Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
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Los resultados de las votaciones sobre el acuerdo entre la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre el sistema de retiro se darán a conocer el día que sale esta publicación, el jueves, 13 de junio.
El proceso comenzó el viernes 7, con el voto adelantado en las Oficinas Regionales de la Asociación de Maestros y concluyó el sábado 8. Los maestros activos, permanentes, probatorios y transitorios votaron durante lunes, martes y miércoles para decidir finalmente si ratificar o rechazar ese acuerdo. Según sostuvo la presidenta de la Asociación Aida Díaz, el acuerdo es uno tentativo que dependerá del aval o rechazo del magisterio.
Pero representantes de distintas organizaciones magisteriales reclamaron que la dirección de la Asociación no les incluyó en las negociaciones. En el mismo comunicado donde expresa que el acuerdo no está escrito en piedra, la señora Díaz dice que “La AMPR y la AMPR-Local Sindical negociaron junto con la AFT un acuerdo tentativo con la JCF para el retiro de los maestros activos”.
La AFT (American Federation of Teachers) es un sindicato estadounidense que representa a la AMPR ante el Comité de Acreedores No Asegurados que trabaja directamente con la JCF.
El licenciado Rolando Emmanuelli, experto en quiebras y quien litiga en el tribunal federal, catalogó de incomprensible la decisión de la Asociación de anunciar el acuerdo y, además sugirió cuestionar ese término basándose en que lo que propone la Asociación.
“No es un acuerdo realmente. El asunto es que no ha sido totalmente transparente porque, primero, lo que ellos [la Asociación] han divulgado es un resumen del supuesto acuerdo y, segundo, que no es solamente sobre el retiro, ellos negociaron el convenio colectivo. Lo cual es significativo porque el trámite que ellos han seguido es totalmente irregular con relación a la Ley 45 y a sus constituyentes”
Se supone que haya habido algún proceso previo de información sobre las cláusulas que se están negociando, sostuvo el licenciado. Por lo tanto, líderes magisteriales reclamaron que todo se hizo a la ligera, que se negoció a espaldas del magisterio y que no hubo garantías de transparencia ninguna en el proceso de votación que se llevaría a cabo hasta mediados de esta semana.
Emmanuelli aclaró en una entrevista radial que no se le puede llamar a esto un mero acuerdo de retiro. El licenciado explicó que se trata de un acuerdo integral que va a incluir todas las cláusulas del convenio y, por ende, habría que darle cumplimiento a los trámites de la Ley 45 para llevar a cabo estos procesos.
Lo que es bien difícil de entender es por qué la Asociación entra en un acuerdo si el Gobierno, como socio en la mesa de negociación, estaba a favor de los maestros y en contra de los recortes, cuestionó el experto en quiebras. Afirmó que es el Gobierno quien tiene el poder de aprobar la legislación para que se den o no los recortes de las pensiones.
“La sección 314 de PROMESA dice que para que se pueda confirmar un plan que tenga unos recortes de esa naturaleza hace falta la legislación habilitadora y, si el Gobierno se tranca y no legisla, no hay recortes a las pensiones. Entonces, la Junta tendría que buscar ese dinero en otro lugar. De seguro va a golpear los servicios esenciales y la Universidad porque no va a querer molestar a los acreedores”, abundó.
“Me parece que este supuesto acuerdo es muy prematuro y derrotó una posición de negociación bien fuerte que tenía ante la postura del Gobierno de no querer bajar las pensiones. Es lamentable porque eso puede descarrilar también otras negociaciones que se vayan a dar”, criticó Emmanuelli.
Según ha sostenido la Asociación, este “acuerdo tentativo” garantiza: una pensión asegurada, la creación de un fideicomiso en el que los maestros tendrían participación, la inclusión del Seguro Social, un convenio colectivo por cinco años, un bono del sobrante del presupuesto y un bono a la firma del acuerdo. También, se incluyó que si el gobernador obtiene mejor plan que este, se le aplique a todos los empleados públicos por igual.
La Asociación ha dicho que este acuerdo mejora lo que pretenden hacer la Junta y el Gobierno con el retiro de los maestros activos. Sin embargo, los maestros que se oponen señalan que, mientras la propuesta del Gobierno mantendría las pensiones a 55 de edad y 75% del salario, la organización pacta reducirlas a cambio de otros intereses. El acuerdo entre la JCF y la AMPR reduciría la pensión en muchos casos a menos del 1.8% y aumentaría la edad de retiro a 63 años a maestros que llevan más de 20 años de servicio. También avala la eliminación de una pensión mínima de $400.
Una de las premisas que utiliza la Asociación para justificar el acuerdo es que se trata de bonos no asegurados y que por lo tanto hay que llegar a un acuerdo porque no se sabe lo que va a pasar ante el panorama inestable del Gobierno. Sobre este argumento el licenciado sostuvo que aunque las pensiones son créditos no asegurados, el Gobierno tenía la ventaja de cambiar la ley.
“Según el propio resumen del acuerdo, se reconoce que si el Gobierno no legisla, el acuerdo se hace sal y agua. La propia Junta reconoce que hace falta que se cambie la ley”, dijo Emmanuelli.
Otras de las razones para los maestros oponerse al acuerdo, además de las ya mencionadas son:
Con menos de una semana, la Asociación pretendía llegar a un acuerdo sin haber realizado el debido proceso informativo. Los maestros y las maestras han manifestado que ha reinado la desinformación en todo este proceso para tomar una decisión determinante sobre la vida de miles de personas.
La consulta se hizo en plenas vacaciones mientras muchos maestros estaban fuera del país o realizando otras gestiones fuera del horario lectivo; la Asociación lleva negociando la entrega del retiro sin notificar ningún detalle a sus miembros, para saber el carácter de la negociación y darle la oportunidad al magisterio de hacer sugerencias o enmiendas.
El que se apruebe este acuerdo no compromete ni a la Junta ni al Tribunal a reconocer la deuda de los pensionados como asegurada, tal como el gobernador por medio de la ley 106-2017 así lo reconoce.
Que el acuerdo se hace para pactar un convenio de 5 años y que no haya elecciones sindicales ni la posibilidad de elegir otra organización en el futuro. El efecto de una de las partes de ese acuerdo es crear el mecanismo para la Asociación imponer su plan médico a los maestros.
También avala la eliminación del bono de Navidad de $600; procedimientos para el despido injustificado; la acumulación de días por enfermedad a un día por mes a los contratados después del 4 de febrero de 2017 y establece escalas injustas de retiro para maestros con distintos años de experiencia.
Finalmente, el licenciado Emmanuelli explicó que tiene que haber un trámite de aprobación mediante el proceso formal de votación cuando se presente el plan de ajuste de deuda. Esto se llevaría a cabo luego del proceso de referéndum de la Asociación entre sus asociados para ver si la directiva cuenta con el apoyo de estos.
“Así que mientras no haya un plan, no puede haber una votación y, de hecho, en el documento, la Asociación se compromete a emitir y a hacer formar parte de ese plan una carta donde exhorte a los maestros a votar a favor, porque podrían llegar ellos a un acuerdo y el magisterio votar en contra. Fíjate todas las contingencias que hay para que esto pueda materializarse. Haberse lanzado a entregar derechos así es un error estratégico”, concluyó.
