Por Cándida Cotto y Giancarlo Vázquez
La voluntad del pueblo expresada en las urnas, la democracia, está en peligro para las próximas elecciones ante la inseguridad de que no se puedan utilizar las máquinas del conteo electrónico de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por su mal estado debido a la falta de mantenimiento. A seis meses de la celebración de las primarias, apenas a un año y unos cuantos meses para la celebración de las próximas elecciones generales, la amenaza de que se tenga que regresar al conteo de votos “palito a palito” está muy presente.
El pasado dos de mayo, la senadora Zoé Laboy Alvarado radicó una resolución (RS 1083) para que se investigue el estado de las máquinas de escrutinio electrónico y qué mantenimiento se les da, para saber si estarán disponibles en el próximo ciclo electoral. La resolución revela que las máquinas que se compraron en el 2015 por la cantidad de $38.2 millones a la empresa Dominion Voting Systems (DVS) y fueron utilizadas en los siguientes procesos electorales hasta el 2017 no han recibido el mantenimiento preventivo necesario. En octubre del 2018, personal de DVS viajó a la isla para evaluar el estado de las máquinas; pero se fueron sin realizar el trabajo al conocer que la CEE no les pagaría parte de una deuda de $5.2 millones. Más tarde, la Comisión les pagó $2.6 millones, por lo que todavía adeuda $2.6 correspondientes al año fiscal 2017-2018.
La resolución revela además que en marzo pasado, 36 de 450 máquinas examinadas no pasaron la prueba de carga. Estas 36 se suman a otras 612 que tampoco pasaron esa prueba en agosto de 2018. Otra cantidad indeterminada de las máquinas tiene hongos. El total de máquinas compradas es de 5,070.
En entrevista con CLARIDAD, la senadora Laboy Alvarado indicó que su preocupación por la situación surgió de su experiencia de años participando en elecciones, que le ha llevado a reconocer que el uso de estas maquinas significó para Puerto Rico una etapa nueva en las elecciones. Resaltó que esto fue así tanto para las personas que trabajaban en el escrutinio, que tenían que estar de madrugada en los colegios electorales, como para la que gente decía que no necesariamente se contaban los votos con exactitud. “Creo que el uso de esas máquinas vino a salvar la democracia, a que la voluntad del pueblo fuera más segura. Obviamente, no estoy sugiriendo que en las elecciones anteriores no se hiciera, pero me parece que el escrutinio fue bien bueno para Puerto Rico”.
La senadora por el partido de mayoría comparó su experiencia de trabajo con el Gobierno federal (Gobierno de E.E. U.U. en PuertoRico) y con el Gobierno estatal. El Gobierno federal invierte “mucho, mucho dinero” en el mantenimiento de los bienes inmuebles y muebles, atención que no presta el Gobierno estatal. Reclamó que cree mucho en el mantenimiento y que cuando vio en las noticias que a las máquinas no se les estaba dando mantenimiento, la situación le preocupó “porque yo creo que sería dar para atrás en la democracia de nuestra isla si esas máquinas no se pueden utilizar en las próximas elecciones”.
Laboy Alvarado se comprometió a que si en efecto las vistas reflejan que las máquinas no podrán usarse hará lo mismo que hizo con los safekit (se refiere a las pruebas de ADN de casos de violación almacenados por años en Ciencias Forenses) e insistirá en que se busquen las partidas para su mantenimiento. A preguntársele si había compartido su preocupación con la comisionada electoral del PNP, confesó que no había hablado con nadie. La senadora insistió en que su objetivo con la resolución es que la situación se atienda a tiempo y que se pague lo que haya que pagar para su uso.
Responsabilizan a la Junta de Control Fiscal y a Edificios Públicos
Al ser consultada, la comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) licenciada María de Lourdes Santiago narró a CLARIDAD que cuando se aprobó la utilización del sistema de conteo electrónico de votos, la Autoridad de Edificios Públicos –dueños de los edificios que utiliza la Comisión– se comprometió realizar mejoras en el edificio de operaciones electorales para garantizar unas condiciones óptimas de almacenamiento de las máquinas; pero que, a pesar de que la CEE cumplió con su obligación de pagar la renta y cumplir con los términos estipulados, Edificios Públicos no hizo su parte y no realizó la remodelación.
Confirmó que las máquinas no están en un ambiente con temperatura controlada que pueda evitar la humedad la propagación de hongos y otros efectos. Llamó la atención a que no solo las máquinas están almacenadas de manera inadecuada, sino que el estado en el que se encuentran los edificios en los que opera la CEE es pésimo.
Santiago denunció que la deuda con DVS depende de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Junta de Control Fiscal (JCF) y que, en la medida en que el dinero esté disponible, la CEE puede cumplir con sus obligaciones. Reveló además que durante el año fiscal anterior se dispuso que no se pagaría ni un centavo para los locales alquilados para la Junta de Inscripción Permanente (JIP), por lo que esa deuda permanece y sus reclamantes están haciendo fila junto con los demás acreedores del gobierno.
La comisionada electoral del PIP, exsenadora y candidata a la gobernación, trajo a la atención el que los organismos gubernamentales tienen que ceñirse en sus gastos a lo que apruebe la Legislatura en la Resolución de Presupuesto, por lo que si no hay una partida para determinado asunto no se puede atender. Explicó que en el caso del pago a DVS, para que se libere el dinero, la Comisión depende de la voluntad de la JCF y el empeño que le ponga la Administración en ejercer presión sobre esa reclamación.
“Hay que tener mucho cuidado con lo que parecería contribuir a proyectar que las máquina no van a estar hábiles para el conteo de votos porque parecería que hay gente que quiere regresar al conteo manual”.
Advirtió de que eso podría darle cierta ventaja al partido de mayoría, que tiene todas las agencias, los municipios, el mayor número de empleados y la posibilidad de movilizar más funcionarios de colegio. Señaló que esa no es una preocupación en el vacío ya que en las elecciones de 2012 (última elección que se hizo con conteo manual), la noche del evento, a su candidatura le robaron casi 12 mil votos que aparecieron en el recuento.
“Nosotros no tenemos ninguna objeción a las investigaciones — dijo refiriéndose a la RS 1083— ni a la resolución sombrilla de Rivera Schatz; no obstante, lo importante es que si se quiere un proceso electoral limpio y transparente, para eso se requieren recursos”. Santiago reiteró que se debe evitar regresar a los tiempos en que el conteo de votos dependía solo de los funcionarios de colegio.
La comisionada del PIP recalcó que es importante tener las máquinas hábiles para el 2020 y no propagar la idea de que debemos volver a contar palito a palito. A su juicio eso es un retroceso para los partidos de oposición. “Ese daño no es especulativo”, sostuvo.
Un acto de irresponsabilidad
En tanto, uno de los candidatos de las pasadas elecciones a quien el uso de las máquinas le garantizó el conteo de los votos recibidos, el ahora senador independiente José Vargas Vidot, denunció sobre la situación: “A mí me parece que esto es un acto de absoluta irresponsabilidad. Aquí no se establecen las prioridades. Las decisiones que se toman en política pública pueden ser por acción o inacción. Una inacción es una política pública, de manera que a mí no me cuadra ese asunto de que dejaron de pagarle los $5.2 millones. No me cuadra que las máquinas tenían hongo, que las baterías se dañaron, porque esa compañía le da servicio a Canadá, Mongolia, Filipinas y a otros 37estados”. Reparó en que uno de los pocos estados que se ha quejado hace un tiempo de problemas con el equipo es Nevada.
Vargas Vidot calificó la situación como una de dejadez e incluso la atribuyó a la cantidad de votos que él sacó “porque saben que las máquinas dan un potencial inmenso a cualquier expresión de reclamo de una democracia participativa. De verdad, siento que a esta altura del juego, en un estado tan tecnocrático y burocrático, este acto de inacción total es concebido por alguien que está provocando una crisis innecesaria”.
Agregó que pediría ser coautor de la medida (RS 1083) ya que le parece muy acertado lo que está presentando la senadora.
Guarda silencio comisionada electoral del PNP
Por su parte, la comisionada electoral del PNP, Norma Burgos, se abstuvo de hacer expresiones relacionadas con este asunto. Lo que hizo fue sugerir, a través de su ayudante Alberto Fraderas, llamar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para obtener una opinión al respecto.
La semana próxima: CLARIDAD conversa con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones
2015
– Se compraron las máquinas por la cantidad de $38.2 millones a la empresa Dominion Voting Systems (DVS) y fueron utilizadas en los siguientes procesos electorales hasta el 2017 no han recibido el mantenimiento preventivo necesario.
2018
– Personal de DVS viajó a la Isla para evaluar el estado de las máquinas; pero se fueron sin realizar el trabajo al conocer que la Comisión Estatal de Elecciones no les pagaría parte de una deuda de $5.2 millones. Más tarde, la Comisión les pagó $2.6 millones, por lo que todavía adeuda $2.6 correspondientes al año fiscal 2017-2018.
Marzo 2019
– 36 de 450 máquinas examinadas no pasaron la prueba de carga. Estas 36 se suman a otras 612 que tampoco pasaron esa prueba en agosto de 2018. Otra cantidad indeterminada de las máquinas tiene hongos.
El total de máquinas compradas es de 5,070.
Datos recogidos en la resolución RS1083 de la autoría de la senadora Zoé Laboy.
CLARIDAD
