Entrevista a Cecille Blondet
CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
Los inversionistas millonarios y multimillonarios beneficiados con la generosidad del pueblo puertorriqueño mediante la Ley 22 han acudido al Tribunal Apelativo de Puerto Rico para evitar que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) continúe publicando en su página web sus nombres, el decreto y la fecha en que fue otorgado.
El pleito originó en noviembre del 2020 cuando la llamada Puerto Rico Privacy Association (PRPA), llevó al tribunal tanto al DDEC y al Departamento de Hacienda (DH) procurando que se le ordenara a ambas agencias el que cesaran la publicación alegando que es información privada. La asociación que se presume está integrada por inversionistas beneficiados con la Ley 22 -según la página del Departamento de Estado de Puerto Rico- fue incorporada el 16 de abril del 2020. En la página no se identifica nombres de incorporadores. El 13 de enero del 2021 el juez Anthony Cuevas Ramos falló en contra de los demandantes por lo que estos han acudido al Tribunal Apelativo.
En entrevista Cecille Blondet, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos (EA), la cual intervino en el pleito respaldando la postura del DDEC, contextualizó la importancia de que tanto la información sobre la Ley 22 como de todas las otras leyes que conlleven incentivos y/o exenciones sea pública. Desde el 2017 EA ha estado trabajando en el tema de la divulgación de la información que tiene que ver con lo que llama el “presupuesto oculto”. El concepto surge a partir de un estudio que hizo EA sobre todos los incentivos, decretos y exenciones que otorga el gobierno de Puerto Rico por virtud de leyes para dar un trato contributivo preferencial o diferente a ciertas personas, industrias o compañías por considerar que de esa manera se incentivan asuntos económicos o inversión social.
“Eso es algo que pasa en todos los países y está bien visto, sin embargo, lo que nosotros reclamamos es que esa información sobre la cantidad de gastos fiscales en la mayoría de los países alrededor del mundo es parte de lo que se considera cuando se hace un presupuesto de ingresos y gastos”.
En Puerto Rico -al menos públicamente- eso no ocurría, por lo que EA comenzó a reclamar que se publicara un informe de los gastos fiscales. Su inquietud e interés respondía al hecho de que el gobierno estaba comenzando a tomar medidas de austeridad que estaban afectando algunos sectores de la población en las áreas más visibles del presupuesto, pero esa parte en el presupuesto que no se ve -el presupuesto oculto- no se estaba viendo afectada o evaluando.
Blondet repasó que tuvieron que acudir al tribunal para lograr que el gobierno accediera a publicar un informe sobre gastos fiscales. Ese es el caso que se comenta en el chat del exgobernador Ricardo Rosselló, cuando se ventilaba.
Incluso la petición de que el gobierno de Puerto Rico rindiera un informe de gastos fiscales también se hizo durante la discusión de la ley Promesa y el gobierno llegó a argumentar que el informe no se hacía porque las leyes estaban en distintos departamentos, que la información no se había recopilado, que era difícil recopilarla y por lo tanto no existía.
“Pero cuando Promesa pide que se haga el informe en el Congreso, alguien puso que se mantendría confidencial y que la Junta no podía divulgar el informe y el caso que lleva EA en aquel momento es que como el informe lo prepara una agencia de gobierno de Puerto Rico y está bajo las leyes de Puerto Rico y la información pública es un derecho de los ciudadanos, el informe no cumplía con la excepción de confidencialidad”.
La directora de EA reveló que la JCF les confirmó que había recibido el informe por lo que le solicitaron el documento al DH que insistía en que no podía entregarlo. Así las cosas, el caso llegó hasta el TSPR y en septiembre del 2019 el tribunal le ordenó al DH a que publicara un informe sobre gastos fiscales. Siendo así la primera vez que el DH publica ese tipo de informe, claro con datos del 2017. Blondet resaltó que fue la primera vez en que los puertorriqueños conocimos cuánto dinero habíamos dado en exenciones. La cifra fue de sobre casi $21 mil millones, la que apuntó es una cantidad considerable respecto al tamaño del presupuesto de Puerto Rico. El presupuesto del Fondo General es de alrededor de unos $10 mil millones anuales si se habla del presupuesto consolidado con los fondos federales y otros fondos especiales el presupuesto es entre $23 y $25 mil millones anuales.
Como vemos los gastos fiscales -ese presupuesto oculto- casi igualan al presupuesto consolidado.
Después del logro de EA en el tribunal, el DDEC empezó a publicar en su página web algunos de los recipientes de las sobre 76 leyes en Puerto Rico que ofrecen algún tipo de trato diferente contributivo y ahí están las leyes 20 y 22, las cuales reparó que, aunque se suelen mencionar juntas, son bien distintas.
Aunque Blondet señaló que EA no está haciendo juicio sobre si eso es bueno o malo, sí está reclamando que esa información debería ser pública y que en el proceso presupuestario anual los legisladores y el ejecutivo deberían estar evaluando si ese dinero en realidad está rindiendo el resultado para el cual fue aprobado. “Tenemos que pensar que no todos estos incentivos van a tener un efecto económico porque hay también deducciones sociales como por ejemplo el crédito por trabajo para atender el tema de la pobreza y participación laboral”.
Dijo que al presente EA está estudiando a cuáles industrias van esos $21 mil millones y han podido notar que no necesariamente todos tienen unos informes de rendimiento suficientes. Aunque aclaró que no están evaluado en específico la Ley 22 ni sus efectos, ya que entienden que hay otras leyes en las cuales tienen mayor interés, reconoció que hay un reclamo público para que se evalúe los efectos de la ley.
“EA lo que ha insistido hasta este momento es que la información debe ser pública -de este y de todos los otros incentivos- que eso es un gasto público y como es un gasto público, es un ingreso que deja de generar el fisco pues es como si saliera del bolsillo de todos nosotros y por lo tanto tenemos derecho a saber”.
Precisó que, en todos los estados, incluso el Distrito de Columbia, -excepto Dakota del Sur- se publica este tipo de informe desde el 1974. Es una norma en 25 países de la Unión Europea. En EE UU también hay organizaciones no gubernamentales que publican y dan seguimiento a estos datos.
¿Es la isla un paraíso fiscal?
“Ahora sabemos que el Congreso está haciendo una investigación, es posible que de ahí es que surge la preocupación de estas personas. En el Congreso se está evaluando si eso es una evasión contributiva y si esa ley hace que la isla se constituya en un llamado ‘paraíso fiscal’, pero en realidad tenemos que pensar que ambas leyes fueron autorizadas por el IRS porque Puerto Rico no puede ofrecer ese trato para ciudadanos o personas que tributan en la jurisdicción federal”.
Una de las cosas que expresó que a EA le llamó la atención de la demanda fue el que si es posible que una organización que representa a unas personas acceda a un remedio al tribunal sin divulgar sus nombres. El caso se sometió como uno sellado.
Desde la óptica de EA sí reconoció que Ley 22 sí podría convertir a la isla en un paraíso fiscal. Aun cuando ahora mismo dijo esa etiqueta no la tiene en términos jurídicos ya que está avalada por el IRS señaló que eso es lo que está investigando el Congreso. “Habrá que ver que lo que se decide. Lo que sí es que tiene características porque estamos hablando de personas que han dejado de tributar”. En esa dirección añadió que a nivel federal el gobierno de EE UU está preocupado por ese tema y que a nivel local también deberíamos estarlo y evaluar si conviene o no conviene. Lo que se ha observado es que ha habido una inversión en la propiedad privada de bienes raíces, pero ¿qué efecto ha tenido eso para los puertorriqueños que vivimos aquí? ¿Qué efectos está teniendo sobre la valoración de unas propiedades y qué efectos también está teniendo de justicia o injusticia contra las otras personas? Eso no se está viendo.
“Estas personas viven en Puerto Rico usan la infraestructura nuestros aeropuertos, nuestras carreteras, lo que pagamos todos los demás, entonces es justo evaluar si [con] eso -que es un trato preferencial que se le ha dado- estamos de acuerdo. Creo que ese es el ejercicio que se tiene que dar, por eso es tan importante que se transparente la información, sobre todo lo que son gastos fiscales, para que constantemente estemos evaluando sus rendimientos”.
Blondet hizo la salvedad de que no es catalogar a alguien como un villano, si no el uso que esas personas están dando a ese beneficio contributivo y los resultados para el resto de la sociedad. “Nosotros también tenemos el derecho de reevaluar y decidir. Después de varios años podemos decidir eliminarlas o ajustarlas”. En ese aspecto consideró que la ley no debió tener un tiempo tan largo (2036). Más aún dio a conocer que después del huracán María ante la crisis del país los beneficiados con la Ley 22 fueron eximidos de estar en el país.
La directora ejecutiva de EA fue enfática en plantear que los miembros de una sociedad tienen la responsabilidad de cada uno aportar de manera proporcional a sus capacidades y el que tiene mucho debería aportar más que el que tiene poco. “Lo que nosotros vemos es que nosotros tenemos un sistema contributivo también federal que no necesariamente atiende eso de esa manera y desde EA nosotros sí promovemos políticas públicas, políticas fiscales que atiendan esa brecha que existe entre las contribuciones de uno y las contribuciones de otros. Creo que ese es el reclamo mayor que los puertorriqueños hacemos cuando nos damos cuenta que hay unas personas que tienen una capacidad de aportar y no lo hacen cuando Puerto Rico, los puertorriqueños, más lo necesitamos. Y que se aprovechen no solamente de las circunstancias fiscal sino también de los mejores espacios de propiedad que tiene Puerto Rico y si eso sigue como va, bueno, los puertorriqueños seguiremos desplazados de espacios que anteriormente eran asequibles para los puertorriqueños. Y en la medida injusta hay unas personas que tienen más porque no tienen que pagar más que los demás, se afecta el país completo y está cambiando la configuración”.
