Por Cándida Cotto/CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
Los fondos buitre que negocian con la Junta de Control Fiscal (JCF), en una acción cuestionable,compraron deuda cuya legalidad ellos mismos impugnaron en el tribunal.Usando información privilegiada, los 21 fondos buitres que componen las cuatro coaliciones que negocian el 42% de la deuda de los bonos del Gobierno con la Junta de Control Fiscal, incrementaron sus inversiones hasta un 53% en bonos de la misma deuda que impugnan.
Esta y otras revelaciones están contenidas en el informe Los 21 Fondos Buitre al Acecho del Gobierno Central de Puerto Rico: Impugnaciones, Inversiones, Insider Trading, publicado por el Public Accountability Initiative (PAI). El informe, elaborado por el investigador Abner Dennis, está basado en el análisis de información sobre las inversiones de los fondos buitre desde enero 2019 hasta junio 2020. La información fue sometida al Tribunal Federal en mayo de este año luego de una orden de la jueza Laura Taylor Swain, en la cual le pedía a estos fondos buitres mayor precisión en sus informes.
La orden tuvo como resultado el que los nuevos informes clarifican distinciones sobre la naturaleza de la deuda del país que anteriormente se desconocían. De acuerdo al estudio del PAI, en primer lugar distinguen entre los bonos de obligación general (GO) y los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Antes, estos bonos eran identificados como “deuda constitucional”, a pesar de provenir de diferentes emisores. Los informes presentados por las firmas buitre identifican los bonos por sus series, lo que significa que ahora se puede diferenciar entre los bonos cuya legalidad ha sido impugnada y los que no han sido impugnados por la Junta. Esta diferenciación es clave para comprender el curso de las negociaciones, afirma el estudio.
El informe de PAI destaca que los precios de todos esos bonos tuvieron una evolución diferente en el mercado, por lo que su identificación clara es imprescindible.El investigador del PAI indica que del análisis de los datos provistos en los informes de los fondos buitre, más del examen de otros documentos relacionados a la quiebra, se encontraron los siguientes hallazgos:
-Los 21 fondos buitre que componen las cuatro coaliciones que negocian con la Junta poseen $7.7 mil millones en bonos del Gobierno central. Esto representa alrededor del 42% de los bonos del Gobierno central a reestructurarse en el plan de ajuste.
-Aprovechando la caída de los precios en el mercado, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, cuatro fondos adquirieron sobre $443 millones en bonos del Gobierno central.
-La Coalición de la Deuda Constitucional Legítima respaldó a la Junta en su impugnación de los bonos del Gobierno central, emitidos después del 2012. No obstante, cuatro miembros de esta coalición, GoldenTree, Monarch, Taconic y Whitebox, compraron en el mercado los bonos cuya legalidad ellos mismos cuestionaron en el Tribunal. Así pues, estos inversionistas se situaron en ambos lados de la disputa legal.
-Se han hecho varias denuncias de información privilegiada (insider trading)o uso de información no pública para la compraventa de bonos mientras se daban las negociaciones. “En este informe examinamos esas alegaciones a la luz de la evolución de los precios de los bonos. El insider tradinges una práctica ilegal castigada por la ley federal”, observa Dennis.
Las cuatro coaliciones de fondos buitres son: Grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligación General, Grupo Tenedor de Notas QTCG, Grupo Ad Hoc de Tenedores de Deuda Constitucional, y Coalición de la deuda Constitucional Legítima. Las primeras dos se organizaron en el 2015; la tercera, en el 2018, y la cuarta, en el 2019. Revela el estudio que desde enero 2019 hasta junio 2020, los fondos buitre aumentaron sus inversiones en bonos, de poco más de $5 mil millones, a sobre $7.7 mil millones, para un incremento del 53%.
Mientras, la deuda a reestructurarse por el plan de ajuste de la JCF suma alrededor de $35 mil millones. Alrededor de $18.4 mil millones consiste en deuda en bonos del Gobierno central.Los fondos buitres poseían $7.7 mil millones en junio, lo que equivale al 42% de la deuda en bonos del Gobierno central.
Entrevistado por CLARIDAD, el investigador Abner Dennis, señaló que su estudio tiene tres líneas principales. La primera, el que hay fondos que, por un lado, apoyan la impugnación de la JCF de deuda ilegal y, por otro lado, la compran. “Eso se sospechaba, pero se pudo confirmar ahora con la evidencia de estos nuevos informes”.
Segundo, los fondos buitres se aprovecharon de la pandemia para comprar bonos en momentos en que la Bolsa de Valores de Nueva York se desplomó. En esta acción se destacó la Coalición Ad Hoc de Deudores Constitucionales, la cual compró alrededor de $377 millones en bonos del Gobierno central entre el 10 de marzo al 24 de junio. Los otros cuatro fondos que compraron bonos durante la pandemia fueron; BlackRock, Emso, Silver Point y Aristeia.
El tercer aspecto que resaltó son las acusaciones del uso de información privilegiada por parte de las firmas de los fondos buitres. Se supone que las negociaciones entre la JCF y los acreedores son secretas, pero en el caso de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico, se desprende del estudio de Dennis que existe una estrecha relación entre lo que sucede en los tribunales y el valor de los bonos en el mercado. Los precios de los bonos, por lo general aumentan después de que la Junta anuncia un nuevo acuerdo. Esto también sucedió con el acuerdo de los bonos de COFINA.
En esa línea, Dennis expresó que es falso decir que la JCF esté negociando con todos los acreedores. “La Junta está negociando con un grupito de fondos buitre y, obvio, al tener el privilegio de estar en una mesa de negociación, tienen acceso a información confidencial que en la jerga de la industria se llama información material no pública, lo que significa que, si se hace pública, influencia el precio de los bonos en el mercado”. Es decir, se supone que el negociador que tiene acceso a ese tipo de información no puede utilizarla para comprar y vender bonos en el mercado, porque tiene una ventaja ante el resto del mercado.
Esta situación incluso fue llevada ante el Congreso de Estados Unidos, durante las vistas del Comité de Recursos Naturales que preside el representante Raúl Grijalba. En una de las audiencias públicas, el congresista Jesús García interrogó a la directora de la JCF, Natalie Jaresko, sobre si la Junta estaba investigando esas denuncias y si conocía sobre las consecuencias legales del uso de información privilegiada. La contestación de Jaresko fue en el sentido de que eso estaba fuera de su alcance.
Cuestionada legalidad
El licenciado Luis Torres Asencio, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda (FCAD) preguntado por CLARIDADsi las acciones de estos fondos buitres era legal, indicó que desde una perspectiva legal habría que decir que en los litigios todo el tiempo las partes negocian entre sí. Al tratar de llegar a acuerdos y darse transacciones como esas habría que distinguir entre unas alegaciones que se han hecho ante el Tribunal y unas transacciones sobre el manejo de información privilegiada y confidencial que se comparte con terceros con miras a influenciar o darle ventaja a algunos bonistas. Esta última es una práctica por completo ilegal.
El portavoz del Frente puntualizó que el informe del PAI desmiente las expresiones del exgobernador Ricardo Rosselló de que la auditoría no había que hacerla porque en el Tribunal los bonistas iban a defender que les pagaran y eso les iba a llevar a impugnar los demás bonos, es decir, la deuda ilegal. “Pues, lo que revelan estos nuevos informes es que eso es falso. Confirma lo que ha dicho el Frente de que en el Tribunal los bonistas iban a tener un incentivo para negociar y que nunca se pasaría juicio sobre la ilegalidad de muchas de las transacciones de la deuda. Eso es lo que está ocurriendo. Queda en entredicho una vez más cómo la falta de compromiso con la auditoría de la deuda de las últimas tres administraciones y cómo en el procedimiento del Título 3 de la Ley Promesa se están llevando a unos procedimientos que no van a resultar en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Mucho menos se está moviendo el proceso a lograr una impugnación y cancelación de la deuda”.
Tanto Dennis como Torres Asencio coincidieron en señalar que la acción de la Junta de impugnar parte de la deuda es una táctica de negociación al final. Torres Asencio resaltó que la JCF se va por el menor esfuerzo y demanda e impugna; pero no se ha visto que la negociación sea buena para el país. Muestra de eso es que la JCF ha ido sacado de la negociación a las partes que de alguna manera defienden los intereses del pueblo de Puerto Rico, como fue la UTIER (Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego), y el Comité de Acreedores No Asegurados (CANA), precisamente porque estaban promoviendo reclamos de cancelación de deuda y que se dé prioridad al pago de los trabajadores y las pensiones por encima de los bonistas.
Congresistas reclaman investigación
A la luz del estudio de PAI, a principios de este mes de agosto, los congresistas de Nueva York de origen puertorriqueño, Nydia Velázquez, Alexandra Ocasio y José Serrano, junto a Adriano Espaillat y Carol Maloney solicitaron a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que investigara las actuaciones de los fondos buitres que integran estas cuatro coaliciones.
En su petición, los congresistas demócratas indicaron que esos acreedores pueden haber manejado información privilegiada para avanzar sus intereses en la litigación de la deuda, en detrimento de Puerto Rico. La petición se hace ante el fiscal general de Nueva York debido a que fue allí donde se hicieron las transacciones.
