Editorial: Gobernadora urge su intervención en acuerdo de AEE

La gobernadora Wanda Vázquez debe tomar acción urgente y enérgica para que se frene el proceso de reestructuración de deuda (RSA, por sus siglas en inglés), en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), negociado por la Junta de Control Fiscal. No es posible llamarse “nuevo gobierno” y permitir que nuestra corporación pública más importante y estratégica siga en caída libre, y mucho menos, que Puerto Rico regrese a los tiempos en que la electricidad era accesible solamente a los ricos.

Es cierto que Ricardo Rosselló nos dejó una AEE destruida. Pero el proceso de su destrucción había comenzado desde mucho antes. Tuvo su germen en la alternancia bipartidista entre el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) que convirtieron a esta corporación pública en una ATH para sus respectivos objetivos electorales, y en una agencia de empleos, contratos y prebendas para allegados, amigos y contribuyentes políticos.

Bajo la administración PPD de Alejandro García Padilla (2012-2016), ya era inminente la reestructuración de la deuda de $9 mil millones de AEE. Para eso vinieron a Puerto Rico Lisa Donahue y Alix Partners, cuyos contratos sucesivos que llegaron a los $47 millones fueron sufragados por nuestro pueblo. Al fin de ese cuatrienio, el RSA negociado por Alix Partners fue finalizado, y luego rechazado de plano por el nuevo gobierno de Ricardo Rosselló y el PNP que comenzó en enero de 2017.

Tras la aprobación de la Ley Promesa y la llegada de la Junta de Control Fiscal (JCF), ésta asumió el control de la reestructuración de la deuda de AEE, bajo el Título III de la Ley Promesa, proceso que comenzó en julio de 2017. En septiembre de 2017, el huracán María destruyó lo que quedaba de nuestro sistema eléctrico, y se abrieron las compuertas a la codicia de los mercaderes de la privatización, cegados por la oportunidad de controlar el monopolio energético que la AEE representa.

La caída libre de la AEE se agudizó durante los dos años de la administración Rosselló. Entre 2017 y 2019 ha tenido cinco directores ejecutivos consecutivos: Ricardo Ramos (contrato de Whitefish), Walter Higgins III ( en el cargo solo unos meses) y el fugaz Rafael Díaz Granados, un ingeniero colombiano que solo ocupó el cargo por unas horas, regresándose a Miami cuando se le cuestionó el monto de su proyectado salario de $750, 000 anuales. Justo González, un ingeniero de carrera en la AEE, que nunca fue considerado para el cargo en propiedad, fungió como Director Ejecutivo durante las transiciones y, finalmente, José Ortiz, la última carta que se jugó Rosselló, ante el estrepitoso fracaso de los anteriores. Pero la gestión de José Ortiz ha provocado desconfianza en nuestro pueblo, sobre todo por su dudosa inclinación a contratar amigos, por el secreteo y la falta de transparencia en asuntos de interés público, y por su falta de honestidad ante un pueblo de Puerto Rico ansioso y temeroso de volver a sufrir la pérdida prolongada de energía eléctrica durante la temporada de huracanes.

Hay dos entes internos de la AEE que le han solicitado a la gobernadora la salida de José Ortiz: la UTIER, el principal sindicato en la AEE, que agrupa a los celadores de línea que luchan por un aumento en su compensación, y cuyo presidente, Ángel Figueroa Jaramillo, ha denunciado con evidencia el desmadre administrativo de José Ortiz al frente de la corporación pública. También la Asociación de Retirados de la AEE ha solicitado la salida del Director Ejecutivo.

Con el deterioro de la AEE, el pueblo de Puerto Rico ha sido el más perjudicado. No solo porque sufre constantemente las consecuencias directas de la fragilidad del sistema, sino también porque paga facturas astronómicas e incomprensibles por un servicio deficiente. Un estudio independiente, comisionado por el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, ingeniero Tomás Torres Placa, y realizado por el experimentado economista Ramón Cao, ha dejado al descubierto las deficiencias del RSA negociado por la Junta de Control Fiscal con los bonistas de AEE. Se trata de un acuerdo muy bueno para los bonistas y muy malo para el pueblo de Puerto Rico. Su conclusión principal es que para el año 2024 los hogares, los comercios y las industrias en Puerto Rico no podrán pagar las tarifas progresivas de la AEE. Puerto Rico se empobrecerá aún más como resultado de este RSA que el experto recomienda que se renegocie nuevamente para que el pago de deuda esté en concordancia con lo que la AEE y la economía de Puerto Rico puedan pagar.

Este es el cuadro real en una corporación pública que una vez fue la “joya de la corona” del Gobierno de Puerto Rico. Ante un Director Ejecutivo débil y cuestionado, la operación interna de la AEE ha sido ocupada, por un lado, por la Junta de Control Fiscal y por el otro, por un grupo de consultores externos –muchos de ellos extranjeros– cuyos intereses y los del pueblo de Puerto Rico no necesariamente van de la mano. Urgimos a la gobernadora Wanda Vázquez a que estudie con detenimiento la propuesta de RSA negociado por la Junta de Control Fiscal con los bonistas de AEE antes de darle el aval de su gobierno a un acuerdo que puede resultar nefasto para el futuro de Puerto Rico.

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