CLARIDAD
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Si bien la comunidad Goyito Muñiz, en Aguada se mantiene en el ojo público, acechada por la presencia de la Policía, incluyendo a la Fuerza de Choque, por su decidida lucha en contra de la instalación de una antena de comunicaciones en sus predios, en la isla hay otras 16 comunidades que enfrentan la misma amenaza. En su momento hubo 35 comunidades organizadas combatiendo estas edificaciones.
En entrevista con portavoces de otras comunidades y el presidente del Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas (FCCPA) se revela que las experiencias son similares, una total falta de participación de las comunidades en el proceso decisional, un proceso arbitrario a favor de las compañías y el uso consistente de la fuerza policiaca contra las comunidades.
En el centro comunal de la Urbanización las Margaritas, en Salinas, Claridad conversó con Rafael Agosto Santiago, Gloria Esther Velázquez y Miriam Velázquez Velázquez, todos del pueblo de Las Piedras, Joel Ramos y Wanda Janet Ríos Colorado, de Salinas y Wilson Rivera, portavoz del Frente.
“Hace dos años que empezaron a poner la antena, nunca nos avisaron, nunca hubo vista y está casi en el patio de la casa de nosotros”, describió Agosto Santiago.
Miriam Velázquez Velázquez, portavoz de las comunidades del sector Montones, de Las Piedras, (entre ellas Barrio Montones I, Estancias Predentinas, Sector Cinco Cuerdas, Urbanización Los Artesanos, Mansiones de San Cristóbal, Artesanos dos y Sector los Marquez), reafirmó que llevan una lucha hace dos años con la compañía QMC.
“De la noche a la mañana instalaron unas torres de comunicaciones sin haber hecho vistas públicas, sin avisar a los residentes, cuando nos enteramos ellos tenían unos supuestos permisos, el terreno fue arrendado por un vecino a la compañía y de la noche a la mañana la compañía vino a empezar a instalar la torre”. Añadió que se movieron a diferentes agencias, le escribieron a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP), presentaron una querella ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ninguna de las agencias les contestó. Acudieron a la Asamblea Municipal, la cual aprobó una resolución oponiéndose a la instalación, incluso el alcalde se ha expresado en contra. “La antena está sumamente cercana a nuestras residencias y entendemos que en estos momentos no es el lugar propicio para esa antena”, añadió, quien reside en Las Predentinas, junto a su esposo Agosto Santiago.
Describió que el lugar donde se pretende colocar la antena es un hoyo que lo cruza una quebrada además de que en el sector se supone que se va a construir la represa del río Valenciano. El área rural es una protegida debido a la presencia de la boa puertorriqueña, el coquí bajón y el sapo concho.
“Puerto Rico ya está forrado de antenas porque esto representa un negocio lucrativo para algunas personas, aunque para otros le afecte la salud”, denunció.
Los residentes han manifestado su malestar frente al Capitolio, la Junta de Planificación (JP), frente a la instalación a donde ha llegado la Policía. “En una la Policía nos cogió como bolsa de papas y nos tiró para el lado nos sacaron a la brava porque entienden que ellos tienen derecho, hemos soportado palabras soeces del vecino, ¡qué no hemos hecho nosotros!, en un momento dado vino la Fuerza de Choque, la Policía, y los camioneros frente a nosotros porque querían sacarnos y habíamos tres personas piqueteando”.
Aunque de momento la construcción está detenida, denunciaron que QMC alega tener un nuevo permiso para levantar una torre de 180 pies, más otros 200 para la instalación de la llamada tecnología de 5G.
Mientras la experiencia de la comunidad Las Margaritas en Salinas es una similar. Wanda Janet Ríos Colorado, narró que desde el 2015 también llevan una lucha contra la instalación de una antena en la entrada de la comunidad en unos terrenos pertenecientes a una iglesia protestante. Un buen día vieron un letrero frente a la iglesia y ese mismo día comenzaron a ver la entrada de las máquinas a cavar el hoyo.
La líder comunitaria narró el camino que han seguido en su lucha. De inmediato dijo que se movieron a buscar información en las diversas agencias y se enteraron que desde el 2013 la empresa estaba buscando los permisos. Solicitaron intervención en el proceso a la OGP. “Es negativo eso de que ‘todo el mundo tiene acceso a información’, ya que si no se es interventor, la OGP no da ninguna información y aun así también es un lío para que la agencia la provea”.
La espera por que le aprueben ser interventores puede tardar un año, pero la construcción sigue adelante. Según la OGP cuando el contratista va a comenzar un proyecto desde ese día se le pide una evaluación ambiental. En esa primera etapa se supone que el constructor coloque el anuncio que diga que se están pidiendo los estudios ambientales. “Eso nadie lo hace y durante ese tiempo ya el constructor lleva dos años al frente de la comunidad”, denunció Ríos Colorado. Los vecinos de Las Piedras confirmaron que esa fue también su experiencia.
El grupo cuestionó cómo ese proceso pueda ser de un día para otro cuando se supone que haya otras agencias además de OGP, interviniendo en el proceso, como el DRNA, la JP, la Oficina de Preservación Histórica. Ríos Colorado observó que la norma de la JP es que suele hacer unas meras recomendaciones a la Evaluación Ambiental. “Todo eso lo hacen a espaldas de nosotros, nadie se entera”. El proceso es tan falto de transparencia que dijo que no fue hasta el mismo día en que se iba a celebrar una vista en OGP que a la comunidad le llegó la contestación a la solicitud de intervención.
La comunidad Las Margaritas construida en los 1970’s se encuentra en una zona inundable. CLARIDAD pudo ver que la torre construida está en medio de un terreno que al norte es bordeado por escorrentías que se recogen en un drenaje que las llevan por un canal para desembocar en el río Niguas.
“Cuando ese río viene no viene con aguas claritas siempre viene lleno de fango y árboles, se va a desviar el agua hacia el área de la torre y las casas”, expresó con preocupación Ríos Colorado, quien en incontables ocasiones en su hogar ha sufrido las inundaciones provocadas por el río.
Un aspecto que trajo a la atención en el caso de Salinas fue que el proyecto se anunció en un periódico y aparecía como que estaba en el barrio Aguirre, lo cual no es correcto y solo tenía el número de catastro. “¿Quién se sabe su número de catastro? Han buscado la manera de como tergiversar las regulaciones”, exclamó en tono de indignación.
La dueña de la antena en Salinas es la compañía Novatel, la misma dueña de la antena de Aguada. Los líderes comunitarios denunciaron que esta compañía, dirigida por Manuel Avilés Avilés, es la que más abusos ha cometido contra las comunidades.
Indiferencia del gobierno federal
No fue hasta que la comunidad Las Margaritas se enfrentó a la construcción de la antena de comunicaciones de Novatel, que la Agencia Federal de Comunicaciones (FCC, siglas en inglés), prestó atención a estas construcciones en la isla, a raíz de una querella presentada por la comunidad.
Ríos Colorado, contó que se puso a investigar en el ámbito federal debido al argumento del gobierno de Puerto Rico de que la construcción de antenas de telecomunicaciones es campo ocupado por lo que los estados y territorios no pueden legislar. De hecho, así está contenido en la Ley 89 del 2000 que es la que regula la instalación de las antenas en la isla.
No obstante Ríos Colorado pudo comprobar que la FCC considera que una torre de comunicaciones está sujeta al National Environmental Policy Act (NEPA). Esto requiere que antes de que la compañía pida un permiso al gobierno estatal, la anote en el registro nacional que tiene la FCC, el público tiene 30 días para solicitar que se haga una evaluación ambiental o solicitar que no se apruebe.
Para cumplir con NEPA la FCC tiene un reglamento a seguir que lo primero que tiene es un cuestionario de 10 preguntas que el proponente tiene que contestar. Si una de las contestaciones es afirmativa de manera automática el proyecto requiere de una evaluación ambiental realizada por una persona especializada en el área a evaluar. Entre los aspectos que se evalúan es si la instalación puede afectar animales en peligro de extinción, lugares que figuren en el listado de conservación histórica, si la remoción de terreno afecta de manera significativa áreas inundables, fuentes de agua, si implica deforestación, hasta si implica una alta radiación a áreas residenciales.
“Aquí lo que vemos es que el mismo agrimensor o ingeniero que toma las medidas y es el que hace el estudio ambiental. En la ley federal los proyectos de antenas se supone que no son ministeriales, sino que son discrecionales. Por alguna razón ellos han hecho como les da la gana y dicen que el proyecto es uno ministerial. Aquí no hay vistas públicas y esa es una de las cosas que estamos reclamando”.
Incluso Ríos Colorado contó que cuando comenzó a indagar y se comunicó con la FCC la misma agencia le dijo que la ley no aplicaba a Puerto Rico. Luego de su llamada requiriendo información y presentar una querella, la FCC hizo un comunicado dirigido a las compañías en el cual les instruía que si iban a construir una torre de comunicaciones tenían que asegurarse de cumplir con la NEPA.
La gestión de la líder comunitaria incluyó el caso de una construcción de otra torre en Guánica, en donde se removió terreno y se logró que les revocaron el permiso. Otra irregularidad que encontró en su investigación fue que antes de su querella en la FCC el Servicio de Agua y Vida Silvestre (FWS, siglas en inglés) en Puerto Rico tenía una carta proforma que llenaban cuando se presentaba un proyecto que decía que este no tenía impacto ambiental. A raíz de esto la FCC le cursó una comunicación a las agencias federales en la isla en la que les instruye que en adelante cada vez que alguien solicitara un permiso se le hiciera cumplir con la NEPA.
Aun cuando tanto el gobierno de Puerto Rico como el de Estados Unidos parecen ignorarlo, cientos de investigaciones a nivel internacional han advertido de los daños a la salud que representan las antenas de la llamada tecnología 5G. Es para esta tecnología las torres que se están levantando en la isla. Wilson Rivera, portavoz del Frente comentó que tanto la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud (AESS) han advertido sobre los daños a la salud de esta tecnología. Incluso en un país como Brasil -comentó- la instalación de estas antenas está paralizada. En el 2017 un grupo de 1,800 científicos y médicos de 36 países emitieron una declaración en la que advertían de los daños a la salud y al medioambiente de esta tecnología. Entre los efectos a la salud están el cáncer, tumores en el cerebro, afecta el conteo de espermatozoides, el aprendizaje y la memoria.
La líder comunitaria de Las Margaritas señaló que la FCC se basa en investigaciones que datan del 1996 y que tan reciente como el pasado 25 de enero de este año 14 peticionarios en Estados Unidos demandaron a la FCC para que diga los resultados de las últimas investigaciones. “La FCC está escondiendo la información, vamos a terminar como con los cigarrillos que después de años dijeron ‘¡Oh es verdad hacían daño’”.
