Durante el largo tiempo que he trabajado en Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), muchas han sido las ocasiones en que ha estado en riesgo la importante aportación que hace esta institución para que las personas de escasos recursos económicos tengan acceso a la justicia en el ámbito civil. A este programa cuya iniciativa fue del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico hace cinco décadas, se suman otros que surgieron posteriormente como la Oficina Legal de la Comunidad (OLC), vinculada a la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y Pro Bono del Colegio. Son organizaciones que económicamente funcionan a base de propuestas que someten principalmente a la Corporación de Servicios Legales de Estados Unidos (LSC, por su siglas en inglés) y en mucha menor cuantía, pero de igual importancia, a la Legislatura de Puerto Rico. En cuanto a los fondos federales, la mayoría de las reducciones sufridas han respondido a las posiciones más conservadoras del Partido Republicano cuando ha asumido el poder. Típicamente organizaciones como SLPR litigan contra el gobierno por violaciones de derechos y esto, por supuesto, no es de su gusto. Así ocurrió cuando Ronald Reagan, cuyo gobierno impuso además limitantes restricciones para los casos que pueden tramitarse.
En esta ocasión en que el “Trompismo” ha rebasado los límites de la imaginación en cuanto a abuso de poder y decisiones adversas para las personas más vulnerables, ni siquiera aparecieron fondos asignados a LSC en el presupuesto inicial que fue sometido por la Casa Blanca. La esperanza está puesta en que tanto en el Partido Demócrata como en su contrario, hay defensores de los programas de Servicios Legales y que eventualmente la negociación que los procesos presupuestarios conllevan produzca asignaciones, aunque se da por descontado que habrá importantes recortes de fondos que traerán consecuencias sobre las entidades de Puerto Rico. Respecto a las asignaciones de la Legislatura de aquí, el drama tiene su raíz en la recesión económica que sufrimos, en el rol determinante de la Junta de Control Fiscal y en el proceso que se está dando en Cámara y Senado con el presupuesto. La falta de información y de un proceso abierto y participativo nos mantiene en ascuas sobre cuáles van a ser las cantidades que finalmente sean asignadas a los distintos programas de ayuda legal, al menos hasta el momento en que escribía este artículo. Están en la misma cuerda floja que otras organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, que ofrecen al Pueblo servicios esenciales que el gobierno no puede proveer porque carece del personal especializado que se requiere y de las condiciones necesarias.
Es tiempo entonces de aunar esfuerzos para que las entidades que hacen la labor de viabilizar el acceso a la justicia a las comunidades que defienden su derecho a la vivienda y a la protección de los recursos naturales; a las sobrevivientes de violencia de género, incluyendo a las inmigrantes indocumentadas; a las personas que están al borde de perder sus hogares debido a la crítica situación económica que el país trata de sobrevivir; a las niñas, niños y jóvenes con diversidad funcional cuyo reclamo a la educación especial que necesitan está amenazado, continúen operando con la calidad y dignidad que se requiere. De esta forma también serán preservados los empleos de madres y padres de familia que por años han trabajado en SLPR, en la OLC y Pro Bono. El junte de acción y defensa de la integridad de los programas señalados debe ser en alianza de unos con otros, como ha ocurrido en años anteriores; de las gerencias que los dirigen y las juntas de dirección con las uniones que representan a su fuerza trabajadora, en la que hay abogadas y abogados, personal de apoyo y administrativo; junto a la clientela que es la razón por la que existen. ¿ Qué mejor demostración de la justeza de que estas iniciativas que surgen de la sociedad civil y de esfuerzos comunitarios se mantengan como brazo defensor de los reclamos de justicia de las personas más necesitadas que la unidad de todos los sectores involucrados, compartiendo información, estrategias, acercamientos, reuniones, iniciativas? Al igual que la sociedad puertorriqueña en estos tiempos aciagos debe refugiarse en la fuerza de la solidaridad, el análisis y acciones de consenso para resistir los males que nos acechan y luchar por nuestros derechos, las organizaciones que representan a las personas pobres en sus reclamos legales amenazadas por los recortes de fondos deben hacer lo mismo.
