Entrevista a Pedro Saadé Lloréns: La lucha consistente le dio el triunfo a Playas pa’l pueblo

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

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Solo el activismo consistente –aun con todo el marco legal que pueda haber– fue la constante que hizo posible detener la privatización de las cinco cuerdas del Balneario Público de Carolina. Así lo afirmó el licenciado Pedro Saadé Lloréns, representante legal de Amigos del Mar, organización que durante 14 años mantuvo el campamento de resistencia Playas pa’l pueblo.

En este mes de junio se supone que el Municipio Autónomo de Carolina asuma la responsabilidad de las 4.0732 cuerdas de terreno en disputa, que fueron segregadas de las cinco cuerdas originales de la finca de 39,831 cuerdas que comprende los terrenos del Balneario de Carolina. La devolución de los terrenos se da tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo entre el Municipio y la empresa CH Properties, que pretendía apoderarse de los terrenos para su privatización. El acuerdo conlleva el pago por parte del Municipio de $2 millones a CHP: un primer pago de un millón y un segundo millón que se dividirá en dos pagos, además de un nuevo contrato de arrendamiento por parte del Municipio a CHO por las 0.9268 cuerdas en litigio.

CLARIDAD conversó con el experto en Derecho Ambiental y veterano en luchas ambientales, licenciado Saadé Lloréns, respecto a la importancia del caso que conllevó 14 años de resistencia civil y legal.

El origen de la controversia

Cuando comenzó el caso, ¿estimó que iba a tomar tanto tiempo?

“No, no. Esa controversia y la desobediencia civil que devino fue en el 2005, que es cuando comienza la compañía a eliminar toda la vegetación y a rellenar parte del predio, eliminando la arena, la costa y depositando tosca. Ahí es entonces que inician las protestas y se inicia el campamento que dura hasta el presente. Son casi 15 años”.

“El contrato de arrendamiento –la fruta podrida– de los terrenos entre el Municipio de Carolina y CHP se firmó en el 1996, por lo que la lucha de Playas pa’l pueblo es un ejemplo más de que las controversias ambientales tienen distintos componentes, entre los que se incluyen el aspecto legal, la desobediencia civil y protestas de otro tipo. En efecto, ha habido otras circunstancias que han durado mucho tiempo. Por ejemplo, la lucha con relación a los terrenos de Piñones y Vacía Talega, que duró sobre 20 años. El Corredor Ecológico del Noreste también tomó varios años. Ahora, Peñuelas y el carbón, por lo que no se puede decir que es un suceso aislado, pero sí que cada una tiene sus características particulares”.

Foto por Vicente Vélez/CLARIDAD

Saadé Lloréns expresó que entiende que la lucha de Playas pa’l pueblo tiene elementos comunes con otras luchas y tiene particularidades propias. “Esta es una lucha en que quedaron enfrentadas dos visiones y dos objetivos. El objetivo de la empresa y del Gobierno al otorgar el contrato en 1996 era auspiciar el lucro particular y la privatización de una zona costera. Eso se enfrentó a una visión que es lo que genera la protesta: mantener el espacio público y mantener pública esa zona de playa, esa zona de costa. Eso es muy importante”.

Además señaló que había un enfrentamiento en términos de la protección ambiental. Por parte del Gobierno y de la empresa privada se podía prescindir de esa visión, pero para los que insistían en la protección ambiental, esa visión era importante. En términos de visiones sobre planificación, apuntó que con el transcurso del tiempo se ha podido observar que toda la construcción muy cercana a la costa no ha sido buena desde el punto de vista de la planificación porque impide el disfrute de la costa y de la playa. “Aquí querían tomar un pedazo de terreno de cinco cuerdas y privatizarlo, excluir el disfrute del público del balneario –porque esto fue del balneario desde el principio–, robar esas cinco cuerdas para un proyecto hotelero timeshare. Esa confrontación tan fundamental siempre ha estado presente a pesar de las características particulares”, recalcó.

Frente a la confrontación de estas dos visiones destacó que lo que hace la diferencia en la lucha de Playas pa’l pueblo, como en otras que han tenido éxito, incluso la lucha de Vieques con sus altas y sus bajas, es la persistencia en la resistencia de la desobediencia civil y la protesta, “porque ese campamento se ha mantenido desde el 2005”. 

El marco legal

¿Considera que durante el proceso las leyes ambientales ayudaron? ¿Se probaron al punto que se pueda decir que funcionan?

“Yo diría que la lucha legal contribuyó; pero no se puede decir que fue definitorio porque la persistencia en la resistencia y la desobediencia civil, en este caso en particular, fue muy importante. Puede ser que en otras luchas la fuerza relativa de un elemento u otro cambie, y no es que no haya contribuido, pero si no hubiese sido por el elemento de la resistencia, probablemente no estaríamos celebrando lo que estamos celebrando”.

Un argumento legal, en el cual dijo que siempre se insistió, es que los terrenos son de dominio público y han sido considerados parte del balneario desde décadas atrás, además de que la propia composición geográfica y física de los terrenos es parte de la zona marítimo terrestre. Esto quedó confirmado cuando, en el 20016, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) hizo un deslinde y buena parte de las cinco cuerdas quedaron como bienes de dominio público.

Saadé Lloréns recordó que los oficiales gubernamentales, desde el Municipio de Carolina, así como la Junta de Planificación, el DRNA e incluso el Departamento de Justicia, variaron su postura durante el tiempo que duró la controversia y según los intereses políticos. “En términos del Municipio, en los últimos tiempos, el cambio ha sido muy importante porque durante los primeros años de lucha en que los grupos estábamos cuestionando la validez del contrato, en partes importantes de la lucha, el Municipio se mantuvo neutral”.

Esa neutralidad cambió cuando en el 2013 el Municipio de Carolina demandó a CHP porque no le estaba pagando la renta. La deuda sumaba millones de dólares. Esta demanda trajo como consecuencia una contrademanda de parte de CHP. Este enfrentamiento legal produjo un acuerdo entre las partes que conllevaba la remoción del campamento de Playas pa’l pueblo.

Dado la crisis política que representaba para el Municipio el remover el campamento, al encontrar que eso no era factible, dio un giro en su postura e inició las acciones para expropiar el contrato. Saadé Lloréns reconoció que este giro se dio en parte debido a que el Municipio tenía unos asesores legales con una visión distinta, de asesorar en una forma más consistente con el interés público.

Por parte del Gobierno central también hubo cambios en su postura. Para el 2005 a 2006, el Gobierno asumió la posición legal de cuestionar el contrato y de una mayor protección ambiental. 

“Esta compañía ha demostrado un vínculo fuertísimo con el PNP, y eso se nota a través del tiempo. Lo primero que hicieron fue cambiar de ruta e intentar segregar los terrenos para proteger la compañía y atacar a la comunidad con el cuestionamiento del contrato. Eso dura hasta nuestros días. El ejemplo más claro de los vínculos de la compañía con el PNP es la reciente Resolución Conjunta 94 que presentó el senador Romero para hacer una interpretación perjudicial a los reclamos legales del Municipio”.

Denunció que esta influencia se extiende a la rama judicial, lo que se evidencia en que, según el magistrado que atendía el caso, la compañía contrataba abogados identificados con el PNP. El tribunal además se negó a reconocerle legitimación activa a un grupo de vecinos y a grupos ambientales que solicitaron intervenir en el caso que cuestionaba el contrato de arrendamiento. La relevancia de esta decisión es que su consecuencia es la “fruta prohibida”: el contrato de arrendamiento permaneció intacto. El acuerdo al que llegó el Municipio de Carolina con la empresa conlleva una compensación de $2 millones a CH Properties.

A la luz de esta experiencia, Saadé Lloréns no descartó que ocurran casos semejantes en otros lugares, por lo que hizo la advertencia de que los acuerdos a que los municipios puedan llegar con entes privados podrían tener consecuencias directas en términos del costo y el impacto al pueblo. Agregó que a pesar de que las entidades del Gobierno tuvieron cambios a través del tiempo, la constante ha sido si lo que está en controversia es para disfrutar como bien público o para privatizar.

Destacó que las luchas por salvaguardar y proteger los espacios públicos es una acción muy pertinente en el Puerto Rico de hoy ante la fe ciega de muchos de que todo lo privado va a prevalecer, de que va a sacarnos de la crisis. 

Abrazo al bosque 

Tras el recobro de los terrenos para el balneario y el levantamiento del campamento, el licenciado Saade Lloréns indicó que ahora se entra en una etapa nueva, que es el manejo del bosque costero. “Hasta ahora hemos visto una reacción muy buena del Municipio de valorar ese bosque costero”. A la vez anunció que Playas pa’l pueblo se mantendrá alerta para que el acuerdo se cumpla y que CHP no ocupe ni viole las zonas públicas. Resaltó que, inclusive, el acuerdo dispone que no se podrán construir habitaciones adicionales.