Fakenews y ciberataques contra la seguridad pública serán delitos en Cuba

 

Corresponsal de CLARIDAD 

La Habana, Cuba-Cuba anunció la pasada semana la aprobación del Decreto Ley Número 35, que tipifica como delito el uso de los servicios públicos de telecomunicación para propagar noticias falsas, ataques ofensivos contras personas, contenido sexual o atentar contra la seguridad pública y el orden constitucional.

Publicado en Gaceta Oficial, el llamado Decreto Ley de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el Uso del Espectro Radioeléctrico es el primero de este tipo incluido en la legislación cubana y con él el país caribeño se une a decenas de otros países en todo el mundo que en años recientes han aprobado leyes similares.

“El Estado cubano tiene el derecho irrenunciable y soberano de regular las TIC, la cuales desempeñan un papel significativo en el desarrollo político, económico y social del país y son medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo”, reza la medida.

La legislación incluye una sección sobre los “derechos y deberes de los usuarios públicos de las TIC”, en las que se determina el derecho al acceso “en condiciones de igualdad a todos los servicios públicos de las TIC” y el “trato eficiente y de calidad” de dichos servicios.

Entre los puntos medulares, el Decreto Ley No. 35 condena el uso de las TIC para “atentar contra la seguridad y el orden interior del país, transmitir informes o noticias falsas” –conocidas mayormente como Fake News– o publicar contenido que incite a “cometer actos ilícitos”.

 También busca evitar el uso de las telecomunicaciones para publicar ataques ofensivos, de contenido sexual o que resulten en acoso contra personas, así como la difamación con impacto en el prestigio del país. Estas últimas tipificadas como de “alta peligrosidad”.

Dentro de ese renglón entra también la difusión de contenidos que atenten contra “los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”.

 Con un nivel “muy alto” de peligrosidad están tipificadas las acciones de “Ciberterrorismo” que tengan por objetivo subvertir el orden político y social o desestabilizar al país.

 UNA LEGISLACIÓN DE ORDEN GLOBAL

La inclusión del Decreto Ley 35 en la legislación cubana ha desatado una ola de críticas –muchas de ellas desde la desinformación y la omisión de datos– por quienes afirman que se trata de un “ataque a la libertad de expresión” y un modo de “censura” aplicado por el gobierno tras las protestas y los disturbios del pasado 11 de julio.

Sin embargo, este Decreto Ley de Cuba no es el único de su tipo en el mundo. Decenas de países han aprobado recientemente legislaciones similares –algunas mucho más restrictivas, incluso– con el fin de regular el uso que se le da a las nuevas formas de comunicación.

Tal es el caso de la Unión Europea (UE), organismo que ya en 2018 aprobó el denominado “Plan de Acción contra la Desinformación” con el que sus países miembro se han propuesto “detener las campañas de desinformación y proteger sus sistemas democráticos”, además de “contrarrestar cualquier campaña de Fake News, tanto dentro como fuera de Europa”.

Países como Alemania, Francia y Perú también tienen leyes similares, medidas destinadas a proteger a la población del uso que se le da a las nuevas formas de comunicación, en especial, las redes sociales y el ciberespacio.

España, por ejemplo, puso en marcha este mismo año un “Plan de Choque de Ciberseguridad” para la “prevención, detección, protección y defensa frente a la materialización de ciberamenazas”.

La irrupción en Cuba de las nuevas formas de comunicación y espacios de información ha supuesto un reto para las autoridades locales que han denunciado el uso de redes sociales –como Twitter, Facebook e Instagram– para lanzar campañas de manipulación y mentira sobre la realidad del país. Desde las plataformas digitales se ha visto en las últimas semanas a personas adversas a la Revolución, tanto dentro como fuera de Cuba, llamar a una invasión extranjera, pedir nuevas sanciones contra el pueblo, convocar a disturbios en las calles o incitar directamente a ataques contra la integridad física de miembros del gobierno.

Con el Decreto Ley 35, el gobierno cubano busca entonces atemperarse a las legislaciones globales ya vigentes como mecanismo de defensa contra posibles ataques internos y externos.

 

 

 

 

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