Exigen que se elimine la clasificación de crimen pasional

 

CLARIDAD

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En lo que constituye una contradicción con la política pública de prevenir y erradicar la violencia de género, el Negociado de Estadísticas de la Policía continúa utilizando la clasificación estadística del concepto de “crimen pasional”.

Coincidiendo con la fecha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la organización Kilómetro Cero, solicitó al Negociado de la Policía (NPPR), a que elimine esa clasificación de sus estadísticas.

La carta dirigida al comisionado del NPPR, Antonio López Figueroa y al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) Alexis Torres Ríos, fue acompañada del informe “Las cifras inútiles de los crímenes pasionales”, en el cual se exponen los fundamentos para su eliminación. Aunque la carta está firmada solo por la directora ejecutiva de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, este reclamo es respaldado por organizaciones feministas incluidas en el informe.

De acuerdo con el análisis de Kilómetro Cero, el uso de esta clasificación en los informes de la División de Estadísticas de la Criminalidad del NPPR y determinados por el Cuerpo de Investigaciones Criminales, constituye un estorbo ante el objetivo de disminuir la violencia de género. No obstante a los reclamos, la División de Estadísticas de la Criminalidad continúa con la práctica de publicar tablas con cifras de motivos de asesinatos, las cuales incluyen las categorías de motivos pasionales y violencia doméstica.

Según Kilómetro Cero, la gerencia del NPPR se ha negado a examinar si esos términos resultan útiles para describir, explicar y disminuir el fenómeno de la violencia de género y, también, se ha negado a evaluar la necesidad de reformular las formas de categorizar, analizar y publicar estadísticas relacionadas con la violencia de género. Además de utilizar esta clasificación equivocada, Kilómetro Cero censuró el que haya que solicitar por escrito al Comisionado de la Policía permiso para que el Negociado entregue información estadística. Llamó la atención a que no conoce de ningún cuerpo policial en ciudad o condado alguno de Estados Unidos que tenga esta política institucional.

Qué cosas denotan el uso de esta clasificación

Tanto para Kilómetro Cero como para las organizaciones feministas hay una serie de consideraciones que denotan el uso de esta clasificación. Entre ellas sobresale el que la negativa de la Policía a eliminar esta categoría en pleno siglo XXI revela el mal mayor, que es la cultura machista que permea en esa agencia. “Negarse a adoptar categorías de análisis modernas, atemperadas a los tiempos, exhibe la poca o ninguna voluntad política para transformar la cultura de esta agencia, que se supone proteja la vida e integridad física de miles de mujeres y personas en situación de violencia de género”, expresa Kilómetro Cero.

Llama la atención al hecho de que ante la negación del Negociado de la Policía a revisar sus categorías de análisis de las cifras de crímenes pasionales, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) no se haya tomado la iniciativa de intervenir en este asunto. A pesar de que la ley orgánica del Instituto lo faculta para establecer la normativa sobre la nomenclatura y metodología en las diversas agencias gubernamentales.

La insistencia en este uso denota también un desprecio a las recomendaciones de las organizaciones internacionales que solicitan de los países el abandono de la categoría de crímenes pasionales, como lo exige, por ejemplo, el “Modelo de Protocolo Latinoamericano para la investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género”. En Europa, 26 de 28 países han descartado esta categoría.

Además de la Policía, el informe de Kilómetro Cero trae a la luz que el Recinto de Ponce de la Universidad de Puerto Rico, también utiliza dicha categoría. Así figura en su informe público más reciente de 2019 de actividades delictivas en el recinto. Este informe responde a la ley federal de EEUUAA, “Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act”, que requiere que se informe a la comunidad universitaria sobre los delitos ocurridos dentro de los recintos universitarios y en sus inmediaciones. Aun cuando la Universidad reconoce que la reglamentación vigente no exige el uso de esta categoría crimen aun así lo utiliza.

 

 

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