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Es la impunidad lo que ciega… y estimula

 

CLARIDAD

“El poder ciega”, decía un titular de portada de El Nuevo Día citando a Félix Delgado, quien hasta hace unos días fue alcalde del municipio de Cataño, tras ser imputado de aceptar sobornos a cambio de contratos. La frase no tiene nada de original, es banal y repetida, pero el diario creyó necesario destacarla en portada a modo de advertencia a otros alcaldes y funcionarios que podrían ser “víctimas” de la misma tentación.

¿Cuál es el poder de un alcalde como el de Cataño? No creo que sea tan grande como para provocar ceguera. Se trata de un municipio cuya población no llega a los 25 mil habitantes por lo que la influencia política que pueda reunir es bastante limitada. En Puerto Rico los alcaldes presionan y hasta intimidan a los líderes nacionales porque controlan la maquinaria que mueve votos, pero si tu base poblacional es reducida la capacidad de intimidación también lo es. De modo que la manida frase de que “el poder ciega”, pertinente cuando se trata de jefes de estado de países poderosos, le queda bien grande al alcalde de Cataño.

De lo que la frase sirve de evidencia, cuando la pronuncia alguien como Félix Delgado, es de su gusto por la ostentación. No tiene poder, pero le gusta aparentar que lo tiene. Estamos ante un pequeño cacique de aldea de origen pobre, que creció mirando a otros con cierto poder, desarrollando en el proceso un enorme apetito por la apariencia. Mientras su batata era pequeña –empezó como chófer de una legisladora corrupta- no podía ostentar mucho, pero en la alcaldía el “show” comenzó tan pronto llegó.

La pasarela que montó el alcalde desde su pequeño feudo, que se asoma a la bahía de San Juan, nos lleva al tema central de este artículo, que adelantamos en el titular. Tan pronto tomó control del presupuesto municipal en 2017 comenzó a vérsele con camisas de diseñador, relojes caros y con aires de pequeño príncipe. Casi de un día para otro el exchofer se trasformó y, tanto él como su joven esposa, se convirtieron en aspirantes a modelos.

La ostentación del pequeño alcalde irradiaba numerosas luces rojas, pero nadie del gobierno central quiso mirarlas. Como he dicho en otras ocasiones, Puerto Rico tiene un entramado institucional para combatir la corrupción que, de su faz, luce apropiado, pero quienes lo crearon solo lo hicieron para ganar titulares. La efectividad de las instituciones depende de quienes las dirigen y los dos partidos que han controlado el gobierno colonial siempre han colocado allí a fieles cuadros políticos que nunca persiguen a sus patrocinadores.

La pasarela de El Cano, como apodan al mini cacique catañez, comenzó a operar en 2017, alimentándose de los contratos que repartía entre otros fieles del PNP que se pagaban con fondos municipales. A lo largo de los cinco años que duró el “show” nunca el Departamento de Justicia de Puerto Rico, que tiene una pomposa División de Integridad Pública, inició una investigación. Durante ese quinquenio el DJ fue de la siempre sospechosa Wanda Vázquez al pudoroso Domingo Emanuelli, pasando por otras fiscales de carrera, pero nadie se dio por enterado de lo que ocurría al otro lado de la bahía de San Juan. Ni siquiera después de que los traqueteos del alcalde se tornaron públicos gracias a reportajes periodístico, Justicia investigó. Hace más de un año que vienen publicándose noticias y no es hasta que el FBI anuncia el arresto del alcalde y uno de sus socios (hay muchos más) que Emanuelli anuncia que “está evaluando” la información “que ha trascendido”.

Y no solo se sabe de los traqueteos del alcalde. También se conoce que varios de los otros actores, utilizando similares mantos corporativos, están activos en otros municipios. Esa realidad, que resulta evidente para la gran mayoría de los puertorriqueños, no lo es para el Departamento de Justicia que sigue mirando el drama que se desarrolla frente a las narices de sus funcionarios.

Es esta impunidad lo que “ciega” a los caciques pueblerinos y no el menguado poder que alegan tener. Más que ceguera, lo que les da es entusiasmo, les sirve de estímulo para seguir apropiándose de dinero público. Ahora mismo se sabe que hay, al menos, 18 municipios que tienen contratada a alguna de las corporaciones del entramado ideado por el abogado Oscar Santamaría. La mayoría de esos alcaldes no enfrentará cargos, ni aun promovidos por el FBI que tanto alardea de su capacidad investigativa. Todos ellos ya han comparecido ante la prensa declarándose “limpios” y hasta ahí llegará la investigación.

Algunos de esos alcaldes llegaron al cargo tras las elecciones de 2020 y lo primero que hicieron fue cancelar el contrato de más dinero en el municipio, que es el que cubre el recogido de basura, para dárselo a alguna de las corporaciones montada por Santamaría. A nadie en Justicia esto le resultó sospechoso porque es el modus operandi de la politiquería. También es común que ese trasiego de contratos esté acompañado de sobornos y cualquier investigador acucioso podría descubrirlo, pero eso sería entrar en terreno prohibido.

Para mayor vergüenza, el DJ y el gobernador Pierluisi miraron impasibles mientras el alcalde de Cataño colocó como su sustituto y principal candidato a sucederle al abogado que lo había protegido en los pasados cinco años. Como los mafiosos cuando son arrestados, El Cano seguirá moviendo los hilos mientras trascurra el breve encierro que negoció con los federales. Gracias la impunidad oficial, el negocio seguirá abierto con nueva administración.

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