El gobernador, Pedro Pierluisi, tenía hasta este martes, ocho de junio, para decidir si protege o no las pensiones de miles de jubilados y jubiladas del Gobierno de Puerto Rico o si condena a estos a la pobreza. Desde el fin de semana, miembros el Capítulo de Jubiladas y Jubilados de la Federación de Maestros (FMPR), del Frente en Defensa de las Pensiones (FDP) y del grupo Construyamos otro Acuerdo (COA) se mantenían en un campamento frente a los portones de La Fortaleza para demandar que el gobernador firme el proyecto PC 120, Ley por un Retiro Digno.
El portavoz del capítulo de jubilados de la FMPR, Pedro Pastrana Ortiz, indicó en entrevista que ya les habían confirmado que la medida estaba en manos del gobernador y que el plazo para su firma era hasta el 8 de junio. De este no firmarlo, están preparados para procurar que la Asamblea Legislativa pase por encima del veto del gobernador y apruebe la medida. Los jubilados recurrieron a la manifestación tras varios intentos por conversar con el gobernador. Incluso le habían enviado una carta cuando asumió la gobernación, el 10 de enero, y nunca recibieron contestación.
La presión de las y los jubilados responde al historial del proyecto. Armando Montero González, portavoz del Frente, y presente en el campamento, recordó que el proyecto se había aprobado en el cuatrienio pasado, pero fue bloqueado por el entonces presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Tampoco fui incluido en las dos sesiones extraordinarias convocadas por la entonces gobernadora, Wanda Vázquez. Además, durante la campaña política, tanto Pierluisi como Charlie Delgado (el candidato del Partido Popular Democrático) se negaron a comprometerse a firmar la medida.
Por su parte, Pastrana Ortiz también recordó que tanto el Frente en Defensa de las Pensiones y Construyamos otro Acuerdo se organizaron, cuando quien se supone que sea el representante de los y las jubilados ante la Junta de Control Fiscal (JCF) es el Comité Oficial de Retirados (COR). Por el contrario, este se fue de parte de la Junta y aceptó de manera unilateral un recorte de 8.5 % a las pensiones
El proyecto de Ley de Retiro Digno propone, entre otros aspectos, unir los actuales tres sistemas —el de maestros, judicatura y gobierno central— en uno solo, crear un fideicomiso para manejar las pensiones y revertir el modelo de PayGo a un modelo de beneficios definidos. Al presente, los jubilados gubernamentales son cerca de 167 mil. Desde el 2006, el Gobierno no ha aporta dinero al fondo de pensiones. Montero Santiago reconoció que la corrupción y la mala administración por parte del Gobierno es lo que ha llevado al sistema de retiro a la quiebra.
