CLARIDAD
Desde que en la tarde del 25 de julio de 1978 el gobernador Carlos Romero Barceló anunció que la Policía había matado a dos “terroristas” en el Cerro Maravilla de Villalba, llamando héroes a los ejecutores, la dirección independentista de entonces concluyó que la historia oficial era falsa. La edición de CLARIDAD fechada 28 de julio no cubre el tema porque se confeccionó antes, pero el titular principal de la siguiente es: “El País condena la masacre; Romero solo”. Junto al titular aparece una foto de una multitud protestando frente a Fortaleza, y una imagen de encubierto Alejandro González Malavé con la siguiente nota: “he aquí al despreciable sujeto que condujo a dos jóvenes independentistas hacia un pelotón de fusilamiento.” Como sabemos, todo lo que dijo CLARIDAD en su primera edición tras los hechos posteriormente se corroboró, pero hubo que esperar 6 años. Una conspiración de silencio urdida por instituciones nacionales y federales mantuvo un manto encubridor durante ese tiempo, hasta que una investigación del Senado de Puerto Rico confirmó el vil asesinato de Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví.
En la página 3 de aquella edición del 4 de agosto se reseña la declaración del único testigo directo de los hechos que no era policía, el conductor del vehículo secuestrado por González Malavé, Julio Ortiz Molina. Esa declaración era el hilo que conducía directamente hasta los asesinos, por lo que los verdaderos hechos pudieron haber sido esclarecido a solo días de la masacre de no haberse desplegado una segunda conspiración, la de encubrimiento. Para llegar otra vez hasta la simple verdad que ya se desprendía del testimonio de Ortiz Molina, fue necesario superar a las instituciones de “ley y orden” que operan en Puerto Rico: el Departamento de Justicia de aquí, el de Estados Unidos, la Policía, el FBI y el Tribunal Federal. Todo ese enjambre oficial se juntó para garantizar el encubrimiento, pero al final quedaron derrotados.
Hago ese breve recuento – ampliamente explicado en el libro Requiem en el Cerro Maravilla del periodista Manuel Suárez – porque recién circula la noticia del fallecimiento de Héctor Rivera Cruz, un nombre que estará ligado para siempre a los eventos del Cerro Maravilla. En el trabajo de la comisión del Senado que finalmente condujo a derrotar la conspiración de silencio participaron muchas personas, pero entre todas ellas el trabajo de Rivera Cruz fue fundamental.
Previo a que entrara en funciones el equipo de trabajo dirigido por Rivera Cruz, se habían producido dos aportaciones muy importantes. La primera que sobresale es el gran trabajo de algunos medios de prensa, aportando informaciones que resultarían vitales, y manteniendo viva la historia que se quería silenciar. CLARIDAD, además de dar el aldabonazo inicial, dedicó sus redactores y sus páginas al tema a lo largo de esos 6 años. De la prensa diaria se destaca la aportación de dos periodistas, Tomás Stella y Manny Suárez, quienes desde The San Juan Star desplegaron el mejor periodismo, aportando información nueva y cubriendo en detalle dos procesos que se daban en el Tribunal Federal, uno dirigido a descubrir la verdad y otro a ocultarla.
El dirigido a descubrir la verdad fue la demanda civil de los familiares de las víctimas incoada por los abogados José Antonio Lugo, Michael Avery, Peter Berkowitz, Judith Berkan y Rina Biaggi. El descubrimiento de pruebas de ese caso resultó altamente trabajoso porque, además de enfrentarse al abogado de los policías, Héctor Laffitte (quien también era abogado de El Nuevo Día y la familia Ferré) debieron superar la hostilidad del juez del caso, Juan Pérez Giménez. Paralelo a la demanda civil se produjeron dos investigaciones de un gran jurado convocado por el Departamento de Justicia federal, que no produjeron acusaciones y, gracias a las manipulaciones de Laffitte, sirvieron para reforzar el encubrimiento oficial.
En ese ambiente es que se produce la investigación que dirigió Rivera Cruz. El resultado de las elecciones de 1980, que le dio el control del Senado al PPD, permitió que se pudieran dirigir recursos públicos hacia una investigación seria. Ese grupo investigador tendría poder para compeler la presencia de testigos y requerir la producción de documentos, algo que no tenían los abogados que atendían la demanda de los familiares. Además, esa capacidad de investigación de la Legislatura no podía ser interferida por el Tribunal Federal donde Pérez Giménez y el todavía abogado (futuro juez) Laffitte, reinaban.
Pero, aun con esos poderes, no todas las investigaciones legislativas tienen los resultados buscados. A ellos hay que juntar la capacidad de los investigadores y la pasión dedicada a trabajo. Además de Rivera Cruz, el esfuerzo contó con las aportaciones del jurista Marcos Ramírez y de algunos senadores, pero fue él quien condujo con maestría el proceso investigativo que permitió reunir la evidencia necesaria para el procesamiento criminal de los asesinos. Gracias a los recursos del Senado las vistas se televisaron y todo el País pudo ver cómo el manto de mentiras se descorrió ante las incisivas preguntas del joven abogado.
Los policías asesinos fueron finalmente procesados con la prueba reunida en la investigación senatorial, pero el autor intelectual, Carlos Romero Barceló, quien desde Fortaleza ordenó que le dieran un “escarmiento” a los jóvenes independentistas, nunca pagó. Terminó muriendo de viejo, como tantos sátrapas de la historia, sin pagar por sus actos, aunque señalado para la historia como criminal y encubridor.
