Exigen un nuevo plan a la AEE

Por Cándida Cotto

ccotto@claridadpuertorico.com

Contradicciones entre el Plan Integrado de Recursos (PIR), y el acuerdo de reestructuración de deuda (RSA, por sus siglas en inglés), un PIR que descansa en el uso de combustible fósil, una recuperación que depende de dinero de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencia), y una gerencia que parece actuar al margen de su ente regulador. Ese es el cuadro que ha aflorado sobre la AEE en la semana de vista examinadora sobre el PIR ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

En entrevista la licenciada Laura Arroyo, de la organización Earth Justicie (EJ), y representante legal de los grupos interventores en el proceso de evaluación del PIR agrupados en la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA), al margen de las objeciones científicas al plan expresó que lo más que le ha impresionado de manera negativa de lo que ha presentado la AEE es la ausencia en el primer día de vista del director ejecutivo José Ortiz, aun cuando el NEPR le había negado el no comparecer. De todas maneras, Ortiz envió tres “excusas” para no comparecer, además de que los representantes de la AEE que han acudido a las vistas no siempre han podido contestar a preguntas que se le han formulado. “Eso lacera el proceso”, afirmó.

En tanto aun cuando la AEE pretende separar el RSA del PIR en las vistas ha salido a relucir las contradicciones entre ambos entes. El hecho de que el RSA impone un cargo de transición a los clientes de la AEE, conocedores del campo de la energía renovable pronostican que más, consumidores con capacidad económica se saldrán del sistema, lo que dejara menos ingresos a la AEE. Mas aun fuera de la Junta de Control Fiscal, el consenso entre economistas es que el RSA es insostenible. Por otra parte, el PIR tiene costos que descansan en el uso de gas natural y modelos pilotos de energía renovable, lo que supone que al RSA habría que añadirle los costos del PIR.

En lo que respecta poner al día la infraestructura existente tras los terremotos la AEE reconoció que depende de dinero de FEMA. Esto sin contar que tras el colapso de la planta de Costa Sur, por los sismos del 7 de enero la AEE opera con una deficiencia de unos 1,000 mil megavatios con relación a la demanda.

Mientras toda la infraestructura que propone el PIR seria construida mediante la empresa privada. La licenciada Arroyo llamó la atención a que es interesante el que la AEE le pagó a Siemens por la elaboración del PIR, pero aparte de eso publica un plan de modernización que es donde se basan para tratar de conseguir el dinero de FEMA, “ese plan debió haberse integrado al PIR ya el Negociado de Energía dijo que ese plan actual que anunciaron fuera de este proceso está supeditado a lo que determine con el PIR no pueden hacerlo un plan paralelo”, denunció.

En esa línea ante la interrogante de dónde queda la privatización con todos estos planes, la licenciada Arroyo censuró el que a pesar de que la AEE todavía no tiene un PIR aprobado continúa con los procesos de pedir propuestas para la gasificación de Puerto Rico. “Eso lo están haciendo al margen de este proceso”. Reparó en que ese proceso va en contra de la Ley 17 y las leyes posteriores aprobadas por la pasada y presente administración que contemplan la privatización de algunas de las operaciones que básicamente lo que quieren es desmantelar la AEE.

Las organizaciones interventoras -la Alianza- tienen la visión de que Puerto Rico lo que necesita es ir directamente hacia la energía solar en casas, comercios eso garantiza el derecho humano a la electricidad y que en caso de eventos mayores se pueda tener energía y no ocurran de nuevo más de tres mil muertes. Me encantaría que las leyes de privatización se enmendaran, no es la ruta para garantizar el servicio”.

La abogada de Earth Justicie destacó que la AEE está llevando a cabo su plan preferido desde ya sin tener ningún plan aprobado, lo que altera el proceso, recalcó en que las decisiones de gasificar deben ser posteriores a la aprobación o modificación del plan, “pero la AEE ya lo está haciendo la AEE está haciendo lo que quiere. El Negociado de Energía podría ordenarle que detenga esos proyectos, pero parece que la AEE no está acostumbrada a tener un ente regulador en efecto se ha ido por la tangente y el Negociado le ha llamado la atención, pero no ha habido resultado, no ha detenido nada”.

En tanto el licenciado Pedro Saadé Lloréns, resumió respecto a la primera semana de vista que lo más fundamental del PIR es que se supone que represente una planificación a 20 años sobre cómo se va a atender la necesidad energética del país. “Esos planes vienen de otras jurisdicciones para evitar inversiones mal fundamentadas que han conllevado el que la ciudadanía tenga que pagar esas inversiones, obliga a que se tomen en consideración aspectos ambientales y el cambio climático”, describió acerca de la filosofía que guía este tipo de planes.


En la foto del grupo de AERA aparecen de izquierda a derecha : Adriana González, de Sierra Club, Sari Gonzalez, de El Puente-ELAC; Laura Arroyo, de Earth Justice, Myrna Conty, de la Alianza de Organizaciones Anti Incineración y el abogado Pedro Saadé.

A juicio del experto en Derecho Ambiental en general quedó demostrado que el PIR tiene múltiples fallas, no explica bien cómo es que se va a implementar, sobre todo, cómo es que se va a implementar una porción que tiene de energía renovable, no define de forma suficiente energía renovable de techo, que es una alternativa que da más autonomía.

Al finalizar este proceso formal de vista (esta semana pasada), ante el NEPR, los grupos interventores representados en la Alianza -indicó el licenciado Saadé Lloréns, le solicitaron al NEPR a que rechace el PIR y ordene a la AEE a preparar un plan más adecuado y un plan de acción de cómo se implementara en los próximos cinco años.

Una de las preocupaciones es que debido a esta ausencia de precisión lo que está contemplado de construir nuevas instalaciones de gas natural pueda a la larga dar de codo y excluir en la práctica la energía renovable de sol u otra, porque está planteado usar gas en la planta de San Juan, las unidades 5 y 6 y otra de las unidades, gas en Palo Seco, Yabucoa, Mayagüez, eso es preocupante”.

Respecto al manejo de la AEE de los daños causados por los temblores a la planta de Costa Azul, según presentó la AEE ya contrató peritaje para aquilatar la severidad del daño y espera que el informe esté listo en un par de meses. La AEE planteó que depende de que FEMA le apruebe la compra de dos unidades para Costa Azul, para satisfacer la necesidad de energía.

Añadió sobre las contradicciones entre el PIR y el RSA que los grupos interventores le pidieron al Negociado que, “tomara el toro por los cuernos y que tomara en cuenta ese problema porque en el plan no está tomando, ni analizado qué es lo que puede pasar con el pago de la deuda, por eso es por lo que quieren poner una penalidad al sistema de generación solar”, resaltó Saadé Lloréns.

En esto insistió la ingeniera Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y parte de AERA, y quien también participó del proceso, coincidió en que el impacto de los sismos al sistema energético “presenta al país la oportunidad de adoptar con celeridad proyectos con fuentes renovables, a través de paneles solares en los techos de los hogares”.

Al plantear que la AEE debe invertir en estos sistemas y en almacenamiento para lograr una integración más efectiva, llamó la atención a que funcionarios de la corporación pública revelaron que el sistema podría entrar en crisis en junio, cuando empieza el periodo de mayor demanda energética, ante la baja en generación. “La AEE todavía no presenta un plan claro para atender esto”, advirtió.

Vila Biaggi reiteró que queda mucha información fuera del análisis que debe contener el PIR y que la misma AEE admitió que no tiene ningún plan que tome en cuenta ni tsunamis, ni alza en los niveles del mar, aun cuando sabe que la infraestructura de generación de la AEE está en las costas de la isla. La presidenta de CAMBIO exhortó al Negociado de Energía a que, al igual que hizo con un primer PIR que no reunía los requisitos, instruya a la corporación sobre las acciones necesarias para un PIR responsable y sustentable.