Gobierno criminaliza la acción social

Por Cándida Cotto

ccotto@claridadpuertorico.com

La criminalización de ciudadanos, la censura, la movilización de Guardia Nacional, la Fuerza de Choque a la Fortaleza, son las más recientes acciones del gobierno del Partido Nuevo Progresista, su gobernadora Wanda Vázquez Garced, con las que están atendiendo la emergencia provocada por la actividad sísmica.

Luego de que este sábado (18 de enero) cientos de ciudadanos afectados por la serie de temblores que sufre el área suroeste desde el 28 de diciembre hasta el presente, entraran molestos a un almacén perteneciente al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) que contenía toda clase de suministros, el gobierno hizo declaraciones de que examinaba someter cargos criminales contra estas personas. El citado almacén cuyos suministros se supone fuesen distribuidos tras el huracán María (septiembre de 2017), fue descubierto por el ciudadano Lorenzo Delgado, conocido como “el León fiscalizador”. Todo indica que el almacén era mantenido en secreto por el NMEAD. El domingo la gobernadora movilizó a la Guardia Nacional para tomar control del almacén.

Esta movilización se dio mediante la firma de la Orden Ejecutiva 2020-004 que le permite a la gobernadora solicitar la activación de cualquier tipo de oficiales federales de ley y orden que ayuden a “responder” a la emergencia en Puerto Rico.

Ante las pretensiones del gobierno de radicar cargos la organización Kilómetro Cero exigió que se detenga la criminalización de las acciones ciudadanas de supervivencia y reivindicación de justicia de personas vulnerables y con necesidades básicas a raíz de la emergencia por los sismos en el sur del País.

“Lo que estamos viendo en los almacenes de suministros escondidos y que ahora son custodiados por agentes armados es un Gobierno (incluyendo el federal) que aborda las emergencias con pánico policiaco, como si fueran un momento de peligro social en lugar de vulnerabilidad y necesidad extrema”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.

La organización atribuyó que acusar a la ciudadanía de escalamiento, “saqueo” y negarle su derecho a sus suministros de emergencia es un acto oficial de represión y violación a la dignidad y a otros derechos humanos básicos como la alimentación, la salud y la vivienda.

“Lo que hicieron los residentes del sur en el día de ayer se llama acción ciudadana, se llama supervivencia, justicia y reivindicación del pueblo ante un gobierno criminal que deja a su gente morir y pasar necesidades básicas a semanas de una emergencia”, dijo Mari Narváez.

La directora ejecutiva de Kilómetro Cero indicó que la organización estará monitoreando las acciones de agentes federales que tienen poderes extraordinarios bajo la emergencia. “Estos ‘Cuerpos de paz’ compuestos por agentes armados, sin duda parten de una lógica que sugiere que las emergencias por desastres naturales implican un aumento en los peligros para la seguridad pública, noción que no está apoyada en el análisis de datos de experiencias pasadas, sobre todo en el caso de Puerto Rico. Esta idea también puede provocar dobles y triples victimizaciones para personas que ya atraviesan traumas debido a su vulnerabilidad ante desastres naturales”.

Según denunció con esta activación, los funcionarios federales podrán actuar con poder legal extraordinario, más allá del ámbito federal en el que cada uno se destaque. Tendrán los mismos poderes de ley y orden que la Policía, incluyendo delitos estatales graves, menos graves, faltas administrativas, etc. Al momento se desconoce qué agencias federales exactamente se han solicitando activar, información que el Gobierno debe de proveer al País cuanto antes.

Acotó que la orden ejecutiva es sumamente vaga e incluso hay serios y cuestionamientos sobre su legalidad pues, según una opinión del Departamento de Justicia de EE UU los llamados ‘Cuerpos de paz’ solo pueden activarse mediante legislación y ese no ha sido el caso. Reparó además que dentro del gobierno federal hay varias agencias con poder de arresto, como el FBI, los US Marshalls, la DEA, el Servicio Secreto, el Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), los investigadores postales, los oficiales de correcciones, la Guardia Costera, los US Park Rangers, la Patrulla Fronteriza (Border Patrol y ICE) y la Policía Militar (MP). Personal y recursos de estas agencias puede ser activado cuando un gobierno local decreta un estado de emergencia y solicita apoyo del gobierno federal porque sus recursos no sean suficientes. Las leyes Stafford y EFLEA permiten la activación de agentes de ley y orden federal durante emergencias.

Por su parte el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles, (ACLU, siglas en inglés) capitulo de Puerto Rico, licenciado William Ramírez, denunció los actos de censura contra los mensajes de Delgado. La red Twiter bloqueó el mensaje original sobre restricción de personas en el almacén por la policía de Puerto Rico. La información específica de lo alegado por Twitter no está disponible. Antes de que Twitter eliminara los mensajes, la red social Facebook también suspendió la transmisión en directo que hizo Delgado del escándalo del almacén. Ramirez atribuyó que ambas censuras, seguramente fueron por petición de algún agente de gobierno.

El director de ejecutivo de ACLU también denunció la censura aplicada al grupo musical Macabeo, en las Fiestas de la Calle San Sebastián, cuya participación le fue cancelada debido a un mensaje en la camiseta de uno de los músicos. El grupo fue escoltado a una guagua saliendo de San Juan, De ser confirmado, esta situación dijo constituye censura por expresión política.

Aparentemente, ahora no sólo tenemos que preocuparnos por los huracanes y terremotos devastadores, los meteoritos, y la posibilidad de un tsunami; sino que, si nos atrevemos denunciar nuestros disgustos y delatar políticos por sus malas ejecutorias, tenemos que preocuparnos por un tsunami de censura de expresión que nos amordaza a todos los niveles de gobierno”.

El licenciado Ramírez llamó la atención a que la expresión, en todas sus vertientes, es un derecho cobijado por la Constitución de Puerto Rico, y la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos; “además, es un preciado derecho en el ámbito de los derechos humanos. Delatar las malas ejecutorias de nuestros representantes políticos es una de las pocas formas disponible al pueblo para exigir rendición de cuentas y transparencia en gobierno”, reclamó.

En tanto este lunes a pocas horas de la mañana de haber llegado a las inmediaciones de la Fortaleza cientos de manifestantes para expresar su agravio por la situación del almacén en Ponce y la falta de atención durante la emergencia, el gobierno movilizó a varias unidades de la Fuerza de Choque. Según declaró a medios de prensa el jefe de la Superintendencia Auxiliar de la Policía de la Fortaleza, Jorge Hernández Peña, la movilización se estaba llevando a cabo de “manera preventiva y pasiva”.