Por Manuel de J. González/CLARIDAD
Cuando el pueblo está en la calle asusta tanto como el río que se desborda. ¡Y los puertorriqueños llevamos ya demasiado tiempo desbordados! Desde que asomó el caliente mes de julio salimos a la calle “los de siempre”, como dijo entonces el presidente de la Cámara de Representantes, pero tras esa vanguardia llegó un aterrador golpe de agua que, tras inundar calles y avenidas, se llevó por medio al gobernador de la colonia con todo su séquito. El referéndum revocatorio, inexistente en nuestro ordenamiento legal, se impuso marchando.
Una vez el gobernador de turno fue obligado a renunciar, muchas fuerzas de nuestro país buscan la manera de contener la ira que sigue en las calles. Decían que tanta protesta ya está afectando el “clima de inversión”; que los gritos están asustando los turistas; que las agencias de gobierno, con sus jefes también asustados, están paralizadas y que esa paralización está incidiendo sobre la economía; que Plaza Las Américas se ha visto obligada a cerrar dos días, que la productividad laboral ha descendido. Como ven, un gran desastre para los que cada noche meten en la caja fuerte las ganancias del día. Pero, más que las ganancias, que nunca se han detenido, lo que le preocupa a esta gente es que el golpe de agua se asome por su finca, que los desbordados lleguen hasta ellos a exigir cuentas.
La elite económica, que también es elite política, hizo todo lo posible para asegurarse que en los ocho días que trascurrirían entre el anuncio y la efectividad de la renuncia de Ricardo Rosselló, estuviera consensuado un sucesor “aceptable”. Tenía que ser alguien que le diera “confianza al inversionista”, pero, sobre todo, alguien que pueda establecer una “buena relación de trabajo” con la junta de procónsules que controlan las finanzas públicas. Los siete junteros, y las lejanas autoridades que los impusieron, están entre los más asustados. Tan pronto se escuchó el ruido de la primera crecida (al ritmo del reguetón caribeño) los junteros emitieron un comunicado de prensa diciendo que miraban “con admiración las protestas”. ¡Vaya cinismo! Pero claro está, una cosa es protestar contra un gobernador corrupto y vulgar, y otra pretender afectar “el orden” necesario para hacer negocios.
La palabra mágica para los junteros y todas las “fuerzas vivas” de la colonia es “estabilidad” o, mejor aún, volver a la “normalidad”. La normalidad requiere que los junteros puedan seguir imponiendo austeridad sin que se produzcan protestas, que la Legislatura termine de una vez y por siempre con las pocas protecciones laborales que quedan, que quienes negocian un plan de pago de la deuda a la medida de los acreedores no tengan que escuchar gritos perturbadores.
Para lograr ese ambiente, ¿quién mejor que uno de los principales abogados de la Junta de Control Fiscal (JCF) como Pedro Pierluisi? El recién destituído Rosselló fue el producto de una elección, pero para su sustituto habría “selección”, y Pierluisi parecía ser el candidato apropiado.
Además de formar parte del personal de servicio de la Junta, Pierluisi es un miembro destacado de la elite económica y política de la colonia. Es, por tanto, quien les da la mayor garantía para un pronto regreso a la “normalidad”. Por eso se han dispuesto a imponerlo de la mejor manera, es decir, a la brava. Su nombramiento como Secretario de Estado y primero en el orden sucesorio se produjo apenas dos días antes de que concluyera el mandato del destituído, sin tiempo para reaccionar. Cuando aparecieron voces perturbadoras, tanto en la calle como en la Legislatura, de inmediato se orquestó el coro que impondría el “consenso”. Tanto el popular Aníbal Acevedo Vilá como el poderoso grupo empresarial Ferré Rangel, estuvieron entre las fuerzas que se juntaron para intentar construir el “consenso” necesario para la ratificación del seleccionado.
A base de mollero lograron que, con mayoría de uno, la Cámara de Representantes lo confirmara. De inmediato procedió a proclamarse gobernador – juramentando a escondidas en casa de su hermana cabildera – al hacerse oficial la destitución de Rosselló. Dos días después, el domingo 4 de agosto, anunció que no se someterá a evaluación del Senado porque lo que está ante ese cuerpo es un nombramiento de Secretario de Estado y ya él es gobernador.
La lógica de lo sucedido es aterradora para el futuro de cualquier país. El gobernador expulsado nombra un secretario que, una vez confirmado por la Legislatura, podría sucederlo. El designado, aprovechando que la Legislatura está en receso, asume el cargo. Luego dice que, como ya es gobernador, no tiene que someterse a un procedimiento de ratificación de funcionarios electos. Estamos ante un auténtico golpe de estado, una burla a todo lo que se pueda considerar como “democrático”.
Los golpes de estado siempre han sido obra de alguna junta. Los que conocíamos hasta ahora la Junta en cuestión la integraban militares. El golpe que tenemos ante nosotros fue orquestado por la junta de procónsules que vino del Norte. No es casualidad que en la primera reunión de Pierluisi con “su gabinete” estuviera presente la abogada Rosemarie Vizcarrondo Carrión, vinculada a la JCF.
Los que orquestaron esa toma del poder han olvidado un detalle. La crecida que terminó arrastrando al gobernador corrupto y jaquetón no ha concluido. Las aguas no han vuelto al cauce. De ellas, y no de los tribunales, es que saldrá la respuesta. En estos momentos ya está presentada una demanda del Senado de Puerto Rico reclamando que se respete su derecho constitucional a ratificar los funcionarios del poder ejecutivo. Independientemente de lo que pueda decidir el foro judicial será otra vez el poder de la calle el que se imponga.
