Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
gvzaquezlopez@claridadpuertorico.com
Ciudadanos en su carácter individual y representantes de las distintas organizaciones que reúne el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) marcharon el pasado domingo 7 de abril desde la Plaza Colón hasta la Fortaleza.
La manifestación se dio en rechazo a la privatización de las escuelas, por la defensa de las pensiones de activos y jubilados, el apoyo a la Universidad de Puerto Rico (UPR), para exigir las permanencias a los maestros y maestras transitorios y la defensa de un sistema educativo público y de calidad.
La protesta se dio en el contexto de la renuncia de la exsecretaria de el Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, y en medio de una pesquisa federal en su contra.
Al llegar al Palacio de Santa Catalina, los portavoces de las organizaciones convocadas, le entregaron al asesor del gobernador, Reynaldo del Valle, una carta, la cual discutieron con él y que contenía los reclamos de las comunidades escolares. Entre los reclamos se incluyó también la reapertura de las escuelas que fueron cerradas y garantizar la permanencia de los maestros y maestras.
Una vez frente a La Fortaleza, la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez se dirigió al público, y reclamó la importancia de recordar que Keleher se fue, pero no su legado.
“Se va luego de haber cerrado 442 escuelas y afectar la vida de 75 mil niños y niñas, particularmente la población con diversidad funcional; con una Ley 85 aprobada con el aval de la legislatura, el gobernador y la Junta, ley que permite los vales educativos para que los colegios ahora vengan a ser subvencionados por fondos públicos…”
A juicio del vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Edwin Morales Laboy, la gran cantidad de personas que participó de la marcha evidenció que en el país las personas rechazan las escuelas Charter.
“Las comunidades están luchando desde abajo contra este modelo draconiano que busca repartir el presupuesto a manos de empresarios, imponer una dictadura empresarial que perjudica a nuestros niños y niñas”, dijo.
Por otra parte, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, envió ayer un comunicado de prensa proponiendo reevaluar de manera independiente el método de cerrar escuelas.
En el documento el senador propone la necesidad de un organismo que revise y evalúe las determinaciones que llevaron al cierre arbitrario de cientos escuelas a lo largo y ancho del país, para así garantizar que las mismas no se cerraron por criterios puramente económicos o por la indignante intención de lucrar a funcionarios o allegados al gobierno.
La legislación que brindaría oportunidad para que surja la transparencia mediante la creación de un comité intersectorial independiente, conformado por miembros de la comunidad escolar y la inclusión de todos los sectores que se han afectado y los protagonistas que participaron del proceso.
El comité tendrá la encomienda de reevaluar y pasar juicio de manera autónoma, sin la injerencia de ninguna rama gubernamental y amparados en los criterios contenidos en la ley 85, de todo este proceso del cierre de escuelas y la realidad actual de dichos planteles.
