Fondos para el desarrollo de vivienda: Falta de transparencia y participación

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com

 

Los fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación tras Desastres (CDBG-DR), aun no se han desembolsado. Al día de hoy el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) está auditando los $18 mil millones asignados en febrero de 2018. Se desconoce cuanto más tardará este proceso. 

Peor aun, no hay garantía de que los fondos llegarán a las comunidades.
Por ejemplo, hace once años, luego de unas fuertes lluvias, el HUD asignó a Puerto Rico una subvención total de $30 millones para atender los desastres causados. De los 25 municipios declarados Zona de Desastre, nueve esperan porque el Departamento de Vivienda de Puerto Rico (DV) gestione contratos y desembolse un balance de $7 millones. Por otra parte, los proyectos de mitigación de inundaciones provocados por las lluvias y para los cuales el HUD asignó unos $3 millones todavía no se han completado.

Las dudas sobre el futuro de los fondos CDBG-DR asignados tras el impacto de los huracanes Irma y María prevalecen y no es para menos. Preocupa que, como en tantas otras ocasiones, el dinero que le corresponde el pueblo termine beneficiando a sectores particulares. Es por esto que Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), corporación sin fines de lucro cuyo propósito es proveer educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de bajos y medianos recursos, ha reclamado que “en un contexto de crisis económica extendida y ante el aumento de la desigualdad tras los desastres, urge canalizar estos recursos de forma efectiva y con miras a la recuperación sostenible de Puerto Rico”.

Mal utilizados, los fondos no llegarán a las comunidades que más lo necesitan. La mala gestión de las políticas públicas en el Plan de Acción podrían tener como consecuencia el desplazamiento de los sectores menos aventajados del país.

Plan de Acción y desplazamientos forzosos

Según la reglamentación federal, el documento en el cual el gobierno establece la forma en que se van a administrar los fondos CDBG-DR debe tener unos componentes mínimos que incluyen participación de la comunidad, que los programas entre los que se distribuirá el dinero estén destinados a personas de ingresos bajos y moderados y parámetros de elegibilidad específicos, entre otros.

Ayuda Legal sostiene que el Plan de Acción no cumple con estos requisitos y que en primer lugar el gobierno ha fallado en establecer dichos parámetros los cuales deben ser claros, transparentes y participativos.
También, que existe un riesgo de desplazamientos forzosos cuando el Estado no considera la mitigación y opta por prohibir las viviendas. El programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), de la guía para el manejo de los fondos, prohíbe la reparación o reconstrucción de viviendas en zonas inundables o susceptibles a deslizamientos.

Otras de las restricciones que pudieran favorecer los desplazamientos forzosos son la falta de mecanismos uniformes para que personas sin título de propiedad formal sean elegibles a los fondos y las barreras para que organizaciones de base y comunidades puedan administrar los programas.
Cabe aclarar que ALPR no promueve que las personas vivan en espacios inseguros. En general, ante tales restricciones la organización exige que se promueva la participación de las comunidades en los planes de relozalización, que se proteja su integridad y se garanticen sus derechos.
Zonas de oportunidad y austeridad

El desplazamiento de las comunidades se puede dar de varias formas pero la soga siempre parte por lo más finito. Por eso la reducción de gastos públicos y los recortes en servicios esenciales como la educación, energía eléctrica, agua potable y salud.
Este fatídico fenómeno, también conocido en economía como austeridad, promueve que inversores atraídos por las exenciones contributivas y la economía del visitante se apropien de los espacios que solían ser de gente empobrecida.

Las zonas de oportunidad son un esquema de exención contributiva que promueve la inversión en estas zonas desaventajadas. El 98% de Puerto Rico es considerado como zonas de oportunidad, mientras que en Estados Unidos estas zonas se pueden extender en un 25% de una zona geográfica.

Según concluye ALPR en su informe para la recuperación justa, las cumbres celebradas por el gobierno, así como el tipo de inversor extranjero que se desea atraer a través de la economía del visitante, levanta sospechas sobre quiénes se beneficiarán de este esquema. Sin parámetros claros o exigencias de rendición de cuentas, este beneficio puede ser otra herramienta para establecer proyectos gentrificadores y desplazar comunidades.

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