CLARIDAD
A pesar de que el 32% de la gente en Puerto Rico reside en una vivienda de alquiler, que la ley de alquileres razonables se abolió en los 90 y de que van dos años de pandemia, la administración del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, se negaba a solicitar el Programa de Asistencia para el Pago de Renta.
“¡El trabajo que nos costó que el Gobierno solicitara ese dinero! Y no fue hasta junio del 2021 que el Gobierno decidió abrir el programa”, dio a conocer la licenciada Adriana Godreau Aubert, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR). Debido a la emergencia del COVID-19, el citado programa del Departamento de la Vivienda de Estados Unidos asignó la cantidad de $300 millones para pagos atrasados y utilidades a personas que residen en viviendas alquiladas.
El hecho de que fue a instancias de Ayuda Legal que el Gobierno decidió solicitar participar de este programa fue dado a conocer en una conferencia de prensa en la que Ayuda Legal expuso un balance de su trabajo en el año 2021 y sus perspectivas para el 2022. De este dinero, el cual es administrado por la Administración de la Vivienda Pública de Puerto Rico (AVP) en un acuerdo interagencial firmado el 2 de junio del 2021 con el Departamento de Hacienda, hasta el presente apenas se ha gastado el 18 % de los fondos, lo que indica que la mayoría de ese dinero todavía está disponible para las personas que necesitan ayuda, advirtió Godreau Aubert.
Agregó que el dinero que no se llegue a desembolsar tiene que ser devuelto por el Gobierno. Se supone que el AVP haya establecido un plan de cómo va a usar el dinero y cuál es la necesidad que existe. “Sabemos que las personas que alquilan son dos grupos: los que están en las escalas de ingresos más bajos versus los alquileres más altos, que se concentran en sectores más pudientes”.
A pregunta de CLARIDAD sobre las causas que han podido incidir para que se haya gastado tan poco, Godeau Aubert dijo que ha sido un efecto combinado. Por un lado, el Gobierno no había dado una promoción efectiva hasta el mes de noviembre, sino hasta cuando las personas se quejaron de lo complejo que era solicitar. “La solicitud a través de Internet se hace bien difícil a las personas y, aun cuando había apoyo telefónico, era muy difícil someter documentos durante la pandemia”.
Por otro lado, también tuvieron quejas de que los caseros no se querían registrar. Esto pese a que se supone que la persona lo puede solicitar aunque los caseros se opongan. La oposición de los caseros responde a que se les requiere que se registren, y en Puerto Rico los caseros no están registrados en ningún lugar, indicó. Pero sobre todo, ha sido por falta de publicidad. Aun cuando dijo que hubo un boom de publicidad para noviembre, ahora con el repunte de casos de COVID, no se ha visto más.
Los estados tienen hasta el 29 de enero para someter un plan voluntario de cómo van a utilizar el dinero, de cuánto van a usar y cuánto van a devolver. Si no lo hacen, el Departamento del Tesoro interviene y les quita el dinero. Ayuda legal, reveló la directora ejecutiva, le ha pedido al Gobierno el plan desde diciembre, y no les han contestado. Sí tienen conocimiento de que el Gobierno hizo una colaboración con la Rama Judicial para cuando a una persona lo demanden por desahucio le informen de la existencia del programa. Pero Ayuda Legal no tiene datos de cómo eso ha funcionado.
A esos efectos, comentó que no han visto campaña de orientación a los residentes de vivienda pública, aun cuando en medio de la pandemia han tenido casos de desahucios. Incluso reveló que los agentes privatizadores que administran residenciales públicos piensan que ese programa se acabó. Al presente la AVP contrata con siete privatizadoras.
A solicitud de las licenciadas Godreau Aubert y Karla Rivera Avilés, abogada comunitaria de Ayuda Legal, la AVP, suministró la siguiente información sobre el estatus del programa a diciembre de 2021, en carta cursada el 7 de diciembre por el administrador, licenciado Alejandro Salgado Colón.
Según AVP se han recibido 47,366 solicitudes de asistencia para renta/y/o para utilidades. A diciembre, se había tramitado el desembolso de aproximadamente $58 millones en asistencia para el pago de renta y utilidades. Esto se divide en el pago de renta, $39,187,321.49, y el pago de utilidades a favor de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y LUMA Energy, $18,799,0406.66.
En cuanto a la procedencia de los solicitantes, 16,079 son de vivienda pública y 31,281 de vivienda privada.
En otros datos: el 31 % de los solicitantes está entre las edades de 20 a 35 años, seguido por 24.48 % entre las edades del 36 a 45 años. El 77.42 % pertenece al sexo femenino y el 22.41 % al masculino. La tasa mayor de composición familiar es de un ingreso promedio de $679.69. El ingreso mayor informado es de $2,037.17, para una composición familiar de 8.
