CLARIDAD
El Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico ratificó su voto de asamblea permanente ante lo que denunció como una conspiración de la Cámara de Comercio y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) con el apoyo de la Junta de Control Fiscal y el secretario del Departamento de Desarrollo y Comercio para eliminar el sistema tarifario del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos y establecer un estado oligárquico con tendencia monopolística de índole comercial e industrial.
La declaración responde a que en estos momentos los camioneros se mantienen a la expectativa de la decisión que pueda tomar el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la petición del Negociado de Transporte para que deje sin efecto una decisión del Tribunal Apelativo de anular las tarifas temporeras aprobadas en diciembre de 2020. Según ese tribunal, las tarifas fueron anuladas porque supuestamente no se siguió el procedimiento de la Ley Uniforme para su aprobación. El negociado es representado por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
En tanto, MIDA demandó también al Negociado de Transporte en tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico con el mismo propósito de que se anulen las tarifas.
El Frente de Camioneros acudió al Tribunal Supremo como ‘amigos de la corte’ y ha solicitado ser interventor en el caso en la esfera federal. “Estamos peleando por todos los flancos. Esta gente se ha montado en la guagua de la Junta para que la clase obrera, en este caso los transportistas, no tengan un sueldo justo”, expresó a CLARIDAD, Carlos Rodríguez, secretario general del Frente.
Los camioneros se habían declarado en asamblea permanente ya en el mes de marzo, a raíz de que cuando las tarifas iban a ser puestas en vigor, la Junta de Control Fiscal le ordenó al Negociado que lo detuviera alegando que estas intervienen con el Plan Fiscal.
Rodríguez, indicó a CLARIDAD que la Junta tiene ante sí el reglamento tarifario, e incluso le pidió al Negociado más tiempo para evaluarlo. “Si la Junta está pidiendo más tiempo es algo que no afecta al plan fiscal, porque el camionero, el taxista o gruero no son parte del gobierno. La Junta no tiene ninguna injerencia en este asunto. Este ajuste tarifario no afecta a la economía. El aumento en el costo de los productos en su mayoría es el 60 % de un centavo, 20 % de un centavo. Lo que pasa es que los dueños de la carga nosotros vimos por donde venían. Llevan mucho tiempo anunciando con bombos y platillos no sé cuántos millones para la recuperación del país y yo veo que aquí estamos igual o peor. Es más, que estamos peor que con María porque ahora mismito no hay huracán y estamos sin luz”.
Denunció que lo que pretenden los empresarios es imponer el control total de los precios de los artículos sin ninguna fiscalización o casi ninguna fiscalización gubernamental. El sistema tarifario es provisto por la Ley #109-1962, según enmendada, y va dirigida a proteger a más de 40,000 concesionarios del NTSP.
Rodríguez alertó de que los empresarios, durante más de 15 años, han impuesto un sistema de tarifas paralelo al sistema tarifario establecido por ley. Dicho sistema paralelo tarifario establece unos contratos leoninos que fijan un pago menor al decretado por ley y reglamento. Considera que la actitud de estos grupos empresariales es someter a un estado de explotación y esclavitud a miles de camioneros, grueros, taxistas y otros sectores de la transportación pública mediante una tarifa diferente bajo la reglamentación del Negociado.
Rodríguez fue categórico al decir que los transportistas querían dejar absolutamente claro que la Junta no tiene jurisdicción sobre la propiedad privada de miles de camioneros, grueros y demás concesionarios del Negociado de Transporte y no puede ni debe tratar de eliminar el sistema de tarifas legalmente establecido. Aclaró que los 40 mil concesionarios del Negociado son empleados públicos.
Todavía queda en suspenso cuál va a ser la respuesta de la Junta de Control Fiscal en caso de que los tribunales se expresen a favor del Negociado, que es la postura que defienden los camioneros , de que las tarifas son validadas y hay que respetarlas. El representante legal del Frente, Rolando Emmanuelli Jiménez, señaló que el detalle es que la Junta dijo que no iba a pedir que se anularan las tarifas por ahora, pero que es obvio que va a esperar a que el tribunal termine los casos.
“Entendemos que la Junta no tiene nada que opinar, nada en este asunto. Es uno que no tiene ningún impacto fiscal y que es un exceso sobre los poderes que tiene la Junta. En el caso de que la Junta decida intervenir y anular las tarifas, los camioneros van a estar retando la decisión. Estamos en compás de espera tanto por los tribunales como por la Junta. Mientras, los camioneros se mantienen en asamblea permanente”, reiteró.
