Luego del mensaje del Gobernador, se confirmó lo que vengo advirtiendo al país desde el pasado 5 de febrero de 2018, cuando la Junta de Control Fiscal emitió una carta al gobernador acusando recibo y contestando el nuevo plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico. En ese momento, la Junta recomendó más reformas al mercado laboral, a las pensiones y en el bienestar social.
Las propuestas de la Junta para destruir aún más las condiciones laborales, justificadas con el alegado propósito de facilitar el “ambiente de hacer negocios en Puerto Rico”, incluían reducir los salarios a los empleados del sector privado, eliminar el bono de navidad, disminuir las licencias de vacaciones y enfermedad de los empleados y derogar la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como la Ley sobre Despidos Injustificados.
Advertimos en ese momento que dichas propuestas lo único que promoverían sería la agudización de la pobreza y precariedad de los trabajadores, el menoscabo en su calidad de vida y la aceleración de la ya preocupante emigración de nuestra fuerza productiva, en busca de mejores oportunidades y rehuyendo a estas medidas que retrotraerán a los trabajadores nuestro a una especie de esclavitud del siglo XXI. Este enfoque de la Junta del manejo de la relaciones en el empleo es puramente economicista y se aleja de los principios de humanismo y de desarrollo pleno del ser humano.
Desde mi escaño en la Cámara de Representantes radiqué la Resolución Concurrente 64, para expresar a la Junta de Control Fiscal el más fuerte y enérgico rechazo a sus últimas recomendaciones de Reforma Laboral y Pensiones y decretar que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no aprobaría legislación alguna que menoscabe aún más los derechos de los trabajadores y pensionados del Pueblo de Puerto Rico. Mediante esta Resolución Conjunta, de aprobarse, le informaríamos a la Junta que no aprobaríamos ni una sola de estas medidas draconianas a través de nuestro proceso legislativo; que la mayoría legislativa no actuaría más como verdugos del Pueblo de Puerto Rico, siguiendo las instrucciones de una entidad no electa, impuesta mediante el más burdo ejercicio colonial, que solo busca torpemente, y sin consideración social alguna, proteger a los bonistas y satisfacer el pago de una deuda maldita que pesa sobre nuestro Pueblo como una espada de Damocles.
En conjunto con la radicación de esta Resolución Concurrente, le envié una carta al Presidente de la Cámara del PNP y al Portavoz de la Minoría del PPD, haciéndole un llamado, como líderes de sus respectivos partidos en la Cámara, a unirse junto a sus delegaciones como coautores de la misma e impulsar su aprobación expedita con el fin de enfrentar y detener de una vez la agenda de la Junta, que es evidentemente contraria a los intereses de nuestro Pueblo. Desafortunadamente, al día de hoy esta medida no ha sido atendida.
Por otro lado, el Gobernador de Puerto Rico –que originalmente repudió las pretensiones de la Junta y anunció que las combatiría– a espaldas del País negoció con la Junta de Control la aprobación del presupuesto del gobierno y un descarado aumento al presupuesto de La Fortaleza a todas luces para tratar de revivir su maltrecha imagen a cambio de la derogación de la Ley 80 contra despidos injustificados. En su mensaje de “presupuesto”, reclutó como cabilderos de dicha negociación a los alcaldes, a cambio de aprobar en ese mismo presupuesto una asignación de 1 millón de dólares para cada municipio y una asignación anual subsiguiente de 50 millones para dividirlos entre todos.
Para empujar sus mezquinos propósitos, los favorecedores de la derogación de la Ley 80 alegan que aceptar esta solicitud de la Junta es el precio que hay que pagar a la JCF para no perder el bono de navidad y las rebajas a las licencias de enfermedad y vacaciones de los empleados. En otras palabras, es como una ofrenda de sacrificio que hay que “brindarles a los dioses del imperio”.
La Ley 80 sobre Despidos Injustificados es una de las pocas protecciones que les quedan a los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico. Su propósito es garantizar que los empleados despedidos sin justa causa tengan derecho a recibir de su patrono una indemnización. La Ley dispone que se entenderá por justa causa “aquella que no esté motivada por razones legalmente prohibidas y que no sea producto del mero capricho del patrono.” En otras palabras, la eliminación de esta Ley tiene la consecuencia inmediata de permitir que un patrono despida caprichosamente a un empleado.
En una Vista Pública del Senado de Puerto Rico, en representación del Partido Independentista Puertorriqueño el catedrático en economía del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Edwin Irizarry Mora, refiriéndose a la propuesta de eliminación de la Ley 80, depuso: “Estos argumentos surgen de una visión neoliberal que ha pretendido implantar soluciones mágicas a problemas sociales muy complejos. El éxito de estas medidas es siempre cuestionable por el hecho de carecer del rigor metodológico y de la validez científica requerida. Es preciso destacar sobre lo anterior que las leyes laborales no son incentivos para la creación de empleos, ni pretenden crear más o menos empleos, pues no son diseñadas para esos fines. Las leyes laborales actúan para organizar las relaciones humanas entre el patrono (empleador) y el empleado, pues se entiende que el primero tiene el poder económico y el segundo carece del mismo. Son leyes para promover la equidad dentro de la asimetría de estas relaciones de poder. Este balance de pacto social no debe ser alterado por argumentos fallidos que carecen de validez lógica y empírica. Por eso es que ningún funcionario de la Junta de Control Fiscal puede con certeza razonable y por medio de un ejercicio matemático o econométrico, aseverar cuántos empleos crearía una estrategia como esta, asociada a la eliminación de los derechos laborales. En síntesis, la visión neoliberal ha estado dirigida a tratar al valor del trabajo como si fuese una mercancía más, cuando de lo que se trata es de las relaciones humanas, que constituyen la médula de la sociedad y, particularmente, del mercado laboral”.
Si unimos la derogación de la Ley 80 a las enmiendas aprobadas el pasado año por la Legislatura en la reforma laboral de 2017, se forma la “tormenta perfecta” contra la clase trabajadora de la empresa privada, que será el equivalente al Huracán María del derecho laboral.
Desde el PIP, y en mi caso desde la Legislatura, continuaremos haciéndole frente a los caprichos del ente colonial y denunciando al gobierno, que más allá de “sacar pecho”, se presta para consentir y colaborar con los verdugos de nuestro Pueblo.
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