Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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Si las condiciones de la población penal antes de que surgiera el coronavirus (COVID 19) ya eran precarias, la epidemia multiplica los problemas de esta población, según la portavoz del Comité de Amigos y Familiares del Confinado (CAFC) Milagros Rivera Waterson, quien hizo un llamado al secretario de la Administración de Corrección y Rehabilitación (ACR), Eduardo Rivera Juanaty, para que el Protocolo respecto al COVID-19 sea implantado rigurosamente para evitar que los confinados se vean expuestos a contraer el virus.
Rivera Waterson expresó que la población penal, es una de gran riesgo ya que está aglomerada en espacios cerrados y pueden adquirir la enfermedad vía visitas de familiares y los empleados de la agencia. La activista confirmó a CLARIDAD que aunque las visitas familiares han sido suspendidas, le ha llegado información de personal preocupado porque hay guardias penales tosiendo y no se han tomado las provisiones de que se vayan a sus casas y guarden la cuarentena, ya que no se sabe cuántos de estos puedan ser portadores del virus. Además de la cancelación de las visitas, toda la población se encuentra encerrada en sus celdas y solo se les permite dos llamadas de cinco minutos a la semana.
Una de las preocupaciones mayores es que hay instituciones que continúan sirviendo las comidas en las bandejas aun cuando el protocolo de la agencia dispone que se debe utilizar platos y cubiertos desechables. Las comisarías no están funcionando y en algunas instituciones no se les entregan las cartas a los confinados hasta unos días después de recibirlas por temor al contagio. Aunque inicialmente se le pidió a los familiares que llevarán hand sanitizer y artículos de higiene a los confinados, después la Administración dio una contraorden al respecto.
Desde octubre pasado -indicó Rivera Waterson- había expuesto ante la Junta de Control Fiscal (JCF), los graves problemas que han sumido en una gran crisis institucional a Corrección. En particular cuestionó cómo a pesar de que la administración ha ido bajando el número de confinados institucionalizados, pasando de un poco más de 12,000 en el 2012 a 9,077 a agosto del 2019, los problemas con la falta de atención a las necesidades de los confinados y el desarrollo de proyectos de rehabilitación han ido aumentando.
De la larga lista de denuncias señaló que hay instituciones penales en malas condiciones físicas y en constante deterioro por falta de mantenimiento, que incluye hongos en las paredes, filtraciones y mala iluminación en las celdas. La falta de higiene en el servicio de alimentos, tales como bandejas sucias y comidas con mal olor. También los confinados se quejan de alimentación inadecuada para las condiciones de salud diagnosticadas como diabetes y alta presión, entre otras.
La portavoz de CAFC urgió a Corrección a que tome todas las provisiones para que cualquier personal que tenga tos u algún otro síntoma no se presente a trabajar y que todo confinado que los presente sea aislado inmediatamente, así como seguir las otras medidas sanitarias que deben observar tanto empleados y confinados como el lavado de manos y el uso de desinfectantes de mano. “Solo así podremos evitar una epidemia”.
