CLARIDAD
La exclusión del proyecto del dragado del Caño Martín Peña (CMP) por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USCI, siglas en inglés) de sus trabajos de este año 2021 parece responder a la política de desdén que mantuvo el expresidente Donald Trump hacia Puerto Rico. Así se desprende de declaraciones de varios entrevistados por CLARIDAD.
El director ejecutivo del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, Mario Núñez, indicó que se enteraron de la exclusión el lunes, 25 de enero, cuando el USCI publicó su presupuesto para el año 2021. Al expresar su decepción indicó que llevan tres años (desde el 2018) trabajando fuerte para impulsar que el proyecto pase a una etapa de construcción: “Estamos listos desde hace tres años”.
Núñez comentó que el USCI no da razones para la exclusión, por lo que están coordinando una reunión telefónica con ellos en Jacksonville y con la Oficina del Atlántico Sur para “discutir este asunto, ver qué pasó que no fuimos seleccionados y a que por lo menos el próximo año nos incluyan. Nuestras esperanzas están cifradas [en ello] porque esta decisión de alguna manera está amarrada a la administración saliente del Gobierno federal de Donald Trump. Esta decisión se debió tener antes, pero la dieron a conocer ahora. Es posible que desde diciembre la decisión estaba tomada en el presupuesto asignado”.
El director del Proyecto Enlace y residente de una de las comunidades del caño trajo a la atención que algunos funcionarios federales han expresado su apoyo al proyecto en varias ocasiones. De hecho, un grupo de congresistas de ambos partidos, entre los que se encuentran la comisionada residente, Jennifer González, Nydia Velázquez, Daren Soto, Alexandra Ocasio, Don Young, Ritchie Torres, John Katko, Stephanie Murphy, Mario Díaz Baralt, Charles Schumer, Kirsten Gillibard, Marco Rubio y Rick Scott solicitaron al USCI que comenzara el dragado este año fiscal.
También el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, en la juramentación del nuevo alcalde de San Juan, Miguel Romero, se comprometió a que sería una prioridad lograr que a nivel federal se concrete el proyecto.
En tanto, Núñez indicó a CLARIDADque en el Proyecto Enlace ya ha habían trabajado el diseño del dragado en coordinación con los diferentes actores, incluido el mismo USCI: “Entendíamos y entendemos que estamos listos para iniciar la primera fase de construcción y, de hecho, es como está diseñado por el mismo Cuerpo de Ingenieros, un trabajo en tres etapas”. La primera etapa incluye la habilitación de un terreno en la Ciudad Deportiva Roberto Clemente para el depósito de la basura removida, el acondicionamiento de las fosas que están en la Laguna San José donde se estaría depositando el sedimento y una fase de remoción de basura hasta el puente de la avenida Barbosa. La segunda etapa del diseño, en la que ya están trabajando, es el reforzamiento de las bases del Puente Martín Peña y Muñoz Rivera y la etapa final sería el dragado desde el Puente de la Barbosa hasta llegar al PCMP.
Respecto a cuánto tiempo se estima tome el proyecto señaló que según lo proyectado por el mismo USCI se supone que sea entre cuatro a cinco años. Es decir, que si prevalece la determinación de no incluirlo en este año se podría demorar hasta otros casi 10 años. Núñez expresó preocupación por que se supone que la vida de CPE, conforme a la ley que la creó, es hasta el 2029. Su encomienda es desarrollar un plan integral para la península de las comunidades del caño. Eso incluye todo lo que es el dragado y canalización, así como la implantación del proyecto de desarrollo integral con todas las obras de infraestructura que eso requiere: alcantarillado sanitario en las ocho comunidades, los paseos lineales junto al cuerpo de agua y el soterrado de líneas que discurren por la avenida Rexach.
“Una de las cosas que siempre hemos dicho es que esta no es una agencia de gobierno perpetua. Tiene un mandato de implantar un plan de desarrollo integral y el dragado. Y una vez eso culmine, la corporación tiene que desaparecer. La idea no era tener una agencia más de por vida, era una agencia con un propósito específico. De ahí la importancia de que el proyecto sea seleccionado”. Reparó en que la demora en el dragado puede implicar que una próxima administración tenga que plantearse la extensión de la corporación: “No queremos eso, lo que queremos es el desarrollo de nuestra comunidad y que los residentes de nuestras ocho comunidades no tengan que seguir pasando las vicisitudes de que cada vez que vengan eventos de lluvia e inundaciones tengan que perder todo. Le cuesta más al Gobierno la no acción que atender el problema”.
En cuanto al dinero asignado, dijo que hay una asignación del 2007 de $150 millones, según el estimado de costos del USCI en dicha fecha, cuando aún no tenían una declaración de impacto ambiental ni los estudios de viabilidad. En el 2020 se hizo una actualización de costos. Si se fuera hacer este año el costo real aumentaría $232. 4 millones. Ese dinero, puntualizó Núñez, es dinero autorizado, no asignado.
En entrevista por separado, la presidenta del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, (entidad dueña de las tierras de las comunidades que rodean el caño), licenciada Sara Delgado Brayfield señaló: “Ciertamente el dragado del caño es el propósito principal del Proyecto Enlace: lograr que se haga el dragado del cuerpo de agua que está completamente tapado y afecta directamente la salud de los residentes del distrito. Es increíble que se diga que le dan prioridad a proyectos de mayor retorno económico y ambiental y seguridad cuando yo no puedo pensar en un proyecto que tenga más esas características que el proyecto del caño Martin Peña”.
Reclamó además que si algún proyecto es prioritario en el país es el del dragado del CMP porque no solo va a tener un impacto de salud y económico para las comunidades con una población de 25 mil personas, que es más grande es que muchas otras comunidades de Puerto Rico, sino que repercutirá en otras áreas como el mismo aeropuerto, que se ha visto inundado por el hecho de que el agua del caño no fluye.
La presidencia del Fideicomiso coincidió en que la no inclusión del trabajo del dragado puede ser que responda a la intención de un desplazamiento de población y a intereses económicos de otros sectores que no tienen como un tema de importancia la salud de nuestras comunidades. Los residentes del caño saben que hubo un proyecto que se pretendió desarrollar en un momento dado que se iba a llamar Jardines del Caño. Los residentes se levantaron en contra de dragar el caño para beneficio de otras personas que no son las que han vivido allí por más de un siglo y son los que se han visto afectados por décadas. Reparó en que los daños al cuerpo de agua no los causaron solo los residentes. Recordó que en momentos de campaña política en el pasado se derramó sedimento al cuerpo de agua y se ha visto a través de los años al Gobierno descargando basura al cuerpo de agua. “Es decir, que no es algo que se le pueda achacar toda la responsabilidad a los residentes que se establecieron en un principio, precisamente, por la falta de vivienda asequible”.
En cuanto al USCI afirmó que en el año que lleva en el Fideicomiso ha sentido que al proyecto le pasan la mano y todos los años le dan la impresión de que este año podría ser. “Es un mensaje confuso, contradictorio, y a la hora de la verdad inesperadamente los dejan fuera. Pero a través del año es regular las reuniones de comités interagenciales para presentarlo como un proyecto prioritario, pero se sigue quedando fuera”.
En esa línea señaló la preocupación y la ansiedad que genera el que la CPE fue creada con un tiempo limitado y el Fideicomiso no fue dotado con los recursos para atender un proyecto de la magnitud del dragado, que abarca 300 cuerdas.
El planificador ambiental José Rivera Santana, quien estuvo en la junta de directores del Proyecto Enlace, destacó que el dragado tiene un impacto ambiental, ecológico, social y económico: “Se trata de un proyecto que cubre todos los extremos de la situación que viven las comunidades del caño. Es un proyecto que se debió haber hecho hace tiempo, y estos atrasos siguen sumando penurias y dolor a la gente que vive allí”.
La no inclusión del trabajo del dragado en el presupuesto de este año por el USCI, denunció Rivera Santana, se suma a la lista de acciones que han tomado agencias del gobierno de EE. UU. contra Puerto Rico en el caso de los fondos con relación a la recuperación de los huracanes y terremotos. “Ha habido una larga lista de obstáculos para que esos fondos no se desembolsen y, aquí, el Cuerpo de Ingenieros parece que está copiando la tradición malvada de la administración de Trump. Se da en el contexto de esa política implícita de la administración Trump de tratar que lo que aprobó el Congreso con relación a Puerto Rico no ocurriera”.
