Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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El rechazo de la jueza Laura Taylor Swain al acuerdo llegado por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) confirma las denuncias de varios sectores de la sociedad de que dicho acuerdo no es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico.
En la audiencia de la semana pasada, la juez sorprendió a la JCF al determinar que el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA en inglés) con los bonistas de la AEE carecía de suficiente información para ser avalado por el Título II de la Ley Promesa.
“Las conclusiones son bastante parecidas, se negoció en cuartos oscuros, con poca transparencia; no hay ningún análisis económico que justifique el acuerdo”, señaló a CLARIDAD el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (NE) Sergio Marxuach. Añadió y reiteró que el acuerdo alcanzado por la JCF es demasiado generoso con los bonistas y que el recorte que se le ha hecho a la deuda es muy bajito para que la AEE pueda seguir operando sin tener que volver a renegociar su deuda.
Aunque Marxuach aclaró que la determinación no implica necesariamente que la Junta tendrá que regresar a la mesa de negociación para satisfacer a la jueza, mencionó que esta sí les pidió que le llevaran más evidencia, un análisis macro económico de cómo se afectan los clientes y cómo afecta el futuro de la AEE como entidad. “Yo creo que ellos —se refiere a los representantes de la JCF y el Gobierno— esperaban que esto fuera aprobado bien rápido y se toparon con una juez que les señaló que aquí hay unas preguntas serias que no se han contestado. Por lo menos, ese primer paso lo van a tener que hacer”.
El economista reiteró que el acuerdo de reestructuración hasta va en contra de la política pública de fomentar la energía renovable e ir separándonos de los combustibles fósiles. A juicio de Marxuach, es interesante la determinación de Taylor, porque da a entender que la jueza no es un sello de goma como mucha gente cree. “Me estuvo interesante por lo menos dos de los señalamientos que hicimos: la falta de transparencia y de un análisis económico que sustentara de dónde salen los números y cómo se llega al cálculo de la reducción en la deuda. Creo que ellos esperaban que esto fuera aprobado bien rápido”.
Sobre la manera en que los expertos y los miembros de la Junta presentaron el acuerdo, considera que esto da una idea de cómo ellos están mirando el proceso. Aparentemente, contaban con que iban a poder controlar el proceso en la corte y tal vez la solicitud de tiempo indica que mucha de la información no la tienen disponible y que, si la tienen, no está de manera presentable.
En tanto, el licenciado Manuel Rodríguez Banch, portavoz de SOMOS, organización que junto a la UTIER solicitó intervención en el caso para impugnar el acuerdo, expresó: “El hecho de que la juez haya pedido más información y que presenten una propuesta más completa confirma las denuncias de que el acuerdo no es conveniente y que por la poca información que tiene demuestra que beneficia a los acreedores”. Comparó que contrario a los otros acuerdos negociados por la JCF, que no han sido rechazados por la juez Taylor, en este caso sí lo fue por su impacto en todos los clientes, que son en la práctica todos los sectores de la población.
Se supone que antes del 24 de julio la juez tome una determinación de si acepta o no la petición de intervención. De ser en la afirmativa, ese día, el perito de ambas organizaciones, el economista José Alameda presentaría su estudio respecto al acuerdo.
Por su parte, la ingeniera Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO, otra organización que también ha cuestionado el acuerdo declaró: “Las expresiones contundentes de la jueza Laura Taylor Swain sobre la falta de transparencia e información por parte del Gobierno y de la Junta de Supervisión Fiscal en relación al acuerdo con bonistas de la AEE confirman nuestros señalamientos de que no se le ha presentado al país la información que sustente ni la viabilidad y beneficio de este acuerdo, ni otras decisiones críticas sobre la corporación”.
Agregó que la AEE tampoco ha presentado los estudios subyacentes y la información que pruebe que la privatización redundará en un costo menor ni en mejor servicio y que dirigirá la transformación energética a alcanzar, en un futuro cercano, la generación total a base de energía renovable; sino todo lo contrario.
Trajo a la atención además que el viernes 14 de junio se cumplía el plazo establecido en el Tribunal de Primera Instancia para que la AEE le proveyera información sobre la privatización y datos del sistema energético a CAMBIO y recalcó que la determinación de la jueza de frenar la aprobación del acuerdo respalda los análisis y los reclamos que muchos sectores del país han presentado sobre las consecuencias nefastas que tendría dicho acuerdo.
