Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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¿Está el país en condiciones de reabrir su actividad económica, levantar el toque de queda y regresar a una relativa normalidad?
Mientras varios grupos del sector privado presionan a la gobernadora para una reapertura y el task forcemédico presenta un plan de reapertura de cuatro fases, se alzan voces más precavidas. Entre estas se encuentra la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR), quien alertó sobre el peligro de reabrir el comercio y la actividad industrial a principios del mes de mayo y propone anteponer la salud y el bienestar de los ciudadanos para atemperar la crisis del COVID-19.
A juicio de la AEPR la intención de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, de liberar a principios de mayo varias actividades productivas puede provocar un repunte en los contagios de COVID-19 en el país, provocando tener que volver al cierre total de la economía por un tiempo más extenso. Contrario a lo deseado, los economistas señalaron que, tanto a corto como a largo plazo, el resultado podría agravar más aún la contracción en el Producto Nacional Bruto Real (PNBR) de Puerto Rico, el cual ha acumulado una reducción de 19% entre el 2007 al 2017.
“Si, a pesar de los factores adversos señalados, el Gobierno reabre la economía, solo la producción considerada esencial deberá permitirse, a la vez que exigir a los patronos que tomen medidas para proteger la vida de los trabajadores, incluyendo: proveer equipo de seguridad y protección en el trabajo, aportación para un seguro médico, licencia de enfermedad, y salarios cónsonos con el costo de vida. Dichas medidas deben ser para todo el personal, sin importar su situación contractual y jornada laboral. Si las personas deben exponer sus vidas para salir a trabajar, entonces deben tener las protecciones adecuadas. De lo contrario, no deben regresar al trabajo”, declaró Heriberto Martínez Otero, presidente de la AEPR.
El presidente de los economistas reclamó que el gobierno debe garantizar las condiciones materiales y salubristas que les permitan a los ciudadanos quedarse en sus casas durante el tiempo necesario para proteger su salud y satisfacer sus necesidades básicas. Para ello debeadoptar políticas públicas encaminadas a asegurar los ingresos básicos que garanticen la seguridad alimentaria por varios meses.
La AEPR recomendó que se ponga en vigor la ley sobre del Empleador Único, para permitir que profesionales de la salud que no están destacados en la actualidad en hospitales puedan hacer las visitas y administrarlas. Además, activar a empleados públicos para el procesamiento de reclamaciones de los pagos de Seguro por Desempleo que y se aceleren los trámites del subsidio federal a todo beneficiario del Seguro Social. La AEPR también coincidió con la postura de la Junta de Control Fiscal (JCF) de que el Gobierno no ha utilizado todos los fondos asignados para combatir la crisis del COVID-19. La AEPR incluso recomendó que los fondos reservados para el pago de la deuda pública se utilicen para ayudar a las personas y a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y para comprar equipo de salud y otros suministros médicos.
LA AEPR también expresó preocupación por la falta de una estrategia regional para enfrentar la pandemia del coronavirus y recomendó una mayor comunicación y coordinación entre el Gobierno de Puerto Rico y los de Texas, Florida, New York y New Jersey, de donde procede el mayor flujo de vuelos y pasajeros desde Estados Unidos, así como estrechar la comunicación con los gobiernos de la región del Caribe para intercambiar visiones y estrategias de cómo enfrentar la pandemia en un espacio geográfico similar.
Por su parte, Raúl Santiago Bartolomei, director asociado de investigación y Deepak Lamba-Nieves, director de investigación del Centro para una Nueva Economía (CNE), apuntaron que Puerto Rico está entre los países menos preparados para reducir el toque de queda. Los investigadores del CNE analizaron a su vez una investigación del Blavatnik School of Goverment, de la Universidad de Oxford, en la cual se examina la clasificación de qué países cumplen con cuatro de las seis medidas a implementar antes de suspender los toques de queda. Estas medidas son:
—La transmisión de COVID-19 se controla, solo si existen casos esporádicos y algunos grupos de casos;
—Hay suficientes trabajadores de salud pública para pasar de detectar y tratar casos graves a detectar y aislar todos los casos;
—Se minimizan los riesgos de brotes en lugares de alta vulnerabilidad;
—Se establecen medidas preventivas en lugares de trabajo;
—Se maneja el riesgo de importar y exportar casos de comunidades de alto riesgo; y
—Las comunidades están totalmente comprometidas y entienden que la transición de las restricciones de movimiento a gran escala y las medidas sociales y de salud pública (desde la detección y el tratamiento de casos graves hasta la detección y aislamiento de todos los casos) son la «nueva normalidad» en la que se mantendrán las medidas de prevención.
Según cita el CNE, Puerto Rico se ubica en la mitad inferior de los países listados un poco mejor que Mali y Moldavia, pero peor que Libia y Venezuela. Aunque los autores de la investigación estiman que a Puerto Rico le ha ido bien fomentando que la población entienda la situación, ha tenido un pobre desempeño en el control de casos, en hacer pruebas, en el rastreo y el aislamiento.
Según los investigadores, la gran mayoría de los países del mundo están lejos de cumplir con las recomendaciones de la OMS. Las anotaciones del CNE fueron publicadas en su boletín del viernes 24 de abril.
