Impunidad, enésima parte

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Las hijas de la actual gobernadora Wanda Vázquez tienen puestos de “confianza” en el gobierno, con buenos salarios. Una de ellas, abogada de profesión, recibió el contrato y comenzó a ganar su buen sueldo antes de ser “licenciada”. Una vez la noticia se divulgó, la gobernadora dijo que sus hijas tenían sus puestazos desde antes de ella llegar a la Fortaleza, cuando todavía era Secretaria de Justicia a cargo, entre otras cosas, de combatir la corrupción pública. Una vez ella hizo su “aclaración” ahí quedó todo, como si el nepotismo quedara subsanado al cambiar de oficina. Nadie investiga ni investigará y las jóvenes agraciadas seguirán cobrando del tesoro público, al menos mientras su madre siga como gobernadora.

El hijo de Zoé Laboy, antes senadora y ahora secretaria de la Gobernación, ha tenido varios contratos con el gobierno que le han dejado más de cien mil dólares y ahora mismo disfruta de uno de ellos. Uno de sus contratos fue con la Legislatura cuando su madre era senadora. La secretaria “aclaró” que ella no intervino en los contratos ni siquiera en el de la Legislatura, que eso lo gestionó el joven solo quien, a parte de llamarse Delfos, como el lugar del oráculo, no se distingue por nada más. Con esa “aclaración” terminó el asunto, nadie investiga ni investigará y el joven agraciado seguirá cobrando mientras su madre está en Fortaleza como antes cobró mientras fue senadora.

El superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz, pero cuyo nombre político es “Jeroncito”, sólo se distingue por haber sido candidato derrotado a alcalde del municipio de Quebradillas. Todo indica que, en cuanto a lo financiero, la derrota le vino bien. Después de las elecciones se instaló en el Capitolio una vez éste advino al mando su buen amigo Thomas Rivera Schatz con quien comparte pasión por los caballos de paso fino además de “ideal” de estadidad. Se sabe que ha contratado empresas de familiares para trabajos en los edificios legislativos y que, además, beneficia a corporaciones registradas a la carrera en Puerto Rico por ciudadanos dominicanos, quienes las manejan por control remoto desde la República. También existe información de que, además de dirigir las operaciones del Capitolio, Jeroncito reparte contratos en el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Calidad Ambiental. A este personaje supuestamente lo está investigando el FBI cuyos directivos filtraron la información a la prensa, pero mientras tanto sigue tranquilamente en su puesto capitolino cobrando y repartiendo contratos. El presidente de Cámara, el único de los jefes que ha dado cara, dijo que las empresas contratadas lo estaban desde antes, según “aclaró” el propio Jeroncito. Ahí quedó todo.

Ricardo Llerandi, exsecretario de la Gobernación, fue grabado hace algunos meses arengando a secretarios y ejecutivos del gobierno para que se lanzaran a buscar dinero para la campaña política de reelección de Ricardo Rosselló. La pasada semana se divulgó otra grabación todavía más gráfica. Además de que la politiquería en el gobierno ha quedado expuesta con mucha claridad, de las grabaciones se desprenden varias violaciones a estatutos penales. Han pasado meses desde la primera grabación y Llerandi se mantuvo en el cargo hasta el otro día cuando renunció por otras razones. Sobre la necesaria investigación criminal nadie habla.

Sobre la presidenta de la Junta que reglamenta las telecomunicaciones, Sandra Torres, existe una declaración jurada que indica que instruyó a sus subalternos a exigirle donativos políticos a los ejecutivos de las empresas que la Junta supervisa. Ahí está retratado un claro delito de extorsión, además de un uso burdo del aparato gubernamental para gestiones políticas. Ella corrió a negar la denuncia que contiene la declaración jurada, pero el asunto se puede esclarecer con mucha facilidad porque la orden de Torres se dirigió a varias personas y porque debe haber algún récord electrónico o en papel. Claro está, ese esclarecimiento se produciría si alguien investigara y esa función le correspondería al Departamento de Justicia que antes dirigió Wanda Vázquez, la que desde allí les buscó trabajo a sus hijas. A juzgar por la experiencia el DJ nada hará. Ese mismo Departamento está “investigando” desde hace meses los delitos del chat de Telegram y todavía no ha sido capaz de intervenir el teléfono de Elías Sánchez, uno de los jefes de aquella operación delictiva.

Hace varias semanas desde la Fortaleza hicieron un referido al Departamento de Justicia sobre actuaciones del secretario de Agricultura, Carlos Flores. Cuando algún asunto se refiere a ese Departamento es porque existe alguna información confiable que sugiere la comisión de un delito. En esta ocasión, luego del referido no se tomó ninguna medida cautelar que proteja el interés y los fondos públicos. El Sr. Flores sigue en su cargo tomando las mismas decisiones que siempre ha tomado a pesar de la sospecha que sus jefes de Fortaleza tienen en su contra.

Lo anterior solo resume 6 instancias de claros actos de corrupción o de, al menos, indicios de ella, donde la impunidad ha sido la norma. La lista es bien larga y en otros artículos hemos repetido la misma denuncia. Ahora se habla de los hijos e hijas de Vázquez y Laboy y antes se hablaba del “talentoso” hijo de Raúl Maldonado. Ahora se habla de corporaciones fantasmas contratadas desde el Capitolio y antes se expuso con mucho detalle el pequeño ejército de políticos derrotados que tiene Rivera Schatz bajo contrato para que hagan trabajo político en barrios y pueblos. Entre esos individuos contratados para hacer trabajo politiquero pagado con fondos públicos está varios hijos de, esposos y esposas de, cónyuges, sobrinos y tíos. Después de las denuncias todos siguen en sus puestos y cobrando del menguado presupuesto público.

Esta es la enésima denuncia. Faltan más.