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En compás de espera el Plan de Ajuste

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El hecho de que la jueza Laura Taylor Swain le concediera al Departamento de Justicia de Estados Unidos hasta el 7 de enero del 2022 para que diga si va a intervenir en el proceso de aprobación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) y hasta el 7 de febrero para presentar sus alegatos, no implica que esto aplace hasta el próximo año la confirmación del plan presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF).

El proceso de la presentación del PAD ante la jueza Swain concluyó el 8 de noviembre. El Departamento de Justicia Federal solicitó intervenir ante los cuestionamientos de inconstitucionalidad hechos a la ley PROMESA. La jueza Swain certificó los planteamientos del acreedor Peter Heins, de que PROMESA viola la ley de la uniformidad de las quiebras, y los planteamientos de personas afectadas en Puerto Rico por la expropiación forzosa.

El licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez expuso que si bien el tiempo que le concedió la jueza al DJ de EE. UU. cayó como un balde de agua fría para los que urgen que se confirme el PAD, ese tribunal tiene derecho a intervenir cuando se cuestiona la constitucionalidad de una ley federal. Ya la jueza había certificado que, en efecto, hay unos cuestionamientos, y es por eso que se notifica a ese departamento. Ante la notificación, el Departamento de Justicia radicó una moción de prórroga para que se les concediera hasta marzo para someter su alegato de defensa. La decisión de la jueza choca de manera directa con el acuerdo que hay con los bonistas que vence este 15 de diciembre, además de chocar con   la prisa con que la jueza ha manejado el caso para tratar de cumplir con esa fecha, comentó.

Emmanuelli Jiménez afirmó que de seguro la jueza va a resolver antes del 15 de diciembre, y será interesante conocer cómo va a justificar muchas de las cosas que la Junta le pidió. Explicó que el plazo concedido no afecta el itinerario, ni la prisa con que se va a llevar a cabo el PAD porque en la resolución que concede la prórroga, la jueza dice que el hecho de dar esa prórroga después de diciembre no afecta el proceso. Ella podría declarar sin lugar los planteamientos constitucionales y luego el Departamento de Justicia podría intervenir, si es que las partes perjudicadas por la decisión deciden apelar. A juicio del experto en casos de quiebra y la ley PROMESA, con esta expresión la jueza sugiere que va a declarar sin lugar los planteamientos de inconstitucionalidad. Si las partes apelan, entonces el D. J. intervendrá y hará sus planteamientos de rigor.

“No es como dijeron algunos medios, de que la jueza había pospuesto el proceso de confirmación del plan, porque eso que resolvió en nada impide que ella confirme el Plan de Ajuste y luego el Departamento de Justicia determine qué es lo que va hacer”.

Sobre las declaraciones de la jueza Swain al concluir el proceso, de que había recibido y leído cartas de ciudadanos, le preguntamos a Emmanuelli si considera que la jueza las tomará en cuenta, y este comentó: “No está mal porque ella lo permitió. Por lo normal, en los casos judiciales se prohíben las comunicaciones a Ex parte, pero siendo esto un ajuste de deuda de un país, de una nación, me parece que la excepción era necesaria porque hay mucha gente que no tiene los recursos para participar en los procesos y no tiene el dinero para contratar a un abogado para llevar sus planteamientos. Pero de poder escribir un email, de ahí a que lo tome en cuenta, sustantivo, va un trecho, porque ella lo ha dicho en muchas ocasiones: solo las objeciones formales radicadas conforme a las reglas de quiebra y a las reglas de las órdenes emitidas en el proceso son las que se van a considerar y se van a permitir”.

No obstante, hizo la salvedad de que no ha desalentado esa gestión porque de todas maneras esas cartas le dan contexto a la jueza de todo lo que está pasando el país sobre cosas que no se expresan en

los documentos judiciales, ya que estos, en su mayoría, son de la Junta y de los acreedores. Dio a conocer como un ejemplo significativo de esta gestión que el economista José Caraballo Cueto le escribió a la jueza sobre la viabilidad del PAD, reafirmando lo que han dicho hasta los mismos economistas de la JCF de que el plan no se va a poder cumplir. Incluso expresó que las cartas cumplen una función dado a que la inmensa mayoría de esa correspondencia fue en oposición a los trámites, gestiones y el PAD de la Junta. “Veremos a ver qué hace en el proceso de confirmación”.

Indicó que la JCF preparó su último memorando de derecho para que la jueza considerara todos los planteamientos de derecho y también preparó un proyecto de sentencia para que esta firme. La Junta entregó los citados documentos a la jueza Swain el domingo (28 de noviembre) en la tarde.

Continuó con que en el documento hay muchos asuntos que la jueza puede ampliar y fundamentar con mucho mayor rigor y detalle que los que la Junta pone porque en realidad el proyecto de sentencia propuesto por la JCF es algo bien general. “Me sorprendió, es prácticamente ‘porque me da la gana’. La jueza va a tener que fundamentarlo”. Destacó que esta va a ser una de las sentencias más importantes —quizás la más importante— que dicte la jueza en su vida, debido a que es una de las sentencias más importantes de los procesos de reestructuración de la deuda de los mercados municipales.

En esa línea, expuso que esa sentencia tiene que estar justificada por todos lados, en particular, porque cuando el Tribunal del Circuito intervino en las apelaciones del plan de ajuste de la deuda de COFINA estableció las reglas que los apelantes tienen que cumplir y, por tanto, la jueza y la Junta no van a cometer los mismos errores que cometieron con COFINA. “Así que la jueza tiene que hacer que eso esté blindado”, comentó. La jueza se tiene que anticipar a que los que se sientan perjudicados por la sentencia tienen derecho a apelar y a que el Tribunal de Circuito intervenga. De intervenir, lo primero que solicitarán los apelantes es que se paralice el proceso de implantación del PAD y el de intercambio de los bonos.

Recordó que, además, hay otras controversias significativas en términos constitucionales, como el de los que alegan que se les está privando de su propiedad sin justa compensación y como los dueños de fincas a los cuales el Gobierno expropió y les quiere dar 20 centavos de dólar. Estos alegan que la Constitución protege a las personas y entidades a las cuales se les ha privado de sus propiedades mediante un trámite de expropiación y que tienen derecho al valor total del mercado. Estos reclamantes son una clase especial, no son una clase asegurada, y eso podría llegar al Tribunal Supremo de EE. UU. porque es un asunto que, aunque ha habido sentencias relacionadas, no es uno que esté claramente definido en la jurisprudencia de ese tribunal.

También está el planteamiento de que PROMESA es una ley de quiebra que viola las cláusulas sobre la uniformidad de las quiebras debido a que solo aplica a los territorios y establece reglas particulares para los acreedores que están en los territorios. Estos son los planteamientos de Peter Hains, que también podrían llegar al Tribunal Supremo.

Si en efecto todas estas apelaciones se producen, el hecho de que tan solo lleguen al TS retrasarían la implantación del PAD al menos por unos 6 meses, aun llevándolo de manera expedita. En caso de que alguno llegara al TS, tal vez puedan dar un No ha lugar rápido porque decidan no escoger ningún caso. Si es lo contrario, se puede estar hablando de que el caso tomaría de un año a año y medio.

Aun sin que nada de esto ocurra, todavía hay Junta para rato. Mientras se implementa el PAD, todavía hay que transar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, lograr los cuatro presupuestos balanceados y, supuestamente, volver a tener acceso a los mercados.

 

 

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