“Hace falta que se investigue lo que ha hecho la gobernadora”

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

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A juicio del profesor de Derecho Carlos Ramos González, las denuncias en contra de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, de intervenir para detener los referidos del Departamento de Justicia (DJ) al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), ameritan ser investigados por todos los organismos pertinentes; el punto neurálgico es en qué momento. Entre los referidos se encuentran la propia gobernadora y otros miembros cercanos de su administración

Ramos González indicó que la conducta de la gobernadora debe de ser investigada, como ya lo inició la Secretaría de Justicia conforme a la ley que creó el PFEI. “Se trata de un mecanismo que se creó en el 1988 justamente para de alguna manera lograr que figuras como el gobernador o alguien a ese nivel no se dejase en manos del proceso normal de investigación de la Secretaría de Justicia por la confianza que se esmeró sobre esa institución, el FEI, y en particular a partir del caso del Cerro Maravilla. Así que hace falta que se investigue lo que ha hecho la gobernadora”. Puntualizó que desde el punto de vista de los organismos de investigación criminal que tiene el Gobierno de Puerto Rico ese es el organismo indicado.

La otra instancia que debe y tiene la facultad constitucional de investigar la conducta de la gobernadora es la Asamblea Legislativa (AL), sobre todo cuando se está implicando la posible comisión de delito. . El poder de la AL en ese sentido es mucho más amplio que el del PFEI. Si bien la Legislatura no puede radicar cargos, puede investigar situaciones que sean acciones de delito del gobernador o de cualquier otro funcionario público o conductas que, aunque no lo fueran pueden considerarse incluso causa para residenciamiento.

No obstante, alertó sobre los inconvenientes de que la AL haga en estos momentos una investigación, mientras se supone que el PFEI esté haciendo su investigación. En el caso de la Legislatura, esta puede hacer dos tipos de investigación. En esta situación particular, una general profunda; pero en el sentido de que no esté encausada al residenciamiento, sería una investigación como parte de sus poderes. Si encuentra posible comisión de delito tiene que referirla a los organismos pertinentes. “En este caso sería absurdo que el propio Departamento de Justicia lo haga. Podría ser la Oficina de Ética Gubernamental e incluso a las autoridades federales. Lo que pasa es que cuando se hace simultáneamente, cuando se está haciendo la investigación criminal, que en este caso es el FEI, eso va a ser un proceso tortuoso, porque mucho de lo posible investigado, mucha de la evidencia la va a tener el propio FEI y es posible que se levanten aspectos de incriminación”.

Otro tipo de investigación que dijo se puede hacer, aun cuando observó que tampoco este es el momento, es la investigación para un posible proceso de residenciamiento. “Para la primera no hace falta mucha votación amplia. La Asamblea Legislativa puede investigar cualquier asunto de interés público, aunque no esté en sesión. Pero para investigar para propósitos de residenciamiento tiene que autoconvocarse porque se estaría enjuiciando a la gobernadora y eso lo tiene bien claro el PNP: no va a convocar una asamblea extraordinaria para investigarse. La Asamblea Legislativa necesita dos terceras partes para autoconvocarse e iniciar el proceso formal. Al menos puede iniciar el proceso fuera del residenciamiento para investigar, pero en este momento va a tener el mismo problema tortuoso”.

El doctor Ramos González advirtió que con decir que es tortuoso no está diciendo que no deba darse o considerarse la investigación dado a que la AL justamente está de contrapeso para el poder ejecutivo o para atender la desconfianza de las personas que han ocupado la Secretaría de Justicia. Hizo una distinción entre la desconfianza en el DJ y la desconfianza en el secretario el DJ. 

“Hay muchos componentes. Ahí hay muchos abogados y abogadas de carrera serios, empleados permanentes bien serios y yo no puedo decir que hay una desconfianza en todos esos elementos del DJ. La desconfianza fundamental siempre ha sido con la persona que dirige ese departamento sobre, todo en este cuatrienio”. Añadió que se puede medir el grado de desconfianza que hay en este momento al secretario o secretaria del DJ por las veces que ha habido que sustituirle, por lo que está pasando en el desgobierno del PNP. Comparó que eso no sucedió en el cuatrienio anterior, cuando la persona que originalmente se nombró permaneció casi los cuatro años.

El profesor de Derecho coincidió con la apreciación de que hubo una falta de juicio, tanto de parte de la gobernadora al nombrar a Longo Quiñones como secretaria del DJ a sabiendas de que la madre de esta era subsecretaria del Departamento de Salud, así como por parte de Longo Quiñones por aceptar. “Ese es el pecado original. Mira que se le criticó…” Añadió que ambas en aquel entonces debían de saber que en algún momento el DJ tendría que estar investigando los asuntos de salud y, aunque se supone que hay los mecanismos de inhibición, en apariencia siempre va a existir la desconfianza. “Creo que fue una falta de juicio tremenda de ambas”. Más aun, recordó que la gobernadora retuvo al entonces Secretario de Salud pese a las críticas que hubo antes de la pandemia; por lo tanto, se sabía que era cuestión de tiempo su despido por diferentes razones. Si algo debió conocer la gobernadora era que tarde o temprano esa subsecretaria sería fundamental en su equipo de trabajo.

Ramos censuró la postura que describió como “afán” de últimamente de nombrar funcionarios fiscales federales para dirigir al DJ de Puerto Rico. “Eso dice tanto. Por un lado lo que quieren hacer es enviar un mensaje —no sé de qué— de que tienen más capacidad que los de aquí. No me digas que esa era la única persona disponible en la fiscalía federal para hacer ese trabajo, no me lo digas. Además, por qué seguir federalizando la Secretaría de Justicia como si no hubiese recursos en el país”.

Ramos González respondió a su propio cuestionamiento y atribuyó esta conducta de los funcionarios del PNP a que aparte de la política y de la mentalidad pitiyanqui de que todo lo que viene de afuera es mejor, la otra razón es que el universo de selección del PNP es tan pequeño que solo pueden nombrar a gente que responda a su partido y a la intensidad del color del partido, solo a personas que de alguna manera piensen que pueden controlar. Con ello lo que le hacen es daño al Departamento de Justicia y al país.

Resaltó que es ante esta conducta que surge la creación del PFEI. “Hay que tener un secretario o secretaria que inspire confianza al país, al resto de las fuerzas políticas. Claro, un Secretario de Justicia así es muy difícil de controlar”, admitió. 

También trajo a la atención el cambio de postura de Vázquez Garced, que en un principio dijo que no quería “tener ese peso sobre sus hombros”, y ahora es candidata a la gobernación.

El jurista destacó que la persona que está ocupando la gobernación, si hubiese tenido un entendido mejor de las circunstancias del país y del rol de la posición única que tenía en ese momento en la historia de ser la gobernadora, pudo haber usado ese poder para ganarse un lugar en la historia del país y formar un gobierno de salvación nacional. Aun en las circunstancias actuales de que Puerto Rico tiene una gobernanza prestada de Estados Unidos, Vázquez Garced pudo haber pedido la renuncia de funcionarios, nombrar personas fuera de líneas partidistas y formar un gobierno de salvación nacional, “pero fue incapaz de hacerlo, se le fue de las manos o quizás nunca lo comprendió”. 

Sobre la razón que ofreció la gobernadora para despedir a Longo Quiñones, de que intervino en una investigación federal, hizo la observación de que, si en efecto los federales levantan un dedo para investigarla, esto podría devolver un poco de credibilidad a la gobernadora, pero hasta ahora todas las razones que dio la gobernadora suenan más a una pesquisa, a un montaje para tomar una decisión que no fue en el mejor interés del país.

El Panel del Fiscal Examinador Independiente tiene 90 días para realizar su investigación aunque puede solicitar más tiempo al Departamento de Justicia. No se descarta que el PNP pueda tener candidatos en las elecciones sujetos a una acción judicial.