Estudiantes acusados UPR: Una pérdida de tiempo y dinero del País

 

 

CLARIDAD

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Luego de que el pasado mes de febrero el Tribunal Apelativo (TA) le permitió a la fiscalía continuar el proceso judicial contra cinco estudiantes universitarios y que entonces el Tribunal de Primera Instancia (TPI) fijara una vista para este miércoles 17 de marzo, el fiscal Ángel García, solicitó dos días antes de la vista la suspensión de la misma.

“Nos llama mucho la atención esa solicitud de suspensión. Además de que es tardía, él fue quien investigó, preparó, sometió el caso, así que no entiendo ahora esta petición”, apuntó a CLARIDAD la licenciada Maria Soledad Sáez, respecto a la acción del fiscal. En abril del 2017 los estudiantes Gabriel Díaz Rivera, Verónica del C. Figueroa Huertas, Randiel J. Negrón Torres, Francisco A. Santiago Cintrón y Thaliangely Torres González, fueron parte de un grupo de estudiantes acusados, entre otros cargos, de motín, restricción de la libertad e intimidación. Esto luego de que junto a decenas de estudiantes interrumpieran una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para plantearle a ese organismo los reclamos del estudiantado del proceso huelgario en ese momento. Solo un puñado -siete- del grupo de manifestantes fueron acusados, de los cuales sólo quedan estos cinco.

El 28 de agosto del 2020 la juez del TPI de San Juan, Eloína Torres, desestimó los cargos contra los estudiantes. De inmediato los fiscales solicitaron al TA la desestimación de la determinación del TPI.

La licenciada Sáez, expresó que le resulta curiosa la petición de suspensión, cuando fue el fiscal quien acudió al TA diciendo que estaba preparado para juicio. De su parte afirmó que están preparados para discutir los planteamientos de derecho, entre estos que no han podido todavía culminar el descubrimiento de prueba. Explicó que lo único que el TA decidió fue que la juez debió darle al fiscal un último día para ver si él estaba preparado y una vista. A juicio de Sáez, la determinación del TA fue incorrecta porque la determinación de la juez Torres estaba bien fundamentada, explicaba el por qué de la desestimación y ya se habían celebrado vistas sobre el caso. Añadió que, de acuerdo a una regla aprobada por el Tribunal Supremo, en este caso está más que probado que la dilación del proceso le ha causado daño a los acusados. De hecho observó que a los tres años que han transcurrido, de haber resultado culpables, ya hubiesen cumplido el máximo de la sentencia.

Ante la interrogante que levanta la insistencia y tanta maniobra del fiscal para mantener vivo el caso, la licenciada Sáez expresó: “No tengo idea honestamente, para mí este es un caso que ha roto todos los esquemas. Yo tengo más de 20 años de experiencia en lo criminal y conmigo en este caso hay abogados de más experiencia que yo y es obvio que la motivación es política, no tiene ninguna otra motivación. No podemos decir que es el fiscal solo porque el fiscal solo no es una institución, habría que atribuirla al Departamento de Justicia porque no se supone que él pueda actuar por sí solo, no sabemos hasta que punto permanezca ese interés en el Departamento”.

En ese aspecto preguntamos qué opina de las declaraciones del secretario de justicia, Domingo Emmanuelli Hernández, de que dará discreción a los fiscales. “Es interesante la postura del Secretario, es una medida sana por parte del Secretario de Justicia dar discreción a los fiscales, no me puedo oponer a eso, es una medida saludable, pero en un caso como este que tiene unas implicaciones políticas y que se ha planteado tanto, creo que él debería asumir un poco de más liderato, este no es un caso ordinario. En este caso siempre ha estado planteado desde el principio que no tiene justificación el que se seleccionó a un grupo de personas de todas las que estaban allí y eso no tiene explicación; o se acusa a todos o no se acusa”, concluyó.

 

 

 

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