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Hay que aprobar el proyecto para una nueva ley universitaria

 

CLARIDAD

Que se apruebe el Proyecto de Reforma Universitaria (PS 172) y que se investiguen las denuncias presentadas por el expresidente de la Universidad de Puerto Rico Jorge Haddock Acevedo contra la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico son los reclamos de distintos sectores de la comunidad universitaria.Según Haddock Acevedo, su despido se debió a que no cedió a presiones político-partidistas.

Al reaccionar a las denuncias la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU), en comunicado de prensa, advirtió el que las influencias político-partidistas sobre la UPR, denunciadas por el expresidente, son parte de un patrón nocivo que lleva ocurriendo hace décadas en la UPR y que la Legislatura puede ayudar a frenar mediante el Proyecto del Senado 172 (P. del S. 172).

El Proyecto, que al presente se encuentra bajo evaluación en el Senado, fue presentado el cuatro de febrero de este año por 14 senadores y senadoras de tres partidos políticos y el por el senador independiente José Vargas Vidot, a petición de la CMRU. En el momento de su presentación CLARIDAD dio a conocer que el entonces presidente Haddock Acevedo, junto a los 11 rectores, se reunió con miembros del Senado del Partido Nuevo Progresista (PNP) en oposición al Proyecto.

El PS 172 fue un trabajo de dos años en el que participó toda la comunidad universitaria. El doctor Juan Carlos Martínez Cruzado, representante docente del Recinto Universitario de Mayagüez ante la CMRU, defendió el “que UPR es un motor para la economía, sobre todo, en estos tiempos de crisis y, particularmente, para el desarrollo de las regiones donde están ubicados los recintos universitarios. ¿Cuánta más evidencia se necesita para demostrar que este bien público del pueblo puertorriqueño requiere una legislación contundente que evite se siga usando como botín por los partidos políticos de turno? ” Indicó que la medida propone procesos rigurosos de consulta y de evaluación, a la vez que establece términos fijos para la incumbencia de gerentes universitarios que no coincidan con períodos eleccionarios, entre otras medidas que buscan fortalecer y darle mayor estabilidad al primer centro docente del país.

La doctora Isar Godreau, representante docente de la UPR en Cayey ante la CMRU, agregó que “la demanda del expresidente da cuenta de una larga historia en el uso indebido de presiones político partidistas para remover o nombrar gerentes universitarios. Si bien es importante dar a conocer el problema, también es necesario darle visibilidad a la solución. Ahora contamos con un proyecto desarrollado por la propia comunidad universitaria para cambiar estas prácticas que tanto daño le han hecho a la Universidad y al país”.

Por su parte, la Confederación Estudiantil que agrupa a organizaciones de estudiantes de los once recintos igual urgió a que se apruebe el PS 172. “Los alegatos presentados por el Dr. Haddock ponen en relevancia nuevamente la necesidad de una UPR que no esté atada al vaivén partidista, el cual moldea los objetivos de la institución a la agenda e intereses del partido que esté en el poder, lejos de ponerla al servicio del Pueblo. Nuestro desacuerdo con el Dr. Haddock y sus decisiones en el pasado no impiden reconocer que hay un problema de intromisión por parte de allegados al Gobierno y el partido de turno, lo cual puede constituir una ilegalidad.” afirmó Mario Toro, secretario ejecutivo de la Confederación.

En tanto el Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras solicitó a los presidentes de la Asamblea Legislativas a que inicien una investigación formal sobre las alegadas actuaciones del designado secretario de Estado Omar J. Marrero Díaz, detalladas en la demanda presentada por el expresidente.

De acuerdo con la demanda, entre las imputaciones que se le atribuyen al licenciado Marrero Díaz se encuentra la de exigirle al ingeniero Haddock Acevedo, aduciendo que eran órdenes directas de la Fortaleza, que removiera al licenciado Rubén Colón Morales de su posición como representante de la UPR ante la junta de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).

El CGE denunció que las presiones indebidas provenientes de las más altas esferas universitarias y del mundo de la política partidista para remover al representante de la UPR ocurrieron luego de que este se sostuviera en oponerse a la designación de la Mabel Jiménez para la dirección de la COSSEC, según expone el propio licenciado Colón Morales en una carta con fecha del 4 de agosto de 2021 enviada a la decana de la Facultada de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras.

“Toca al tribunal confirmar o negar la argumentación del doctor Haddock Acevedo. Sin embargo, intromisiones político-partidistas basadas en beneficios individuales son las que han puesto nuestra Universidad en el panorama que hoy se encuentra. La comunidad universitaria requiere una dirección que se enfoque exclusivamente en el desarrollo y la democratización de los once recintos que componen la Universidad de Puerto Rico. Hay que erradicar el pillaje y la corrupción de los cuerpos rectores de nuestra universidad”, expresó Delvin Caraballo Rodríguez, representante estudiantil ante la Junta Universitaria del Recinto de Río Piedras.

Los estudiantes precisaron que el proceder del licenciado Marrero Díaz pudiera constituir una posible violación al estándar número siete sobre gobernanza institucional exigido por la Middle States Commission on Higher Education.

 

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