CLARIDAD
La lucha por una vivienda digna, por que las y los puertorriqueños nos mantengamos en Puerto Rico, por el apoderamiento legal y por la justicia climática son parte de las múltiples facetas de trabajo que Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) abordó en el año 2021 y que continuará en el 2022.
En una conferencia ante la prensa, el equipo de ALPR presentó un balance de su trabajo en el año que pasó y de las perspectivas de su trabajo para el 2022. La directora ejecutiva de ALPR, licenciada Adriana Godreau Aubert, expuso que el pasado año la mayor parte del trabajo del equipo legal de ALPR fue adelantar una práctica legal distinta, a la misma vez que defender el derecho a la vivienda y el derecho a permanecer en Puerto Rico. Para ello están haciendo dos cosas simultáneamente. Por un lado, ofreciendo información y acompañamiento legal a personas de escasos o limitados recursos y, por otro lado, impulsando política pública con la idea de que mientras más la gente conoce sus derechos en mejor posición está de defenderse.
“Entendemos que cuando hablamos del derecho a la vivienda, cuando hablamos del acceso a la justicia, cuando hablamos del derecho que tienen las personas a la posibilidad de defender una vida digna se necesita, por ejemplo, en el medio de una pandemia, derechos laborales. En medio de una crisis de vivienda, de que no se puede pagar, se necesita, más allá que apoyo legal, se necesita, más allá que conocer sus derechos, cambiar las políticas públicas que siguen permitiendo que estas cosas pasen”, subrayó Godreau Aubert.
En esa dirección, detalló que 1.9 millones de personas recibieron apoyo legal gratis de parte de ALPR en el 2021 y 5,300 recibieron acompañamiento legal. Para este año 2022 esperan atender a unos dos millones. La organización también ofreció apoyo legal y orientación en asuntos del COVID-19 y derechos laborales.
La licenciada describió que el 2022 atrapa al país en medio de desastres continuos, mientras la falta de acceso a información legal es una realidad para la gente pobre en el país. Esto, sin dejar pasar por alto el impacto de las medidas de austeridad que han tenido los recortes en las agencias, el impacto que tiene la corrupción y el mal manejo de fondos federales, así como la falta de trabajo en relación con la justicia climática.
Sobre la falta de acceso a información y servicios legales, reveló que, según un estudio del 2021 comisionado al doctor José Caraballo Cueto, la principal fuente de información de estas personas era el Internet o la radio, los cuales no siempre ofrecen información correcta, ni de valor para defender sus derechos. El estudio también demostró que existe muy poca confianza en el sistema de justicia. Apenas el 6 % de la gente dijo confiar en el sistema de justicia, en particular, los tribunales, como una fuente de información.
Godreau Aubert denunció que cuando la gente va a reclamar sus derechos a una agencia como el Departamento del Trabajo o FEMA, la experiencia siempre está enmarcada en la poca confianza, porque las agencias son lentas y los procesos no tienen resultados efectivos para los reclamantes.
A lo anterior se le suman las barreras que hay para que la gente pueda defender sus derechos debido a que no hay servicios legales gratuitos y las organizaciones como Ayuda Legal que hay son pequeñas e insuficientes para atender todas las necesidades legales que existen en el país. Por otra parte, existe muy poca cultura o aceptación del derecho que tiene la gente a autodefenderse. “Cuando la gente se autodefiende o trata de acudir a los tribunales, el sistema se hace tan inaccesible, que si no tiene un abogado no se puede defender”.
Un aspecto en el cual Ayuda Legal pondrá énfasis en este año será en cambiar políticas públicas para que se reconozca como parte de los procesos el derecho que tiene toda persona a defenderse de forma efectiva, tenga o no un abogado. Sobre el particular, continuarán impulsando la aprobación del proyecto PC 488, que busca detener los desahucios y las ejecuciones en emergencias. La medida fue vetada por el gobernador el pasado mes de diciembre.
Ayuda Legal tiene en su página en Internet varias plataformas a las cuales las personas pueden acceder según su necesidad de información u orientación. Por ejemplo, si una persona entiende que está en riesgo de perder su vivienda por no poder pagar su hipoteca, puede acceder a: riesgo.ayudalegalpuertorico.org. Además tiene una línea directa para orientación legal, 787-957-3106, y una clínica de apoyo legal en señas para personas sordas: Bit.ly/alprsenas.
Según se indicó, en el mes de febrero esperan reiniciar sus actividades presenciales de brigadas y talleres informativos de orientación legal en los asuntos, tanto de ejecución de hipoteca como en procesos ante las diversas agencias de gobierno.
