En dos mundos la Autoridad de Energía Eléctrica

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Citaciones al Tribunal, denuncias por parte de sus trabajadores de todos los sectores, cuestionamientos sobre el proceso de privatización y su Plan Integrado de Recursos (PIR), es el verdadero cuadro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Desde este jueves 26 al 30 de septiembre la gerencia de la AEE tendrá que explicar ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan (TPI), sala del juez Anthony Cuevas Ramos, por qué no ha entregado documentos públicos a las organizaciones Cambio y al Instituto de Economía y Análisis Financiero en Energía (IEEFA, en inglés) relacionados al proceso de privatización y datos del sistema eléctrico de la Isla. Desde que ambas organizaciones acudieron al TPI en el mes de mayo para exigir información pública relacionada a ambos procesos la AEE ha insistido en que la información es una “privilegiada”.

Aun cuando en mayo la AEE llegó a un acuerdo de que para el siete de junio haría disponible la información pública sobre ambos procesos, la corporación no cumplió en entregar la información, por lo que en la vista del seis de septiembre el juez determinó que en los próximos días Cambio entregará una lista aún más detallada de los documentos que la AEE ha fallado en entregar. También deben indicar cuáles son los documentos que la AEE ha clasificado como privilegiados, pero que CAMBIO argumenta que el privilegio no aplica.

El juez además ordenó comparecer a las vistas a cuatro altos funcionarios de la AEE: la licenciada Astrid Rodríguez, consultora jurídica; el ingeniero Hiram Medero, director de Informática; el ingeniero Efran Paredes, director de Planificación; y Fernando Padilla, director de la Oficina de Reestructuración.

En declaraciones en comunicado de prensa la presidenta de Cambio, ingeniera Ingrid Vila Biaggi, denunció que el proceso ha sido uno de entregas a cuentagotas. “Hemos sido nosotros los que hemos identificado por otras vías y fuentes (como las hojas de facturación de Filsinger Energy Partners, contratos de Sargent & Lundy, reuniones con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas) la existencia de un sinnúmero de documentos públicos de la AEE, responsivos a nuestra solicitud. La respuesta inicial a muchos asuntos es que ‘no existe’, pero cuando les exponemos lo evidente de que sí existen los documentos, pues los producen. Aducen a diferencias en interpretaciones, pero desde el primer día les hemos hecho claro que interesamos todos los documentos que sean responsivos a nuestras solicitudes. Por esto, en parte, ponemos en duda que lo que nos han entregado sea la totalidad de los documentos públicos que existen en respuesta a nuestras solicitudes”.

En tanto los abogados d2e la AEE alegan que ya han entregado 4,000 páginas de documentos. Vila Biaggi desmintió los argumentos de la AEE de que hay documentos que no existen, como los estudios de valorización de activos, sin embargo apuntó que la AEE había contratado a la firma Sargent & Lundy para que les entregara un informe en junio de 2018.

“Cabe señalar también que a la fecha no han querido entregarnos información alguna sobre el sistema eléctrico. Esta información es necesaria para poder realizar modelaje alterno sobre la transformación del sistema centrado en energía renovable distribuida en techos versus los planes que persigue la AEE de inversión cuantiosa en infraestructura de gas natural. Desafortunadamente la AEE carece de una cultura de transparencia y dificulta el hacer accesible a la ciudadanía documentación pública, en clara violación a la Constitución”, añadió Vila Biaggi.

El Plan Integrado de Recursos

Mientras el PIR de la AEE también es cuestionado tanto por Cambio, IEEFA, la organización de El Puente: Enlace Latino de Acción Climática (el Puente) y otras organizaciones comunitarias y ambientales. En su más reciente vista ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) igual se denunció la falta de acceso a información, que el PIR encierra potenciales conflictos de intereses, que no optimiza ni maximiza las fuentes renovables y tampoco considera elementos importantes como lo es el cambio climático.

En la vista del seis de septiembre el NEPR acogió algunas de las solicitudes de acceso a la información hechas por los grupos comunitarios y ambientales, entre ellas que el PIR esté disponible en español, aunque no se especificó para cuándo. Se supone que la Ley 57 de 2014 le impone al PIR que sea un proceso con “transparencia” y la evaluación ciudadana. del PIR, requerimiento que la Ley 57 de 2014 le impone al PIR.

Respecto a los conflictos de intereses Cambio señaló que el consultor de la AEE para el PIR, la compañía Siemens, es la que le suple los equipos generadores y para el análisis del PIR la compañía usó modelos de tecnología producidos y mercadeados por la propia empresa. Por su parte la AEE alega que el contrato de Siemens contiene disposiciones que le impiden incurrir en conflicto de interés, y que de haberlo tienen que notificarlo.

Las organizaciones además objetan que el PIR no optimiza ni maximiza las fuentes renovables. Por el contrario se basa en el mismo sistema de generación, transmisión y distribución a gran escala, y no fomenta las oportunidades de generación distribuida a base de renovables, las cuales defienden los ambientalistas reducirían la vulnerabilidad en tiempos de emergencia además de contribuir a estabilizar el costo de la energía.

Mientras la AEE alega tener límites a la integración de renovables debido a que no tiene el personal necesario para evaluar los proyectos y las interconexiones. Cambio denunció que la AEE admitió que no podrán lograr el objetivo de 15% renovable el año que viene, como propone el PIR, como tampoco podrá incorpora recursos renovables luego de 2027.

Tampoco se identifica en el PIR vertederos o lugares contaminados para ubicar sistemas fotovoltaicos, ni se considera la colocación de tales sistemas en techos de edificios o residencias. En su lugar, se identifican Suelos Rústico Común para ubicar sistemas fotovoltaicos a gran escala y hasta en terrenos agrícolas o de valor ambiental.

En un aspecto que se denota que el PIR está en línea con la privatización de la AEE, es que aun cuando dice que éste está centrado en el consumidor en el mejor de los escenarios solo se le destina a los consumidores la producción de un 20% de la energía. Otra declaración que lo confirma es que la AEE admitió en la vista que el PIR no considera el impacto que pueda tener el acuerdo con los bonistas para el pago de la deuda, el cual implica un aumento en la factura de la electricidad y un impuesto al sol. Las organizaciones denunciaron que dejar el acuerdo fuera de las consideraciones del PIR resulta en un plan deficiente por lo cual reclamaron ante el NEPR que la AEE haga un análisis de viabilidad del impacto del cargo de transición que provoca el acuerdo.

Los trabajadores

Mientras el director ejecutivo de la AEE, ingeniero José Ortíz, en entrevistas y declaraciones a la Prensa vaticina un “modelo resiliente en siete años” y no parece darse por enterado de las criticas, los trabajadores afiliados a la Unión de Empleados Profesionales de la AEE, en una carta pública le solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced una reunión “a los fines de evitar el colapso de la empresa y evitar que los intereses privados prevalezcan sobre los del pueblo de Puerto Rico”.

Según el presidente de la Unión, Evans Castro Aponte, solicitaron reunirse con la gobernadora ante la imposibilidad de reunirse con el director ejecutivo, aun cuando se supone que sean su “personal esencial y primordial para que el resto de los empelados puedan ejecutar su trabajo correcta y eficientemente”. Entre los asuntos que dijo la Unión interesa discutir con la Gobernadora están; el manejo inadecuado del manejo de efectivo, el de cuentas por cobrar, el manejo inadecuado de la pérdida de energía por hurto, la pérdida de energía en cuentas primarias por desperfectos técnicos en los equipos de medición.

Por su parte miembros de la Unión Independiente de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) la cual ha presentado una resistencia y defensa de que la AEE se mantenga como corporación pública, hace unas dos semanas también se reunión con la Gobernadora. La reunión no tuvo los resultados esperados por la UTIER de que la gobernadora intercediera con la gerencia de la AEE para que atienda los reclamos de los celadores de línea. A juicio del presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, el director de la AEE debe renunciar, por haber fracasado en su gestión. En recientes declaraciones a CLARIDAD, Figueroa Jaramillo, atribuyó que “el ingeniero Ortiz se ha dedicado única y exclusivamente a lo que es un síndico liquidador que no le importa nada mas que sus propios intereses”.