Haití, la comunidad imperial y la guerra contra Petrocaribe

Por Lautaro Rivara

Desde hace cinco semanas Haití enfrenta grandes problemas de desabastecimiento de combustibles y otros productos petqroleros. Como consecuencia la población ha sido afectada por el encarecimiento de los productos básicos, la paralización parcial del transporte, el contrabando y las largas colas registradas en las estaciones de servicio. Un galón de nafta o el queroseno utilizado para iluminar las casas en las numerosas regiones que carecen de suministro eléctrico puede costar hasta dos o tres veces su valor habitual. La actividad gubernamental, comercial y civil es por estas horas nula o intermitente. Las más afectas resultan, evidentemente, las grandes mayorías que sobreviven con menos de dos dólares diarios en el país más empobrecido y uno de los más desiguales del hemisferio.

La ausencia de carburantes registra dos grandes causas. Por un lado la retención de combustibles por parte del gobierno, quién de esta forma presiona para justificar la eliminación de los subsidios estatales y el alza de precios. Así lo intentó el presidente Jovenel Moïse en julio del año pasado, en sintonía con las políticas globales del FMI en la materia. La política hacia Haití también fue replicada en países tan distantes como Guinea Ecuatorial y Egipto. En ese entonces la tentativa culminó en Haití con un millón y medio de personas movilizadas en las calles de todo el país, la suspensión de la impopular medida y la renuncia forzosa del ex Primer Ministro Jack Guy Lafontant.

Pese a que en esta oportunidad el ejecutivo argumentó no estar considerando tal aumento, fue difundida una circular interna de la Policía Nacional que convocaba a las fuerzas especiales del CIMO a hacer frente a las eventuales protestas que generaría “el próximo aumento de los productos petroleros”. Es decir que el principal cuerpo de seguridad del Estado daba por sentado el incremento hasta hace unos pocos días. En paralelo, un reportero de Radio Ibo confirmó, tras visitar una terminal portuaria, que los 140 mil barriles de petróleo que el Estado tenía en su haber no se habían agotado sino que estaban siendo retenidos de forma deliberada.

 La otra causa de la crisis energética se relaciona directamente con la geopolítica regional. El bloqueo y embargo que los Estados Unidos sostienen sobre la República Bolivariana de Venezuela impide la libre navegabilidad de los cargueros que anteriormente abastecían de combustible subsidiado y bajo condiciones preferenciales a la nación caribeña. Impedido de acceder a crudo barato, Haití ha vuelto a un mercado internacional dominado por las transnacionales norteamericanas, las cuales imponen precios onerosos e imposibles de costear para el Estado.

La política del Departamento de Estado norteamericano pretende así cerrar el cerco sobre el gobierno de Nicolás Maduro, golpear colateralmente a Cuba, quién también viene registrando un moderado desabastecimiento, y debilitar en simultáneo la alianza de los países miembros de Petrocaribe. La plataforma de cooperación energética fundada en 2005 por instrucción de Hugo Chávez Frías ha sido desde entonces un puntal de la diplomacia venezolana en la región que Estados Unidos considera su mare nostrum, y ha golpeado duramente los intereses comerciales de gigantes como Chevron y Exxon Mobil.

 Así, Haití resulta a la vez la principal víctima y el instrumento suicida de la política injerencista en el Caribe bajo la administración Trump. Mientras resulta la nación más duramente afectada por la crisis energética derivada del embargo a Venezuela, es utilizada como punta de lanza de la ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro. A la vez, el gobierno de Jovenel Moïse, plenamente consustanciado con las prioridades norteamericanas, se suma a quiénes pretenden debilitar y quebrar a la Comunidad del Caribe (CARICOM), la que ha dado reiteradas muestras de autonomía en el tratamiento de la álgida cuestión venezolana.

 Mientras tanto, la llamada “comunidad internacional”, otros países que ostentan intereses en Haití tales como Francia o Canadá, e incluso organismos internacionales de activa presencia en el país como la OEA y las Naciones Unidos, parecen no registrar la magnitud de la crisis. Mientras señalan presuntos déficits de democracia en países como Venezuela y Cuba, parecen no reconocer el hecho de que Haití carece de un gobierno estable, en funciones y constitucional desde julio del año pasado. Y es que el fracaso de las ocho misiones internacionales civiles y militares que actúan en el país desde el año 1993 es demasiado evidente. Echar una mirada al drama haitiano implica reconocer la gravosa responsabilidad internacional en la dramática situación del país.

Ni la estabilización, ni la reconstrucción, ni la pacificación, ni la justicia, han sido objetivos ni remotamente alcanzados, como podrá comprobar quién visite Haití o recabe sus más elementales indicadores sociales y económicos. La próxima y enésima misión, la llamada BINUH que vendrá a reemplazar a la actual MINUJUSTH el próximo 16 de octubre, no parece ofrecer mayores garantías en ese sentido. De lo que se trata es de perpetuar la ocupación internacional de un país aún hoy considerado, según el Artículo VII de la Carta de las Naciones Unidas, como una irrisoria “amenaza a la seguridad internacional”. Otro objetivo es mantener a la mano el recurso fácil a nuevas remilitarizaciones para reprimir y contener las masivas protestas que sacuden al país y exigen la dimisión del presidente, si estas llegaran a afectar los intereses geopolíticos de las potencias occidentales en el Caribe.

Reproducido de www.alainet.org

El autor es sociólogo y miembro de la Brigada Dessalines de Solidaridad con Haití.

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