda destituir a un gobernador; y disponer para una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos a gobernador con mayor número de votos cuando ninguno de los candidatos hubiere obtenido una mayoría absoluta.

Las propuestas se presentan como punto de partida, no sólo para enfrentar la crisis inmediata, sino para encaminar la voluntad soberana de nuestro pueblo para construir un nuevo Puerto Rico.  Están sujetas a enmiendas y modificaciones que otros aporten, como los diversos sectores que ya han comenzado a presentar ideas meritorias. Ante esa realidad, se debe establecer un procedimiento amplio, inclusivo y participativo que sirva para recoger esas y otras propuestas.

Para establecer la nueva relación con los Estados Unidos, el PIP propone, mediante una votación directa del pueblo, ordenar la convocatoria de una Asamblea para un Nuevo Puerto Rico (ANPuR) “que garantice la participación de los más amplios sectores de la sociedad”.  Esta Asamblea tendrá dos encomiendas. La primera, redactar una nueva constitución para el Puerto Rico del futuro que emane del poder soberano del Pueblo y que incluya un nuveo modelo legislativo con la unicameralidad y la proporcionalidad, un modelo de carrera judicial, un amplio grupo de derechos humanos; y la segunda, elaborar alternativas no coloniales y no territoriales para una nueva relación entre Puerto Rico y Estados Unidos a ser presentadas y negociadas ante el Congreso antes de someterlas a votación al pueblo de Puerto Rico.

Proponemos que la votación sobre ambas propuestas se celebre antes de que termine el 2019 o a más tardar a principios del 2020 y pueden llevarse a cabo el mismo día. De esa forma se podrá, por un lado, corregir algunas de las deficiencias constitucionales que han quedado en evidencia durante el Verano 2019 y, por el otro, lograr la eventual aprobación de una nueva constitución que corrija las demás deficiencias, enfrentando el problema de la relación colonial con Estados Unidos.

Presentamos estas propuestas para la más amplia discusión pública en aras de transformar nuestro modelo de gobierno, la ampliación de los derechos humanos y la búsqueda de la descolonización de Puerto Rico.

El autor es Representante a la Cámara porel Partido Independentista Puertorriqueño