Estudiantes denuncian represión institucional

Por Giancarlo Vázquez López / Claridad

gvazquez@claridadpuertorico.com 

Hace unas semanas, el medio Puerto Rico Te Quiero informó que el expediente con la información del proceso investigativo en contra de los siete estudiantes acusados durante la huelga de 2017 desapareció luego que el agente investigador, Luis Muñiz, renunciara a la Policía de Puerto Rico. La noticia fue publicada el 29 de enero de 2020. 

El tema de la represión en la Universidad de Puerto Rico (UPR) volvió a la discusión pública el pasado martes, 18 de febrero, cuando el Consejo General de Estudiantes (CGE) de la UPR en Utuado reveló una serie de medidas represivas tomadas por la administración del Recinto en contra del presidente de dicho cuerpo estudiantil, Adrián R. Rosario Emmanuelli, y el representante estudiantil ante la Junta Universitaria, Aníbal Díaz González. Contra estos se radicaron querellas por alegada conducta contraria a la reglamentación universitaria, por el rector de la institución, Luis A. Tapia Maldonado. 

Las querellas fueron radicadas el 31 de enero, tras estos denunciar injerencia en los asuntos internos del CGE y el incumplimiento del Artículo VII de la Certificación Núm. 119 (2014-2015) en el nombramiento de Luz E. Martínez Rosado como procuradora estudiantil. Los señalamientos ocurrieron el jueves, 12 de diciembre de 2019, durante sesión ordinaria del Senado Académico. 

La decana de Asuntos Estudiantiles, Enid Rivera-Rivera, alegó que en dicha sesión se atentó contra su dignidad. Según esta, Rosario Emmanuelli planteó que ella tenía favoritismo por Díaz González. Por su parte, Díaz González dijo que Rivera-Rivera le hizo expresiones en cuanto a la cantidad de votos que tenía que alcanzar para ostentar el cargo de presidente del Consejo General de Estudiantes; incluso, que debía de haber sido presentado por Rivera-Rivera como futuro presidente del CGE a la Procuradora Estudiantil, Luz E. Martínez Rosado. 

Incumplimiento del Artículo VII 

Martínez Rosado fue nombrada procuradora estudiantil en noviembre de 2019. A principios de febrero, el CGE solicitó al rector que declarase vacante la procuraduría estudiantil para poder iniciar y cumplir debidamente con el procedimiento institucional para realizar tal designación. 

En una carta emitida el 18 de noviembre de 2019, para notificar el nombramiento de Martínez Rosado, el rector mencionó que una vez constituido el CGE se procedería a cumplir con la Certificación Núm. 119 (2014-2015). El CGE se constituyó el jueves 26 de noviembre. Por lo anterior, se entiende que el rector, Luis A. Tapia Maldonado, reconoció su incumplimiento con el debido proceso. Sin embargo, Martínez Rosado lleva tres meses en la procuraduría. 

“El miércoles 5 de febrero nos entregaron las querellas, citándome a Rectoría sin explicación alguna, y a Aníbal, haciéndolo pensar que sería para brindarle transporte a la reunión de la JU, el jueves 6, día en el que también nos negaron la entrada al Senado Académico. Esa mañana del jueves enviamos un último comunicado solicitando reunión a Rectoría para resolver el conflicto pacíficamente. La solicitud fue denegada de manera rotunda en el Senado Académico”, señaló Rosario Emmanuelli. 

En un comunicado, el CGE denunció que las represalias administrativas arbitrarias constituyen una violación a los artículos 2.15, 3.1, 3.4, 4.8 y 4.9 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR y al artículo 6-3 del Reglamento Interno del Senado Académico de la UPR Utuado. 

En este contexto el estudiantado proclamó un paro de 48 horas, que iniciará el martes 3 de marzo, a las 12:00 a. m., y concluirá el miércoles  4 de marzo, a las 11:59 p.m. La paralización se aprobó en una asamblea general de estudiantes, el miércoles, 19 de febrero de 2020, con 58 votos a favor y 4 votos en contra.

La moción se lanzó ante las irregularidades administrativas internas; los procesos disciplinarios que enfrentan miembros directivos del CGE; la próxima ronda de recortes presupuestarios de $71 millones y el aumento en el costo del crédito a $134 (subgraduado) para agosto de 2020. 

Los objetivos de la paralización son conocer y comprender colectivamente la realidad histórica y actual de la Universidad y la educación en Puerto Rico y asumir posturas sobre ellas; consolidar un proceso organizativo estudiantil amplio e inclusivo en defensa de la Universidad de Puerto Rico en Utuado y la educación en la zona rural del país;  avivar y enaltecer en la juventud estudiantil el espíritu y la cultura de lucha por una vida digna 

También se aprobó la creación de un Comité de Reclutamiento Estudiantil cuya función será visitar las escuelas superiores del país para orientar al estudiantado, promover la institución y defender la educación pública con el fin de enfrentar y contrarrestar la merma de estudiantes que atraviesa nuestra Unidad. La UPR de Utuado tiene una matrícula de 508 estudiantes.

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