En peligro áreas y reservas naturales

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Mientras el pueblo se enfrascaba en una lucha política para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la Junta de Planificación (JP) llevó a cabo vistas públicas para aplicar cambios a los Mapas de Calificación de Suelos de Puerto Rico, poniendo en peligro vecindarios y áreas naturales, denunció una serie de organizaciones comunitarias, legales, agrícolas y ambientales aunados en el Grupo de Trabajo sobre Cambios a la Calificación de Suelos (GTSCCS).

“La Junta de Planificación está en un proceso acelerado de destruir las conquistas ciudadanas sobre la planificación del suelo de Puerto Rico, incluyendo reservas agrícolas, el plan de protección del karso, el Plan de Usos de Terrenos (PUT), Castañer, áreas sensitivas de Adjuntas, Picúa, Cañón de San Cristóbal, Mar Chiquita, entre otros”, advirtió el GTSCCS, que agrupa a cerca de 30 organizaciones.

En entrevista, Katia Avilés Vázquez, coordinadora del Grupo de Trabajo, confirmó que, en efecto, las vistas se dieron y que a pesar de lo que estaba pasando con las manifestaciones ciudadanas, hubo personas y organizaciones que se documentaron y recomendaron a la Junta de Planificación (JP) que cancele el proceso hasta tanto se tenga la información completa disponible, ya que cuando se anunciaron las vistas públicas ni siquiera estaba disponible el mapa de calificación para todo Puerto Rico. Narró que, por ejemplo, en las vistas de San Juan, siendo este un municipio tan grande y teniendo tantos cambios que le afectan, los únicos que presentaron ponencias fue la organización Para Naturaleza, el Municipio, una persona en su carácter personal, y la organización Junte de Gente. Hizo la observación de que los miembros de la JP fueron bastante respetuosos, porque la vista estaba vacía.

Esta actitud, reveló Avilés Vázquez, contrastó con la exhibida por los mismos miembros de la JP en la vista celebrada en Manatí, en la cual se atendían más de 10 municipios.“Del saque, fue mucho más confrontacional. Desde que nos vio sentarnos (se refiere a los representantes de las organizaciones que integran el GTSCCS), el presidente expuso: ‘Yo soy el Presidente, yo decido quién habla, quién no habla; si entiendo que está siendo repetitivo de algo que se dijo, lo voy a cortar; y tienen máximo de cinco minutos’, bajo el velo de que quería que todos participen, pero la lista de los deponentes no era tan larga”.

Denunció que las vistas de Manatí le parecieron ofensivas, una burla, un ejercicio de sello de goma y señaló que el técnico de la JP, Edwin Crespo, mintió al decir que los cambios se trataban de equivalencias. En estas vistas –continuó narrando– el Municipio de Morovis lo único que pudo hacer fue sentarse y pedir más tiempo, ya que se había enterado de las vistas tan solo hacia tres días. Destacó que un consultor que trabajaba para otro municipio favoreció los cambios.

“Ahí entra la parte de la corrupción. Sabemos que hay ciertos cambios de calificación que no responden a un criterio consistente y sí hemos identificado instancias en que responden a unos intereses particulares”, declaró Avilés Vázquez.

La coordinadora del Grupo de Trabajo, quien cuenta con un doctorado en geología, censuró que la JP se resguarda en que los cambios son conforme a lo que establece el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, que los obliga a reducir los distritos de 50 a 22, “pero no te permite derogar las reservas agrícolas, no permite derogar las reservas naturales, no permite aumentar la densidad residencial sin notificar a los vecindarios”, enfatizó.

En tanto, otra de las portavoces del Grupo de Trabajo sobre Cambios a la Calificación de Suelos, Marissa Reyes, reiteró que las organizaciones no han tenido la oportunidad de revisar los mapas en específico que contienen los cambios. En el caso de su organización, El Puente, dijo que una de las cosas que más les ha levantado alarma respecto a los cambios es en el sentido de que aun cuando ya hay unas leyes corriendo sobre la importancia de tener presente el cambio climático, cuando se busca en el Reglamento Conjunto, el cambio climático aparece solo en dos ocasiones de manera general. Esto les levantó la alarma de que se permita el desarrollo en todas las zonas de alto de riesgo aun ante el cambio climático que tiene Puerto Rico.

Reyes explicó que los cambios van dirigidos a permitir desarrollos en sectores que ahora están vedados. Por ejemplo, en lo que es turístico, las densidades quedan todas resumidas en residencial turístico, cuando antes había diferencias. Por ejemplo, lo que antes podía ser una casa de campo pequeña con un flujo mínimo, ya sea de tránsito o personas, ahora podría ser un hostal más grande e incluso un complejo de apartamentos mucho más amplio. Esto tiene como consecuencia que pueda haber un aumento en densidad en zonas que no necesariamente lo podrían aguantar, tolerar. Esa clasificación sería para el país entero, incluidas áreas cercanas a la costa o una reserva natural.

La portavoz coincidió con la apreciación de que en lugar de una planificación, en definitiva, lo que está haciendo la JP es una desplanificación. “Esas son las alarmas que nos preocupan porque al la Junta disminuir de 50 calificaciones a 22, estás resumiendo demasiadas calificaciones con diferentes densidades en unas pocas. Lo que permite son unos permisos desmedidos sin tomar en cuenta las zonas”.

La coordinadora de El Puente también contó que estuvo presente en la vista que se celebró en Bayamón, en la cual el Municipio levantó su voz de alarma, ya que las nuevas calificaciones le cambian áreas de desarrollo dirigido a industrias pequeñas y comerciantes medianos o áreas poco densas en áreas de alta densidad cerca de zonas residenciales. Alertó de que una vez adoptadas estas nuevas calificaciones un municipio no podría negar los permisos, lo que le va a atraer problemas con las áreas residenciales. De paso, señaló y desmintió declaraciones de la JP de que los municipios han avalado los cambios.

En esa línea reveló a Claridad que otra experiencia de las que se dio en las vistas fue el rechazo de representantes de la urbanización Garden Hills, uno de los sectores de más altos ingresos de Guaynabo, a cambiar la calificación de un sector de su comunidad, conocida como Bosque del Niño, para una propuesta de desarrollo intensivo.

Las portavoces del GTSCCS reiteraron las denuncias de que los datos de la JP están poco accesibles; que no se ha presentado toda la información necesaria para examinar los cambios propuestos; que tampoco se hizo ningún memorial explicativo y que la JP está partiendo de que como los cambios son equivalencias, ni siquiera tienen que hacer vistas públicas.

Frente a estas denuncias, la organización rechazó que los cambios que se estén proponiendo sean equivalencias. La última vez que se hizo un ejercicio de esta magnitud del cambio y planificación a nivel de las tres islas de Puerto Rico fue la preparación del Plan de Usos de Terrenos, que tomó casi una década y se concluyó en el 2015. La portavoz de El Puente, coincidió con la apreciación de que los cambios surgen a partir de declarar a Puerto Rico como zona de oportunidad y por la asignación de los fondos CDBG.

Mientras, la JP pareció haber cedido a la presión y anunció que extendió hasta el 9 de septiembre el plazo para emitir comentarios a los cambios de los mapas de Mapas de Calificación de Suelos de Puerto Rico.

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