El patrón adoptado por la Policía de arrestar a personas en medio o luego de haber participado en una manifestación pública, está llevando al país a una crisis constitucional en términos de derechos civiles. “El pueblo no puede estar tranquilo ahora de si participa en una protesta no vayan luego a arrestarlo como hacían en Chile o Argentina”, denunció el abogado experto en Derechos Civiles, William Rámirez Hernández.
Desde semanas antes del 1ro de mayo, hasta el presente, 22 personas, en particular jóvenes universitarios, han sido“arrestados” por la Policía luego de haber participado en alguna manifestación. Las circunstancias en que se han producido los “arrestos”, policías vestidos de civil sin identificar, el uso de vehículos sin identificar, el mantener a las personas incomunicadas durante horas, 22, 28 horas, en paradero desconocido, ha sido el modus operandi de los arrestos, lo que se asemeja más a un secuestro que a un arresto legal. En algunos casos las personas han sido secuestradas cuando se encontraban a solas.
“Todo esto es un intento de suprimir la expresión, y no es legal. Cuando una persona se acerca vestido de civil y te mete en un carro sin identificar, eso no es un arresto eso es un secuestro. Eso compara con prácticas de gobiernos dictatoriales, con lo que se daba en Puerto Rico en los años de los ‘70 y ‘80 con lo que estaba ocurriendo en Chile y Argentina y más reciente en México”, manifestó en entrevista el licenciado William Ramírez Hernández, director ejecutivo del capítulo de Puerto Rico, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU,siglas en inglés).
Ante esta conducta de la Policía, Ramírez Hernández, denunció que el Departamento de Justicia de Purto Rico (DJ) sabe lo que está pasando y debería actuar motu propio, sin necesidad de esperar a que alguien se queje.
¿Cómo es posible que la Policía haya adoptado este comportamiento cuando se supone que la Policía está bajo una reforma federal precisamente por violación a los derechos civiles?
Ramírez Hernández, confirmó que el DJ sabe lo que está ocurriendo ya que coincidió que hace unas semanas hubo una vista en el Tribunal Federal (Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico) sobre la reforma y él trajo el tema, “lo que pasa es que ellos no ven nada malo en ello”.
A la postura en la isla de la presente administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) el director ejecutivo de ACLU expuso que en el plano federal hay otro problema y es que contrario a la administración del expresidente Obama, que se dedicó a reformar los cuerpos policiales que estuvieran incurriendo en violación de derechos civiles y corrupción, ahora con la administración de Donald Trump hay otra visión. Continuó que el actual secretario de Justicia, Jeff Sessions, está tratando de deshacer los acuerdos de las reformas policíacas.
“Son de la mentalidad de que todos estos esfuerzos de reformar policías y de quitarles ciertos poderes lo que hace es atarle las manos a la Policía y no permite que hagan su trabajo”. Ramírez Hernández reveló que ésta es una discusión que se ha tenido en casi todos los lugares en que hay reformas de los cuerpos policíacos y que de hecho ACLU tiene una reunión el 27 de junio en Washington, sobre la situación.
Hizo la salvedad de que en el caso de Puerto Rico la discusión no se ha dado debido a que los acuerdos ya fueron firmados entre las partes –el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de EEUU– y fueron aprobados por el tribunal. Una vez aprobados y firmados los acuerdos se tornan vinculantes, como si fuesen una orden del tribunal y no se pueden deshacer.
El licenciado Ramírez Hernández, reconoció que en el caso de Puerto Rico, “el juez Gustavo Gelpí ha sido proactivo en mantener el acuerdo vivo en otras jurisdicciones hay jueces que no les ha importado y el secretrio de Justicia y Trump han podido detener algún tipo de avance en la reforma”. Trajo que en la ciudad de Baltimore la reforma no se había endosado por el tribunal aunque ya había unos acuerdos firmados por las partes y en cuanto la administración de Trump asumió el poder acudió al tribunal con una moción de que el DJ se retractaba del acuerdo pero el juez no lo permitió.
En el caso de Puerto Rico también dio crédito de que el monitor federal, es la persona que ha mantenido el interés porque se cumpla con la reforma, mientras los demás componentes incluyendo a la Superintendente están tratando lo contrario. Ramírez Hernández, censuró las posturas públicas de la coronela Michelle Hernández de decir que se está monitorenado a las personas en las redes sociales y defender los “arrestos”. Ambos procedimientos reiteró el director ejecutivo de ACLU son ilegales e inconstitucionales.
“Una persona que cree en una reforma de la policía no va a estar carpeteando y arrestando gente. Lo otro es que cómo tú vas a decir que las personas que están arrestando en ropa civil están haciendo algo necesario y que no son encubiertos, claro que son encubiertos, no son policías en ropa de civil. Yo planteo que un policía civil es un policía que viste con su ropa de civil, pero tiene a la vista su identificación de policía, su arma, su placa, eso es un policía vestido de civil. Pero un policía que está vestido en ropa de civil, que no se identifica con una placa, que no hay manera de saber que es un policía porque tampoco está en un carro oficial, esa persona no es un policáa vestido de civil ese policía es un encubierto. Cuando un policía te arresta sin identificarse y te mete en un carro no oficial eso es un secuestro no un arresto”.
El defensor de los derechos civiles trajo a colación que en los incidentes del 1 ero de mayo otro miembro de ACLU y él aun estando identificados fueron agredidos por la policía con gases lacrimógenos, cuando se supone que la Policia no tiene este material disponible. El dato surge de la reforma.
Ante el proceder que ha adoptado el cuerpo paramilitar, Ramírez Hernández cuestionó, además, quién es la persona que está mandando en la Policía y acusó que no fue una coincidencia el que dos días antes del 1ro de mayo se confirmara al exsuperintendente Héctor Pesquera como el jefe de la nueva agencia de “seguridad pública”, y denunció que que tiene conocimiento de que ese dia Pesquera estaba operando tras bastidores en el manejo de la situación.
Otra conducta asumida por la Policía sobre la cual llamó la atención es la de no intervenir con supuestos manifestantes que ven que están rompiendo cristales o pintando paredes. Puntualizó que la función de la Policía es evitar que se cometa un delito y proteger el derecho de las personas a manifestarse, por lo que la práctica de la Policía de dejar que se cometa el “delito” y luego hacer redadas de gente que saben que estuvieron en las protestas y alegan que cometieron delitos se presta para el carpeteo.
A la luz de los actuales acontecimientos el entrevistado comparó el que antes de que se firmara la reforma los actos de violaciones de derechos y corrupción eran conductas más bien del policía, “pero lo que estamos viendo ahora aparenta ser una agresión organizada de parte del gobierno de perseguir a todas esas personas que entienden que interrumpen el plan de gobierno que tiene esta administración”.
Examinan legislación
En esa línea de observar de que hay una crisis constitucional en el país, Ramírez Hernández, indicó que la ACLU ha organizado a un grupo de peritos tanto de la isla y en el exterior que está examinado las enmiendas al Código Penal (CP) aprobadas por la actual Legislatura, que van dirigidas a criminalizar la protesta.
Se refirió a los artículos:
Art. 200 CP; penalizar como delito grave con tres años de cárcel fijo el obstruir y/o bloquear con una protesta cualquier construcción.
Artí. 246 CP: penalizar como delito menos grave cualquier resistencia u obstrucción a una autoridad pública. Art. 247 CP: califica de delito menos grave la obstrucción, el acceso de y las labores en instituciones educativas y de salud.
Artí. 248 CP: Tipifica como delito grave el uso de un disfraz, maquillaje, máscara con la intención de intervenir de alguna forma con actividades ordinarias de una institución de educación o de salud, o el uso de éstos para cometer un delito.
El licenciado Ramírez Hernández, afirmó que a la luz de estas disposiciones técnicamente no se puede ir a la plazoleta del Capitolio a protestar. “Yo creo que aparte de que es un plan que ellos (el gobierno) tienen, no sólo es peligroso, es como volver a Argentina, Chile, es peligroso porque eso demuestra que esta gente que juraron respetar la Constitución están haciendo lo contrario. Están incurriendo en una conducta que nos está llevando a una crisis constitucional”
